Por Róger Cortés Hurtado
El que ha empezado a jugarse a partir del pasado lunes 15 de agosto es un encuentro de los mayores, en el que se allanarán o anudarán algunos de los asuntos más importantes de la “revolución cultural y democrática”. La partida de la octava marcha indígena, desde el mismo punto y con idéntico itinerario que la primera, hacen ya 21 años, confronta al Órgano Ejecutivo y al Movimiento Al Socialismo con sus raíces y su sentido de ser y de allí que siendo la última, tenga también un carácter inaugural.
Un parlamentario oficialista ha dicho que “la relación entre el Gobierno y los indígenas es indisoluble”, mientras que el irrevocable (?) veredicto del Jefe de Estado ha sentenciado que la carretera atravesará el TIPNIS “quieran o no quieran”. Es la voz de una voluntad decidida a imponerse - sobre los que marchan, sobre todos quienes objetan que el camino parta el Parque- y ésa no reconoce a la alianza con los indígenas mayor importancia y más bien parece considerarla un estorbo.
Subrayo la idea de que la mejor manera de buscar un acuerdo con el movimiento indígena es que el Gobierno explique amplia y pormenorizadamente las razones que lo llevan a considerar esa ruta como una prioridad absoluta, más importante y urgente que, por ejemplo, el corredor de Guayaramerín a Tambo Quemado.
O, apelando a la lógica pragmática en la que está cada vez más sumergido, que haga conocer las ventajas económicas que la carretera por el TIPNIS tendría, comparadas con el potencial y beneficio global que significa mantener las reservas de agua, biomasa y biodiversidad que contiene el bosque. Esos recursos cada vez más escasos a escala mundial tienen un valor muchísimo mayor para el desarrollo del país que aquellos de carácter comercial a los que se ha estado refiriendo y sacrificarlos refleja serias limitaciones de evaluación estratégica.
La apertura de esa carretera tiende afectar no sólo a ese bosque en particular, sino a otros como el del Chore y la reserva del Amboró, que ya sufren un tremendo asedio que se redoblará porque este antecedente será interpretado por quienes ejercen una permanente presión sobre las reservas naturales como un levantamiento oficial de las tenues fronteras que todavía las protegen.
Ante la ausencia de explicaciones proliferan las conjeturas sobre cuáles son los motivos de una obstinación tan intensa que llevan a dinamitar la alianza con los indígenas, a generar un sentimiento de rechazo que se expande rápidamente a otras capas y a evaporar algunos de sus mayores éxitos internacionales. De todas, la que tiene más sentido y peso es que el Gobierno se está comprometiendo rápidamente con la defensa de sectores campesinos exitosos en sentido empresarial y en particular con núcleos pequeños, pero muy activos, que demandan tierras, no para cultivarlas sino para comercializarlas: alquilándolas o vendiéndolas, ante la explosiva expansión del mercado de tierras.
La dificultad oficial para explicar su intransigencia, violando la Constitución y las leyes que lo obligan a realizar una consulta previa (no simultánea, ni ulterior) al inicio de los trabajos, puede deberse a una escasa conciencia de la mutación interna de fuerzas en su seno y también está condicionada por la extendida creencia entre varios altos funcionarios de que esa carretera tendría un alto valor geopolítico. Se asume que esa condición, que consiste en supuestamente limitar o neutralizar a la oligarquía cruceña, le confiere un carácter confidencial o reservado.
La octava marcha pone en primer plano todos los aspectos del debate y presiona en pos de un acuerdo que involucra a cada vez más actores. De esa manera, la defensa de la aplicación de las leyes y los derechos indígenas se amplía a una creciente demanda de que se adopten medidas inmediatas para garantizar el cuidado de nuestros bosques y para que las reservas naturales sean rigurosamente respetadas, revirtiendo las invasiones en todas ellas como cuestión de interés general y estratégico.
El autor es profesor universitario
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