Amagan empresas de EU ecología de 12 naciones. Negociaciones soslayan protección a recursos naturales

Periódico La Jornada

Angélica Enciso y Tania Molina

 

El borrador del capítulo ambiental del Acuerdo Transpacífico (ATP) no define medidas estrictas para la protección de los recursos naturales, deja de lado acciones contra el cambio climático, establece un comercio de recursos genéticos de la diversidad biológica y pretende que no se utilice el medio ambiente como barrera comercial, según el más reciente texto de la negociación correspondiente, la cual se efectúa en secreto entre 12 países, entre ellos México, desde marzo de 2010.

Por lo que se desprende del documento (wikileaks.org/tpp-enviro), entregado por Wikileaks a tres medios, entre ellos a La Jornada en exclusiva para el mundo de habla española, el ATP dejaría a los gobiernos integrantes las decisiones en materia ambiental, de acuerdo con sus leyes nacionales y los acuerdos internacionales que han suscrito, sin definir estándares específicos para la protección ambiental. Ello contrasta con los estrictos mecanismos fijados en el capítulo de propiedad intelectual, en los cuales se establece un panel internacional para dirimir las disputas, cuyas decisiones deberán ser acatadas por las partes del acuerdo, aun si contravienen sus legislaciones locales.

Amistoso endulzante

Julian Assange, fundador de Wikileaks, opinó sobre el documento: Se esperaba que el capítulo ambiental del ATP fuera un amistoso endulzante público que compensaría lo amargo del resto del texto, pero es un ejercicio de relaciones públicas sin dientes. No hay protecciones ambientales obligatorias. Al compararlo con el capítulo de propiedad intelectual, que mandata sanciones penales y otras intervenciones, queda claro que las mayores empresas estadunidenses continúan mandando en la negociación del ATP.

El documento confirma que para Estados Unidos la biodiversidad y el cambio climático –que forman parte del acuerdo– no son temas prioritarios. El antecedente de la posición estadunidense es su negativa a suscribir el Convenio de Diversidad Biológica y a ratificar el Protocolo de Kyoto. Este último incluía compromisos para la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero.

Los países que negocian el ATP son: México, Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, los cuales generan 35 por ciento de la producción mundial. El gobierno mexicano se incorporó a la negociación durante la última etapa del gobierno de Felipe Calderón.

Este capítulo es resultado de las negociaciones que los representantes de esas naciones llevaron a cabo en Salt Lake City, Utah, en noviembre pasado. Después de esa ronda se efectuó otra reunión en diciembre, en Singapur, sin que se reportaran avances significativos. Corea del Sur ha mostrado interés por unirse al ATP y sostuvo pláticas preliminares con algunos de los países participantes, reportó The Wall Street Journal (http://on.wsj.com/1j31vZq).

“El informe de avances (http://bit.ly/1a5f2gn) detalla que el borrador del texto consolidado muestra que las partes ya alcanzaron acuerdos en muchos puntos, pero que se necesita más para arribar a un texto final”, señala Wikileaks. Las principales áreas en disputa incluyen el papel de ese convenio respecto de otros acuerdos ambientales multilaterales y el proceso de resolución de disputas.

Entre los objetivos que el capítulo ambiental se plantea está la promoción del comercio solidario y políticas ambientales con altos niveles de protección, así como el cumplimiento efectivo de las leyes, pero deja a cada país estas medidas de acuerdo con lo que fijan las legislaciones nacionales, aunque precisa: Las partes reconocen que es inapropiado determinar o utilizar sus leyes ambientales y otras medidas a manera de restricción encubierta de comercio o inversión entre las partes. Éstas, agrega, reconocen la soberanía de cada país para establecer sus niveles de protección ambiental y prioridades, así como para definir, adoptar o modificar sus legislaciones y políticas.

El capítulo SS.9 plantea mecanismos voluntarios para mejorar el desempeño ambiental y propone determinar incentivos basados en el mercado y el intercambio de información. Afirma: Las asociaciones público-privadas pueden contribuir al logro y mantenimiento de altos niveles de protección ambiental, complementado con medidas regulatorias nacionales. Agrega que las partes reconocen que esos mecanismos podrían ser diseñados para maximizar los beneficios ambientales y evitar las innecesarias barreras comerciales. Así, de acuerdo con la legislación interna, cada nación fomentará los mecanismos voluntarios para la protección de los recursos naturales y ambientales en su territorio.

Este apartado consta de 18 artículos. De los múltiples temas ambientales, sólo se abordan biodiversidad, cambio climático, el Protocolo de Montreal, especies invasoras, pesquerías y conservación y comercio. Se soslayan rubros como la contaminación ocasionada por las empresas mineras, el comercio de residuos peligrosos y el uso del agua.

En el ATP (también conocido como TPP, por sus siglas en inglés) están incluidos México y Perú, dos de los países con mayor biodiversidad del planeta, tema al que el acuerdo dedica el artículo 13. Indica que las partes están interesadas en fomentar la conservación y sustentabilidad de la diversidad biológica y compartir de manera justa y equitativa los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, participación que debe ser en condiciones mutuamente acordadas.

Señala que las naciones se comprometen a mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de indígenas y comunidades locales que sean relevantes para la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, así como a fomentar la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de su conocimiento, innovaciones y prácticas.

Hay que recordar que en México, a finales de la década de los 90, se establecieron convenios de bioprospección –búsqueda de organismos en la naturaleza que pueden tener valor comercial–, como el de la Universidad Nacional Autónoma de México y la empresa Diversa, con la cual, en territorio nacional, se recolectarían plantas, de las cuales se extraía su ADN para fines comerciales. Otro fue el de ICBG-Maya (Investigación Farmacéutica y Uso Sustentable del Conocimiento Etnobotánico y la biodiversidad en la región maya de los Altos de Chiapas) entre la empresa Molecular Nature, con sede en Gales, y el Colegio de la Frontera Sur; con éste se buscó encontrar fármacos en hongos y plantas. Ambos acuerdos fueron cuestionados por organizaciones y ambientalistas, porque no tomaron en cuenta a las comunidades locales.

Sobre el tema, el capítulo ambiental indica que los países reconocen que el acceso a los recursos genéticos, cuando se conceda, debe ser sometido al consentimiento previo informado de la parte que provee los recursos, a menos que de otro modo lo determine la parte. También estipula que se admite la importancia de la consulta y participación pública que establezcan las leyes y políticas nacionales en materia de conservación y sustentabilidad de la diversidad biológica.

Abunda que las partes se comprometen a fortalecer los esfuerzos de cooperación en áreas de interés mutuo relacionado con la diversidad biológica. La cooperación puede incluir la conservación y sustentabilidad de la diversidad biológica, la protección y mantenimiento de los ecosistemas y los servicios que proveen, y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, incluido un acceso adecuado a ellos.
En el artículo SS.15, dedicado a comercio y cambio climático, los negociadores reconocen que es un problema global que requiere acciones colectivas. Expresan la importancia de implementar las acciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Pesquerías

Otro tema es el de las pesquerías, en el que se da por hecho un manejo inadecuado y se advierte que los subsidios contribuyen a la sobrepesca y a rebasar la capacidad de captura, así como a la actividad ilegal, por lo cual se propone su eliminación. Cada nación procurará determinar un sistema que regule la pesquería, evitar la sobrepesca y permitir la recuperación de especies. Este sistema deberá basarse en las prácticas internacionales reconocidas para el manejo pesquero.

El sistema de manejo fijado por cada país estará basado en las mejores evidencias científicas disponibles para promover la conservación de tortugas y mamíferos marinos, con la puesta en práctica efectiva de medidas para la conservación.

En el apartado de bienes ambientales y servicios se reconoce la importancia del comercio y la inversión en estos rubros como medio para mejorar el rendimiento económico y hacer frente a los desafíos ambientales internacionales.

Con la entrada en vigor de este acuerdo cada parte, de acuerdo con su legislación, eliminará todos los derechos aduaneros en una amplia gama de bienes ambientales. Además, los gobiernos firmantes se esforzarán por hacer frente a las barreras potenciales al comercio que puedan ser identificadas por alguna de las partes.

El proyecto de acuerdo deja la puerta abierta a que se desarrollen proyectos de cooperación bilaterales o multilaterales en bienes y servicios ambientales para abordar el comercio mundial y los futuros desafíos ambientales.

El documento fue porporcionado a La Jornada, The New York Times (Estados Unidos) y Fairfax (Australia), así como al periodista neozelandés Nicky Hager.
Enlaces:
Los cables sobre México en WikiLeaks
Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks