El día 07 de Mayo del presente se llevó a cabo la Asamblea de Defensores de Medio Ambiente denunciados y criminalizados por participar en las protestas sociales contra el Proyecto minero Conga. La Dra. Mirtha Vásquez, secretaria ejecutiva de GRUFIDES, presentó la relación de personas denunciadas, los delitos que se les imputa, así como la situación en la que se encontrarían las investigaciones.
En
total
habrían
unas
94
personas
entre
autoridades,
lideres
sociales
y
ciudadanos, a
los
cuales
se
los
estaría
investigando
por
delitos
contra
de
la
vida
y
la
salud:
lesiones
leves
y
graves
(físicas
y
psicológicas
en
agravio
de
la
empresa
minera),
contra
el
patrimonio
(daños
y
usurpación),
delitos
de
perturbación
contra
los
medios
de
transporte,
violencia
y
resistencia
a
la
autoridad,
en
agravio
de
Minera
Yanacocha.
Vásquez,
mencionó
que
“hay
personas
que
tienen
entre
4
a
11
denuncias
cada
uno
interpuestas
en
las
fiscalías
de
Cajamarca,
Celendín
y
Bambamarca”.
Los
líderes
y
líderesas
son
denunciados
por
la
Empresa
Minera
Yanacocha,
y
el
estado
por
intemerdio
de
la
Procuraduría
del
Ministerio
del
Interior.
Además
las personas
denunciaron
la
existencia
de
una
serie
de
irregularidades
en
el
proceso
de
notificación,
“algunas
(notificaciones)
llegan
a
destiempo
y
otras
simplemente
no
llegan
o
llegan
a
domicilios
que
no
corresponden
a
los
notificados”,
manifestó Edy
León
Benavides,
presidente
del
Frente
de
Defensa
Ambiental
de
Bambamarca.
También
se
mencionó
que
el
Ministerio
Público
apertura
todas
las
denuncias
interpuestas
por
la
empresa
minera,
al
parecer
sin
una
previa
evaluación
dado
a que
no
existe
una
fundamentación
suficiente
que
establezca
el
nexo
entre
las
personas
que
se
investiga
y
lo
que
se
denuncia.
Este
escenario
es
una
clara
muestra
de
una
política
de
criminalización
de
la
protesta
social
que
consiste
en
llevar
los
conflictos
sociales
a
la
arena
judicial
denunciando
a
los
líderes
que
defienden
el
medio
ambiente,
escenario
que
se
torna
cada
vez
más
fuerte,
muestra
de
ello
es
la
aprobación
del
Congreso
(03
de
Mayo
2012)
de
una
nueva
ley
la
cual
regula
el
empleo
de
la
fuerza
letal
por
parte
de
la
Policía
Nacional
del
Perú
en
donde
se
les
excluye
de
toda
investigación
y
sanción
penal
en
caso
de
utilización
de
sus
armas
en
protestas
sociales.
Por
ello
los
integrantes
del
Comité
Unitario
de
Lucha
de
la
Región
Cajamarca,
rechazaron
esta
persecución
y
reafirman
su
posición
de
Resistencia
Pacífica
en
Defensa
de
la
Vida
y
la
Dignidad.
Observatorio de Conflictos
GRUFIDES
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