Pobladores del TIPNIS utilizan canoas para transportarse.
OAS es una empresa constructora de Brasil que funciona desde hace 36 años en ese país.
CONSULTA La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela Paco, señaló que a pesar de la anunciada anulación del contrato con la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, en los tramos I y III, el proceso de consulta en el Territorio Nacional Parque Isiboro Sécure se realizará porque es una obligación del Estado boliviano.
"La consulta es una obligación que el Estado está cumpliendo, así como de los ciudadanos y fundamentalmente de los sujetos a ser consultados para que se materialice y se cumpla este derecho porque la lucha de muchos años, no puede ir al vacío", argumentó.
La Ley de Consulta con los pueblos indígenas del TIPNIS definirá si ese parque nacional debe ser intangible y dirimir la construcción o no del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por esa región.
La norma busca también establecer las medidas de salvaguarda para la protección del TIPNIS, así como la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales dentro de la línea demarcadora.
DEFENSA El secretario general de la Gobernación de Cochabamba, Asterio Romero, aseguró ayer que ese ente regional velará por la continuidad del proyecto vial Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, pese a la inminente rescisión del contrato con la empresa OAS para la construcción de los tramos I y III.
Dijo que la próxima empresa que se adjudique ese proyecto "debe realizar un compromiso con el pueblo" y "cumplir con los cronogramas" establecidos en el contrato.
Romero consideró que OAS no solo perjudicó al Gobierno Nacional, sino fundamentalmente a la población que espera la ejecución rápida de proyectos de gran magnitud.
Agregó que la rescisión del contrato con la empresa OAS es una clara muestra de que el gobierno de Morales "nunca tuvo compromisos" o "algún negocio oculto" detrás de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Apuntes.
Crédito
La carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos tiene un presupuesto de 415 millones de dólares, la contraparte boliviana es de 83 millones de dólares mientras el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil tendría que financiar los restantes 332 millones de dólares.
OAS
La empresa constructora OAS, creada en Brasil en 1976, era la responsable de construir la carretera entre Beni a Cochabamba, pero el gobierno de Evo Morales decidió anular el contrato.
Avance
La empresa constructora trabajaba en 129 kilómetros de los 306 que tiene en total la carretera, entre los tramos I y III, según la Administradora Boliviana de Carreteras.
Consulta
En febrero de 2012 la marcha del Consejo de Indígenas del Sur (Conisur), consiguió la promulgación de la Ley 222, que autoriza la realización de la consulta previa, que determinará si se construye o no el tramo II por el medio del TIPNIS.
OAS incumple los plazos
Según el presidente Evo Morales, OAS suspendió "sin justificación ni autorización" los trabajos en los dos tramos de los extremos de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, que comenzó a construir en junio de 2011, y ha incumplido "varias obligaciones contractuales que afectan a las obras", entre otras supuestas irregularidades.
"Ayer (lunes) tuve una larga reunión del equipo que está a cargo y por eso ya hemos iniciado la anulación del contrato con OAS en estos dos tramos", dijo el Presidente a la prensa en La Paz.
Morales se quejó además de que esa empresa incumplió igualmente el compromiso de entregar en diciembre de 2010 otra carretera en el sureste del país, entre la ciudad colonial de Potosí y el salar de Uyuni, el lecho de un antiguo mar a unos 3.600 metros de altitud, que es una de las principales atracciones turísticas de Bolivia.
Según el mandatario, también está atrasada la carretera que va de Potosí a la región sureña de Tarija, fronteriza con Argentina y Paraguay, cuya entrega estaba prevista para diciembre pasado.
IX marcha prevista para el 25 de abril se ratifica pese al anuncio del presidente Evo Morales
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) informó que analizará hoy el anuncio que realizó el presidente Evo Morales, respecto a la anulación del contrato con la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Sin embargo, el presidente de esta organización, Adolfo Chávez, ratificó la realización de la IX marcha indígena prevista desde el 25 de abril desde Chaparina, Beni.
"Nosotros tenemos que tomarlo con mucha calma y el día de mañana (miércoles) nos reuniremos internamente para evaluar este caso, pero no está muy clara la intención del Presidente. La empresa OAS tiene varios contratos en el país y otra empresa podría atravesar el TIPNIS, no nos deja tranquilos", dijo Chávez.
Asimismo, el líder indígena fue enfático al señalar que no se ha emitido ninguna resolución desde la comisión nacional de la Cidob en sentido de suspender la marcha que "se mantiene firme".
Por su parte, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, aseguró que el Gobierno protegerá la marcha de indígenas del TIPNIS.
La movilización que se gesta desde el mismo Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure y es coordinada con la Cidob es cuestionada por el presidente Evo Morales que califica a la protesta de política y de no ser respetuosa de los derechos de los habitantes del TIPNIS.
En 2011, la Cidob organizó una marcha nacional que duró al menos dos meses. La protesta partió desde el Beni a mediados de agosto. El 25 de septiembre la movilización fue intervenida por un contingente antidisturbios con un saldo de varios marchistas heridos, niños desaparecidos e incluso mujeres embarazadas maltratadas.
El hecho generó descontento y le costó al gobierno de Morales la renuncia de dos ministros de su gabinete y un desgaste político.
El Gobierno llegó a una conciliación con OAS
El contrato es único y comprende los 306 kilómetros de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, por lo tanto la rescisión de contrato es para los tres tramos.
OAS, según información de la Administradora Boliviana de Carreteras, recibió 83 millones de dólares como anticipo por los trabajos que estaba realizando en los tramos I y III.
El Gobierno deberá entonces conciliar con la constructora este monto de anticipo con los trabajos realizados hasta la fecha de rescisión de contrato, tomando en cuenta las boletas de garantía que OAS entregó.
ALTERNATIVAS Se plantean dos escenarios. El primero que se mantenga el convenio del crédito con Brasil, que es de gobierno a gobierno, y que el Estado boliviano se haga cargo de la obra con la Empresa Boliviana de Construcciones y el Comando Militar de Ingeniería.
Por lo que nosotros sabemos, el crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de Brasil no exige como requisito que una empresa brasileña construya la carretera. Por eso el crédito es de libre disponibilidad del Estado boliviano.
El segundo escenario, con menos probabilidad, es que el Gobierno, al cancelar el contrato con OAS, pida a la ABC que elabore un nuevo proyecto, que puede incluir varias alternativas.
Pero esta alternativa implica más tiempo y la construcción tendría que postergarse para el 2013.
Como ingenieros eméritos sugerimos al Gobierno, al presidente Evo Morales, organice un centro de control de todos los proyectos de gran magnitud, donde hay grandes inversiones y debería estar dirigido desde el Palacio de Gobierno.
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