Natasha Pitts
A comienzos de esta semana, las manifestaciones contra el proyecto minero Conga, en el departamento de Cajamarca, Perú, volvieron a ocurrir con más intensidad. El Frente de Defensa Ambiental realizó desde el lunes manifestaciones públicas y una huelga regional. La realización de estas acciones, unida al hecho de que en breve será difundido el resultado de la pericia internacional sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, llevó al Gobierno a ordenar el desplazamiento de un gran contingente militar hacia las provincias de Bambamarca y Celendín, al norte de Cajamarca.
La iniciativa fue vista con preocupación por movimientos sociales y por la Iglesia Católica, que están pidiendo el retiro de las tropas militares del departamento. En nota a la opinión pública, la coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), constituida por 79 organizaciones, cuestionó el motivo por el cual se enviaron militares, los cuales están preparados para actuar en conflictos armados, y que no fue solicitada la intervención policial.
"Si bien se han presentado situaciones de conflicto social en la zona, consideramos que el despliegue de un contingente tan grande de personal militar lejos de garantizar los derechos de las personas lo que hará es incrementar la tensión y exacerbar la desconfianza de la población hacia el Estado y su rol de proteger a todos los ciudadanos sin discriminación”, señalaron desde la coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pidiendo el retiro de las tropas militares del departamento peruano.
La CNDH se apropió de las palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer que el control de la violencia producida en el contexto de una manifestación social debe ser competencia exclusiva de los órganos civiles oficiales y no de las fuerzas armadas. La participación de los militares en la resolución de conflictos civiles lleva el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos.
Preocupados por la tensión que se estableció en el departamento de Cajamarca, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñeiro, y el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, pidieron el restablecimiento del diálogo para prevenir actos de violencia y esperar la divulgación de la pericia del Estudio de Impacto Ambiental. Los líderes también pidieron la creación de "opciones de soluciones viables y justas”.
Proyecto Conga
El proyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha, tiene la intención de explotar oro y cobre en la provincia de Cajamarca. Para ello, además de utilizar espacio para abrir las minas también va a apropiarse de bienes naturales esenciales como el agua. El proyecto, cuando se ejecute, va a acabar con lagunas altandinas y afectar zonas húmedas y manantiales. Todos esos bienes naturales y ecosistemas son esenciales para la vida de la población, que está asustada y no se resigna a perder sus fuentes de abastecimiento de agua.
Este hecho, aliado al apoyo que está dando el Gobierno de Ollanta Humala, despertó indignación en la población cajamarquina, que culminó en manifestaciones que tienen lugar desde el año pasado. Marchas, cierre de caminos y huelgas generales ya fueron realizadas para llamar atención sobre la imposibilidad del proyecto minero.
Para analizar la viabilidad de Conga, se realizó un Estudio de Impacto Ambiental, pero la iniciativa, después de finalizada despertó todavía más la furia de la población, pues dio la señal verde para el comienzo de la explotación minera. Por reivindicación de los movimientos locales, el EIA fue realizado nuevamente por investigadores de España y de Portugal y su resultado será conocido en los próximos días.
Todo indica que la población cajamarquina sólo va a suspender las movilizaciones cuando el departamento esté libre de amenazas de actividades mineras.
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