La Paz - Bolivia.- El Gobierno respeta a las bases del movimiento indígena del oriente, pero está preocupado porque algunas de sus demandas tienen un objetivo político que pretende afectar el desarrollo, puntualizó el martes el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.
"Si bien hay una preocupación legítima de las comunidades de tierras bajas del TIPNIS sobre su territorio y tierra comunitaria, de parte de la dirigencia las cosas toman un cariz político", afirmó.
Dijo que, lamentablemente, detrás de la demanda legítima, "hay dirigentes con un criterio político-partidario".
Remarcó que cuando se presentó el pliego petitorio de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) habían 16 demandas, entre ellas paralizar las actividades hidrocarburíferas en el parque de Aguaragüe, en el departamento de Tarija.
"Con esa exigencia buscan que se suspenda el pago de la renta dignidad a 600.000 ancianos que reciben 200 bolivianos cada mes, al igual que el bono Juancito Pinto para 1,8 millones de estudiantes, una vez que ambos programas son financiados con las exportaciones de hidrocaburos", enfatizó.
García Linera agregó que, de aceptar esa exigencia, otro sector que será afectado es el de las Alcaldías que no podrán contar con recursos que les permitan impulsar obras de desarrollo.
"La propuesta de la CIDOB reduce a cero el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) e impide a los Municipios captar el 70 por ciento de sus ingresos", dijo.
Informó que el domingo ha llegado al Gobierno un nuevo documento de la CIDOB de más de 17 páginas que exige que la consulta sea vinculante en lo referido al tema hidrocarburífero, las actividades mineras, viales y la instalación de hidroeléctricas.
"Quieren que se paralicen las actividades mineras en Huanuni, Coro Coro, en las cooperativas mineras, donde operan 60.000 cooperativistas con problemas del uso de tierra y del subsuelo con las comunidades aledañas", indicó.
"Son actitudes irracionales porque afectan al desarrollo de la minería, hidrocarburos, hidroeléctricas y carreteras", puntualizó.
Puso como ejemplo la construcción de plantas separadoras de líquidos en Campo Grande y en Tarija, donde la primera está paralizada porque los pobladores de esa zona se niegan a la consulta, a seis kilómetros a la redonda.
El Presidente en Ejercicio enfatizó que entre las demandas se plantea la suspensión de la industrialización del gas por decisión de los dirigentes de los marchistas.
"Las demandas ya no son demandas, sino un programa de Gobierno. Tienen derecho a hacer política, pero no pueden utilizar a la población con esos fines", agregó.
Manifestó que la propuesta de industrializar, construir carreteras e instalar hidroeléctricas ha ganado con el 64 por ciento de los votos del pueblo que apoyaron la vigencia de la nueva Constitución Política en enero de 2009.
"Quienes van en contra de esa propuesta que presenten su propio programa y que lo sometan al voto del pueblo", puntualizó.
García Linera salió al frente a las declaraciones de la Defensoría del Pueblo sobre la transparencia del contrato de construcción de la carretera entre San Ignacio de Moxos y Villa Tunari. Dijo que este contrato está en la página internet de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por lo que es transparente.
Aseveró que el contrato es completamente legal porque tiene el aval del Congreso con el respaldo de una Ley.
"Para la construcción de la carretera se ha consultado a la población sobre los tramos I y III, no así del II y por ello no se está construyendo", anotó.
Agregó que la consulta del tramo II puede darse en dos a ocho meses o un año, una vez que, dependerá de las comunidades.
Destacó que el presidente Evo Morales Ayma estuvo en el TIPNIS el pasado fin de semana para hablar con las bases y este domingo hará lo mismo antes de arrancar la consulta.
Reiteró que, para actuar en el plano de la legalidad, mientras no se realice la consulta, no se construirá el tramo II
ABI
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