SANDRO POZZI 31/07/2011
Estados Unidos se ha disparado en su propio pie con el debate político para elevar el techo de la deuda, en el que el Tea Party, el ala más radical del Partido Republicano, se ha enrocado. Algo que hasta ahora se hacía casi de forma automática, pero que va a causar un daño que costará reparar. El prestigio de EE UU está tan tocado por el circo ideológico en Washington, que en Wall Street se da casi por hecho algo que hace un año era impensable: una rebaja temporal de la nota crediticia a la mayor economía del mundo.
Un estudio del Tesoro indicaba recientemente que la deuda nacional bruta superará el tamaño de la economía este año por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, al alcanzar el 102% del PIB. Hace un año se proyectaba en el 96,4% para 2011 y que rebasara el 100% en 2014. La causa de semejante revisión es doble: un crecimiento menor de lo esperado y la extensión de las rebajas fiscales.
Es una imagen que contrasta radicalmente con la de hace una década, cuando avanzaba por el camino del superávit fiscal. ¿Qué pasó para que siga hundiéndose en el agujero? Dos recesiones seguidas, dos recortes de impuestos y dos guerras. Otro estudio de Pew revela que el tío Sam está obligado a pedir más prestado, lo que le lleva a pagar un 11% más en intereses.
El drama se lleva cocinando desde el pasado verano, cuando la Casa Blanca vio que no iba a conseguir que el Congreso le aprobara el presupuesto federal de 2011. Desde el 1 de octubre, Washington lo fue prorrogando con partidas de gasto de emergencia, hasta que llegó un momento en el que hubo que llegar a un pacto para evitar un parón gubernamental, como en 1995 y 1996. Aquellos "cierres del Gobierno" en tiempos del presidente Bill Clinton se debieron a la falta de un presupuesto y no tanto a que no se hubiera aprobado el techo de deuda.
Ahora, la batalla por el presupuesto era el principio de otra más intensa que ha puesto en cuestión la capacidad de EE UU para pedir prestado y poder pagar así a tiempo sus facturas.
Desde la fundación de Estados Unidos hasta 1917, el Congreso tenía que aprobar individualmente cada emisión de deuda pública. Para facilitar la financiación de la participación de Estados Unidos en la I Guerra Mundial, el Congreso cambió este método por el de fijar un límite de emisiones. Desde 1979, este techo se ha fijado habitualmente de forma semiautomática en el momento de aprobar el Presupuesto (a menos que el Congreso se opusiese) o cada vez que ha hecho falta. El techo se ha elevado en 78 ocasiones desde 1960, incluyendo 18 bajo los mandatos de Ronald Reagan; 7, con George W. Bush, y 3, con Barack Obama. El actual presidente se opuso en 2006 a una de las elevaciones del techo de deuda con Bush que se aprobó en el Senado por solo 52 votos a 48.
En 1995, los republicanos, liderados por Newt Gingrich, se opusieron a elevar el techo de deuda y Estados Unidos tuvo que recurrir a tomar fondos prestados de fondos de pensiones públicos para evitar el impago. Pero entonces el déficit era mucho más bajo y Washington no necesitaba tanto como ahora apelar al endeudamiento para financiar su actividad una vez que se aprobase el presupuesto. También era más baja la deuda y hasta Newt Gingrich daba por hecho que no se llegaría a una situación límite que impidiese el pago de la deuda y de los intereses.
Pero la situación esta vez es distinta. El nivel de deuda ronda el 100% del PIB, buena parte del gasto federal se financia con deuda y Washington ha agotado ya prácticamente todas las fuentes alternativas de financiación. El rifirrafe político podría acabar con que la preciada AAA se esfume y, en el peor de los casos, que EE UU no pueda pagar sus deudas a tiempo.
Incluso en esa situación extrema, es diferente a la del parón de las actividades no esenciales del Gobierno federal por falta de presupuesto. Pero, como señalan los expertos, sirve de precedente para anticipar lo que puede pasar. Las agencias públicas pueden seguir operando y manteniendo a los empleados en nómina, con la promesa de que les pagará por su trabajo.
En una escenario de default, estarían en riesgo los más de 80 millones de cheques que salen al mes desde el Tesoro para pagar a veteranos, jubilados y a los que se benefician de la sanidad pública. En ese caso, como en el de parón gubernamental, son la Casa Blanca y el Congreso los que deciden para quién habrá dinero disponible. Pero son aguas nunca navegadas, y en este momento nadie da garantías de pago. La esperanza es que se llegue a un acuerdo de último minuto que evite el peor escenario.
La rebaja, sin embargo, de la calificación podría llegar a un año de las presidenciales. EE UU se descolgaría así del club que integran Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza. A no ser que el acuerdo convenza de que habrá una consolidación fiscal a medio plazo. Ni S&P ni Moody?s ni Fitch quieren ver un arreglo a corto plazo de los que acostumbra Washington, donde hay una brecha sobre cómo afrontar el desafío. S&P ha advertido que Estados Unidos necesita un recorte de gastos por 4 billones de dólares, aunque podría mantener la máxima nota con un recorte de gasto de entre 1,5 billones, si va acompañado de un compromiso creíble para acciones futuras.
EE UU tiene la triple A desde 1941. Pero, como decía Christine Lagarde esta semana, aquí no se trata de entrar a valorar la posición adoptada por los demócratas o los republicanos durante la negociación. En términos económicos, la nueva jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI) recuerda que EE UU arrastra un déficit gemelo que hay que solucionar a medio plazo.
Una rebaja en uno o dos peldaños no es la calamidad que se vaticinaba ante un escenario de impago de la deuda. Pero no deja de ser un riesgo en un momento de incertidumbre. EE UU entraría así, en un territorio peligroso. Además, este juego tiene lugar en un momento delicado a escala global, donde no hay una zona del planeta que no escape de problemas.
La pérdida de la máxima nota crediticia no afectará a EE UU como destino de inversión. Pero sí puede hacer que sus principales acreedores se replanten sus carteras en dólares a largo plazo, indica Goldman Sachs. Elevará además los costes de las firmas financieras para pedir prestado, con el consiguiente impacto en la actividad empresarial y el empleo.
Un rebaja afectaría, además, a la valoración de algunos bancos y empresas -que podrían verse forzados a reforzar sus colchones de capital-, de las hipotecarias semipúblicas Fannie Mae y Fredie Mac, y la de los bonos municipales. Y, con toda probabilidad, un mayor debilitamiento del dólar, que ya está sufriendo frente al euro a pesar de la incertidumbre que domina en Europa.
JP Morgan estima el impacto de la pérdida de AAA en 100.000 millones de dólares anuales para el contribuyente. Eso se deduce de un incremento del coste de pedir prestado de hasta 75 puntos básicos, con lo que el dinero público irá a pagar intereses y tendrá que retirarse de otros partidas. El efecto a corto plazo sería menor, de 10 puntos básicos.
Como indican en Bank of America, si EE UU se topa con la situación de que pierde algo de credibilidad entre sus grandes compradores de deuda en el exterior, eso hará más difícil lograr una situación fiscal sostenible a largo plazo. Lo que, indican, creará a la vez un clima negativo para la inversión. Pero como añade IHS, tampoco hay alternativas más atractivas para el inversor.
Hay quien se pregunta, viendo la situación financiera de EE UU, si la rebaja no debería haber llegado mucho antes. Es decir, incluso si se evita la rebaja de una o más agencias, seguirá pesando la amenaza de EE UU abandone el club de las grandes economías y tenga que acabar llamando a la puerta del más poblado grupo que integran países como Japón, Chile, Bélgica o España. -
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