El diálogo entre la Comisión Mulsectorial y las autoridades de Puno se quebro nuevamente. El proposito era superar el paro indefinido establecido desde hace quince días por los pobladores aimaras del sur de Puno. Los manifestantes piden el arribo a Juliaca de la primera ministra, Rosario Fernández y los de otras carteras como el de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y del Ambiente, Antonio Brack.
Si bien se llegaron a acuerdos como declarar el Cerro Kaphía como "reserva paisajística", la comisión de alto nivel y los aimaras no se lograron poner de acuerdo respecto al pedido de nulidad de la concesión de la mina Santa Ana, ni de la derogatoria del decreto supremo 083-2007 que permite desarrollar explotación minera a menos de 50 kilómetros de la frontera.
Pese a que la comisión de alto nivel indicó a los pobladores de Puno que tenía capacidad resolutiva, esta no fue tal. El viceministro de Minas, Fernando Gala, indicó que no podían salirse de la legalidad y establecer un decreto supremo que declare la zona sur de Puno libre de toda explotación minera.
Ante ello, a las tres de la madrugada y luego de ocho horas de conversaciones, los representantes aimaras consideraron esto como una “mecida” más del Gobierno y se suspendieron las negociaciones hasta que los titulares (y no los viceministros, que han estado llevando las negociaciones) de las carteras involucradas con el tema se presenten en la región Puno.
La situación se tornó tensa sobre todo cuando se comunicó a un grupo de 130 representantes aimaras que había llegado al Cuartel Bolognesi de Juliaca que no se había llegado a una conclusión, por lo que varios de estos pobladores casi impidieron la salida del recinto de la Comisión de Alto Nivel, conformada por el viceministro de Energía, Fernando Gala; el viceministro de Agricultura, Francisco Palomino; el viceministro de Cultura, Bernardo Roca Rey; y el viceministro de Orden Interno, Jorge Caloggero Encinas.
La propuesta del Ejecutivo es suspender la concesión de la mina Santa Ana y formar un comité que estudie las salidas legales pertinentes para evitar la operación de la minera y lo presente dentro de 180 días, lo cual no fue aceptad por los representantes de los aimaras.
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