El Movimiento feminista ha cuestionado duramente la posición de la familia Ortega Murillo con relación al tema.
La insistencia del Estado de Nicaragua por mantener la penalización del aborto terapéutico, pese a las recomendaciones emitidas por cuatro comités de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como por otras organizaciones internacionales de derechos humanos, destaca entre los señalamientos que hace el Movimiento Feminista de Nicaragua. Este señalamiento aparece en un informe alternativo que esa organización feminista presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero pasado.
En el mismo mencionan que desde 2006 ese movimiento junto a otros sectores de la sociedad civil han impulsado una amplia movilización por que se restituya el aborto terapéutico.
En octubre de 2006 fue derogado el artículo 165 del viejo Código Penal, que permitía el aborto terapéutico.
El Movimiento Feminista expresa que en 2010 un grupo de 20 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional introdujo una iniciativa de ley para reformar el Código Penal vigente en lo relativo a este tema. No obstante, las mujeres señalan su desacuerdo sobre esta propuesta. Consideran “que la iniciativa de ley que pretende restituir el aborto terapéutico restringe el derecho de las mujeres a decidir sobre su capacidad reproductiva, dejando en manos de tres facultativos decidir sobre la vida de las mujeres. En definitiva el anteproyecto en mención no modifica en nada la formulación que teníamos hace 137 años”.
El informe fue presentado ayer por su autora, Chepita Rivera Ruiz, en el Auditorio Xavier Gorostiaga, de la Universidad Centroamericana (UCA), y en él también critica que el Estado no presenta mecanismos nacionales que velen por la formulación e implementación de políticas públicas.
Señaló Rivera que el Instituto Nicaragüense de la Mujer (Inim) carece de autonomía política y administrativa y no dispone de recursos necesarios para cumplir la función rectora de políticas públicas.
En el informe también cuestionan la falta de un plan nacional de lucha contra la violencia, así como la falta de un sistema único de información contra la violencia hacia las mujeres.
A su vez critica que la Comisaría de la Mujer de la Policía Nacional únicamente reportó el año pasado 35 homicidios cometidos contra mujeres, lo que a criterio de Rivera es una forma “de minimizar” o “descalificar” el registro que de esos hechos violentos llevan las organizaciones defensoras de mujeres.
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