Por: Sarela Paz[1]
El porcentaje alto y arrollador del Movimiento al Socialismo (MAS)
bajo la jefatura del presidente Evo Morales
que se pronostica venir para las
elecciones presidenciales en Bolivia este 12 de octubre, deberá interpretarse
en el marco de una construcción de alianzas y consolidación hegemónica de
fuerzas políticas que expresan luchas y disputas por la consolidación y
desarrollo de un capitalismo del siglo XXI en Bolivia. Esto supone, a contrapelo de lo que el
discurso oficial dice de sí mismo, una agregación de intereses locales y
regionales que compromete a sectores tradicionalmente dominantes de la sociedad
boliviana (léase agroindustriales, mineros o corporaciones petroleras), con
segmentos sociales emergentes, varios de ellos con fuerte enraizamiento étnico
y con ambiciones de desarrollo que están
más cercanas a las dinámicas del capital regional y mundial, antes que a
visiones alternativas de desarrollo para Bolivia y América Latina.
Asumámoslo, Evo Morales y la coalición social que él representa es la
expresión política que renueva y produce nuevos elementos de legitimidad para
que formas seculares de coacción económica en nuestro subcontinente, puedan
reproducirse bajo ribetes “más populares” y “democráticos” que las antiguas
formas políticas fundamentadas en autoritarismos y expresiones gamonales de la
política Latinoamericana. La
incorporación al poder de segmentos sociales emergentes con fuerte
enraizamiento étnico, es lo que se destaca como renovación y como nuevos
dispositivos de legitimación, por ello, difícil de desentrañar en sus lógicas y
alianzas con el capital y un verdadero
desafío al conocimiento por la compleja estructura de poder que produce. En esa línea es válido interrogarnos sobre ¿cómo
se integró y articuló este nuevo diagrama de poder en Bolivia? puesto que
ahondar en su respuesta nos da luces sobre la avalancha electoral del MAS y la
coalición política que representa.
Es innegable que la llegada de Evo Morales al gobierno el año 2005 fue
posible por la conformación de un bloque popular de alianzas fundamentado en
sectores núcleo de los pueblos indígenas (segmentos sociales con fuerte
enraizamiento étnico) y sectores urbanos movilizados alrededor de demandas de
los recursos naturales como riqueza que debe protegerse de la expoliación del
capital. La primera gestión de gobierno
supuso el desarrollo de una agenda política progresista y algunas veces en
contra de los intereses del capital local y transnacional. Nacionalización de los hidrocarburos,
Asamblea Constituyente, industrialización de los recursos naturales,
reconducción comunitaria de la Ley de INRA (Instituto Nacional de Reforma
Agraria), formaron parte de acciones políticas que daban la posibilidad de
pensar un horizonte nuevo y alternativo en Bolivia. De ahí el gran enfrentamiento que se tuvo con
los sectores agroindustriales del oriente boliviano. Dicho en clave política, con las formas
gamonales de ejercer el poder y la economía.
No obstante lo mencionado, la propia coalición popular contenía en su
seno un conjunto de intereses y contradicciones que dieron lugar a luchas y
disputas por la orientación del proceso.
Como indicador de lo mencionado podemos destacar la participación
orgánica de los cooperativistas mineros que en 2003 hicieron acuerdos con el
MAS para llevar a Evo Morales a la presidencia, a cambio de ello impusieron una serie de
demandas que hoy día se reflejan en la Ley de Minería y Metalurgia aprobada en
mayo de este año. La mencionada ley es
una apuesta por la minería privada y transnacional en detrimento de la
tradicional minería estatal que tuvo Bolivia a través de la COMIBOL. Es también indicador de lo mencionado la
orgánica participación del movimiento cocalero y colonizador de Bolivia (migrantes
quechua y aymaras a la ceja de selva) que hoy se lo reconoce como intercultural. Este sector que vino a formar parte del
núcleo indígena originario conocido como Pacto de Unidad durante la Asamblea
Constituyente, mostró grandes diferencias respecto a la propiedad colectiva de
la tierra, afianzando su interés hacia una forma individual de la gestión y
propiedad de la tierra y procesos de mercantilización que se orientan hacia las
dinámicas del capital.
Sectores emergentes con fuerte enraizamiento étnico no solo son
cooperativistas mineros y/o interculturales, sino también importantes sectores
del comercio que vinculan a Bolivia con Asia y con mercados regionales no
tradicionales como los aledaños a las fronteras bolivianas. Arica Iquique, en Chile, Tacna, Ilo, Arequipa,
en Perú, poblados intermedios de los estados de Acre, Rondonia o Matto Grosso
do Sur en Brasil, o poblados fronterizos a Yacuiba con Argentina, han producido
una red de relaciones comerciales donde sectores aymaras procedentes de los
departamentos de Oruro y La Paz, muestran una gran habilidad para manejar redes
comerciales ligadas a la expansión comercial de Asia y China en
Sudamérica.
Por las características de sus intereses económicos estos sectores
emergentes que ocupan filas importantes en el MAS, han visualizado la necesidad
de cimentar una estructura de poder que les permita operar a lo largo del
tiempo, con el MAS y más allá del MAS.
En ese entendido, defensa de propiedad colectiva de la tierra, control
productivo de la agroindustria y limitación al crecimiento de productos
transgénicos, desarrollo de una minería estatal que pone límites a la privada,
limitaciones comerciales con el fin de fortalecer la producción nacional
agrícola o manufacturera, son puntos de una agenda que resultan distantes de
las búsquedas que tienen como sectores emergentes en la nueva geometría de
poder. Es acá donde podemos encontrar el
clivaje de la coalición popular, el distanciamiento de agendas alternativas en
desarrollo, la posibilidad de apostar por los Derechos de la Madre Tierra, y la
necesidad, para sostenerse políticamente, de tranzar con sectores
tradicionalmente dominantes en la sociedad boliviana y/o las corporaciones
petroleras que tradicionalmente han actuado en nuestro país.
La segunda gestión de gobierno de Evo Morales es el reflejo del
resquebrajamiento de la coalición popular y el asenso de una nueva estructura
de poder que tiene como epicentro una alianza y articulación entre: sectores
agroindustriales del oriente boliviano, sectores petroleros y sectores
emergentes que usan el enraizamiento étnico como un dispositivo de movilización
política. Ciertamente, un contexto de
tal naturaleza nos hace ver como irrelevante las acusaciones producidas por el
discurso político oficial. Derecha
versus proceso de cambio, oligarquías tradicionales versus “pueblo emergente”,
socialismo versus capitalismo, resultan a la luz de un análisis de economía
política no solo precarias sino hipócritas ante el proceso de DESARROLLO DEL
CAPITALISMO DEL SIGLO XXI QUE ESTA VIVIENDO BOLIVIA. El MAS es su principal impulsor por las
características de legitimación que logró construir al amalgamar, en el pasado,
posiciones progresistas de sectores urbanos con demandas indígenas, una
amalgama que produjo sismos en la estructura tradicional de poder.
La amalgama discursiva fue productora de un gran campo de hegemonía
para decir que se cambiaba lo que nunca se pretendió cambiar. Hoy día, determinados
sectores tradicionalmente dominantes de la sociedad boliviana, han entendido
que no es posible pensar una estructura institucional de poder estatal sin
compartirla con los sectores emergentes de enraizamiento étnico, estos sectores
encuentran en el MAS su mejor estrategia de poder. Similarmente, los sectores emergentes con
enraizamiento étnico requieren, para estabilizar su llegada al poder, de
alianzas, articulación y activación de dispositivos de poder de las élites
tradicionales. Estamos hablando de un juego de alianzas políticas que ha
desalojado las formas gamonales de ejercer el poder, pero no se ha distanciado
de las estructuraciones seculares que comprometen a Bolivia y América Latina
con el capital global.
No nos distraigamos con discursos que dicen cambiar lo que no
pretenden cambiar, la avalancha electoral que está pronosticada en Bolivia este
12 de octubre por parte del Movimiento al Socialismo, es una clara expresión de
los nuevos diagramas de poder que requiere el capitalismo del siglo XXI y los
desafíos que tiene, diagramas que suponen una renovación de aliados y ribetes
populares para su legitimación.
[1] Socióloga boliviana,
PhD en Antropología Social, con 25 años de trabajo con organizaciones indígenas
y campesinas de Bolivia, formó parte del equipo de asesores del Pacto de Unidad
durante la Asamblea Constituyente, apoyó en la formulación de demandas
territoriales (TCO) de los pueblos indígenas de tierras bajas, es docente
investigadora de la Universidad Mayor de San Simón y actualmente forma parte
del equipo de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Sus
principales investigaciones abordan temas de gestión territorial y recursos
naturales, gobierno y autonomía indígena, pluralismo jurídico y ciudadanía
intercultural/multicultural.
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