Foto: Perú 21
De Servindi
11 de mayo, 2012.- Dieciséis pobladores del distrito de San Marcos, provincia de Huari en Ancash, fueron golpeados la madrugada del 10 de mayo por miembros de la Policía Nacional que prestan servicios a la empresa Antamina, y continúan detenidos, informó una de las víctimas.
Pablo Salazar Solís, agente municipal de la comunidad San Antonio de Juprog, detalló que 8 pasajeros que se desplazaban en una camioneta rural (combi) entre Juprog y San Marcos fueron intervenidos por efectivos policiales de la DINOES.
Estos fueron enviados junto a otros 8 campesinos del sector de San Pedro de Pichiu, con anuencia del fiscal provincial de Huari, para “rendir sus manifestaciones” en la Comisaría de Yanacancha ubicada dentro del campamento minero de Antamina.
Salazar Solís informó a la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), que fueron interrogados y “obligados a declarar que éramos parte de los manifestantes, cuando nada teníamos que ver”.
“Yo he visto que a los hermanos de San Pedro de Pichiu se les ha torturado a patadas y golpes (…) el comandante que era uno de los mas déspotas, no quería identificarse; en su pecho decía: Comandante Alva” señaló.
Los pobladores de San Pedro de Pichiu, sostenían un paro de 24 horas en protesta a la desidia de las autoridades por el derrame de petróleo ocasionado por la empresa Antamina.
“Hace seis días un camión cisterna volcó y derramó combustible en la laguna Huatucocha ubicada en la cabecera de cuenca del río Mosta, cuyas aguas llegan al Marañón” aseveró Pablo Salazar. “Frente a esto ninguna autoridad ha intervenido”dijo.
El interrogatorio a los detenidos se habría efectuado en el recinto policial sin la presencia del fiscal aproximadamente hasta la una de la madrugada; con el agravante que entre ellas se encontraba una mujer embarazada de nombre Luzmila Garay (20).
Los detenidos de la comunidad de Juprog son: Santos Llanos (22), Luzmila Garay (20), Pablo Salazar (30), Amancio Garay (34), Witman Domínguez (20) y tres personas más que fueron golpeadas y obligadas a declarar que estaban vinculadas al paro.
Estas personas habrían sido trasladadas hacia la ciudad de Huari.
Asimismo, otras 8 personas de San Pedro de Pichiu continuaban detenidos en la comisaría acusados también de participar en las acciones de protesta, sin que se conozca el estado de salud, seguridad e integridad de estas personas.
Conacami rechaza la criminalización
Conacami hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que se presente en dicha comisaría a efectos de salvaguardar la integridad y la vida de estas personas retenidas en contra de su voluntad.
En ejercicio del régimen democrático y constitucional, Conacami exige la liberación inmediata de los detenidos y rechaza firmemente las prácticas disuasivas, amedrentamiento y criminalización de la protesta social por parte del Estado peruano.
Así, responsabiliza a los agentes policiales contratados por Antamina, al Gobierno y a las autoridades locales por las violaciones de derechos humanos que se vienen registrando sistemáticamente contra quienes reclaman sus derechos.
Hizo además un llamado nacional de solidaridad con los hermanos detenidos y pedimos la intervención de los entes supranacionales para la protección y salvaguarda de la vida de los líderes sociales quienes se encuentran en calidad de detenidos, requisitoriados y perseguidos por el aparato estatal peruano.
Pobladores de Chipta también fueron detenidos
Robinson Olive Ortega Chávez y Maiky Amado Chávez, del anexo de Chipta, también colindante con el área de operaciones de Antamina, fueron detenidos de manera arbitraria el 9 de mayo en la noche cuando caminaban hacia San Marcos debido al bloqueo de la carretera.
Ambos se encontraban en la comisaria de Yanacancha en espera del juez y sus abogados. Sus prendas están rotas, les han quitado sus pertenencias y han sido golpedos por 4 efectivos.
Según los detenidos, les ofrecieron soltarlos con la condición que se declaren responsables de los bloqueos.
Al tomar conocimiento, los abogados presentaron un hábeas corpus al Poder Judicial de Lima (Juzgado de Turno Permanente) ya que el juez provincial de Huari no quiso atender la acción pues no era horario de oficina. Sobre esta conducta adelantaron que presentarían una queja ante la OCMA.
No obstante, la huelga indefinida del Poder Judicial ha trabado que llegue a un juzgado para su ejecución.
Una fuente policial indicó que habrían sembrado pruebas para implicar a los detenidos y que estos serían procesados.
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