Por tanto, la Unidad no solo se infiltró en la marcha indígena de marzo pasado sino que amplió sus investigaciones a otros objetivos, tal como lo detalla un documento administrativo de Carondelet al cual este Diario tuvo acceso.
Según el reporte, la dependencia hizo 14 solicitudes para el caso Alianza Roja, entre febrero, marzo y abril pasados.
Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, opina que dicho nombre podría ser un seudónimo para identificar a un sector político de izquierda, al que tradicionalmente la Policía y Fuerzas Armadas catalogan como rojo.
“Visualizo que se están refiriendo a la unión de Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Socialistas”, explica el oficial en servicio pasivo.
En noviembre del 2011, varias agrupaciones políticas de izquierda se aliaron para definir sus estrategias de cara a las elecciones del 2013. Los movimientos Participación, Popular Democrático (MPD), Pachakutik (PK) y Montecristi Vive, y una fracción del Partido Socialista, exaliados del régimen, anunciaron la conformación de un frente electoral común.
El informe revela que todas las órdenes de trabajo para “realizar actividades de inteligencia relacionado al caso Alianza Roja” fueron solicitadas por el mayor de Policía Santiago Mena Vallejo, primo del director de la Unidad, Rommy Vallejo, y quien a su vez es hombre de confianza del primer mandatario, Rafael Correa.
Por ejemplo, en el oficio UGIS-V- 12 114, Mena pidió la movilización de los policías Mario Granda, Álex Llambo y César Murillo a la ciudad de Quito, para el 3 y 12 de abril.
El director del movimiento Participación y exministro de Seguridad del actual gobierno, Gustavo Larrea, rechaza este tipo de actividades que se lideran desde Carondelet y a las que calificó de irrespetuosas para el sistema democrático.
“La Coordinadora es un frente político democrático. No actuamos clandestinamente y actuamos a la luz del país. No tenemos miedo a estas prácticas, pero nos parecen lesivas al libre ejercicio de nuestros derechos políticos y de ciudadanos”.
La Unidad de Gestión de Seguridad Interna fue creada por Correa el 14 agosto del 2007 para identificar e investigar irregularidades en la Presidencia y sus entes adscritos. El acuerdo de su constitución no establece actividades de inteligencia externa, solo de índole interna.
El reporte también da cuenta de pedidos de movilización de agentes hacia varios puntos por donde avanzó la marcha indígena, que fue de oposición.
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