Marco Díaz Muñoz (COPENOA)
Los abajo firmantes, docentes, estudiantes, egresados, no docentes, y demás miembros pertenecientes a la Universidad Nacional de Tucumán, comprometidos con la misión universitaria de cultivar los saberes de las humanidades, las ciencias, y las artes; y convencidos, a la vez, de nuestra vocación de servicio a la comunidad nacional a la que pertenecemos, en salvaguarda de los bienes naturales, materiales y culturales, declaramos:
1. Que la explotación minera a cielo abierto es una actividad que pone en crisis la biodiversidad por la elevada contaminación que acarrea; por el uso intensivo de recursos escasos como el agua y la energía, y por la altísima depredación de la geografía, el paisaje y las vías de transporte.
2. Que esa actividad se realiza con inexplicables ventajas económicas y tributarias, a favor de empresas megamineras transnacionales. En tiempos en que la presión impositiva avanza sobre el patrimonio de los ciudadanos, la explotación de los recursos naturales mineros se realiza en condiciones de expoliación y saqueo.
3. Que la completa desvinculación con el aparato productivo nacional, el claro detrimento de otras actividades económicas, la escasa mano de obra directa que emplea y la continuidad de la pobreza y el clientelismo como forma de sustento, son algunas de las causas que justifican el rechazo popular al actual modelo minero vigente en nuestro país, expresado en diferentes ciudades del norte argentino como Famatina, Belén, Tinogasta y Andalgalá. Rechazo que alcanza, por otra parte, a políticos, universitarios y otros funcionarios municipales, provinciales y nacionales que son cómplices de dicho saqueo.
4. Repudiamos que este proceso de expresión popular no sea escuchado por los gobiernos provinciales que dicen representarlos, ni tampoco por las autoridades universitarias; y rechazamos asimismo su actitud de connivencia con las mineras, negando y tergiversando información o adulterando informes con el fin de dar vía libre a la explotación perversa de recursos que nos pertenecen a todos los argentinos.
5. Reivindicamos que -haciéndose eco del debate abierto en torno a este tipo de explotación- una importante cantidad de unidades académicas y casas de estudio hayan rechazado los fondos que por ley Minera La Alumbrera –YMAD destina al sistema universitario nacional.
6. Como universitarios tucumanos –de la universidad nacional y pública- afirmamos además que, a pesar de las importantes sumas de dinero que la Universidad ha recibido de ese emprendimiento minero, uno de los más grandes de Latinoamérica, ninguno de sus problemas estructurales ha sido solucionado. Al tiempo de esta declaración, la UNT atraviesa una nueva crisis económico-financiera con un inexplicable déficit operativo.
7. En ese marco referencial, es dable destacar que -transgrediendo en muchos casos las normas de administración financiera del estado- esos fondos sólo financiaron obras menores con sobreprecios escandalosos, actualmente investigados por investiga la justicia federal. Idénticas consideraciones pueden realizarse sobre las “inversiones” en cuevas financieras que la Universidad ha realizado con fondos provenientes de la explotación minera, que también están siendo investigados por la justicia.
8. Se configura así un marco en el que las condiciones de saqueo de los recursos naturales de nuestro país aparecen rodeadas, en nuestra Alta Casa de Estudios, de injustificables hechos de corrupción que atentan, desde el interior de la UNT, contra el legado de Abel Peirano a nuestra universidad.
9. Exigimos que estos legítimos reclamos sean prolijamente considerados por el gobierno nacional y las autoridades universitarias, de manera de revertir la actual política de promoción y estímulo a la instalación de proyectos de megaminería.
10. En consonancia con el reclamo popular de las localidades movilizadas, nos manifestamos enérgicamente en contra de la instalación y continuidad de estos megaproyectos mineros a cargo de grandes empresas extranjeras, en tanto atentan contra cualquier tipo de desarrollo popular autónomo; se apropian de la renta colectiva; niegan los valores culturales de las comunidades originarias y ponen en riesgo todo tipo de vida; saqueando nuestros recursos y dejándonos la contaminación.
11. Como miembros de una institución educativa pública, asumimos el compromiso social y ético de acompañar el reclamo de las asambleas populares, repudiando el extractivismo que sólo busca la maximización de la ganancia a costa de la pérdida de los derechos más elementales de las poblaciones.
12. Exigimos un modelo económica y ambientalmente sustentable de producción y desarrollo, que garantice una razonable distribución de sus frutos no sólo para la presente generación de argentinos, sino también para las futuras. Repudiamos el actual modelo extractivista que sólo pone énfasis en el lucro, con el agravante de las probadas ventajas comparativas sin riesgo empresarial con que cuentan las empresas trasnacionales para realizar tareas que están prohibidas en sus países de origen.
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