Por Fernando de la Cuadra
Se puede considerar el día 12 de mayo como el reinicio de las movilizaciones estudiantiles en Chile. Precisamente en esa fecha fue convocada la primera manifestación nacional de los universitarios afiliados a la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH). A partir de ese día los estudiantes irrumpieron en la noticia como una voz renovada y poderosa en contra de la deteriorada situación en que se encuentra la educación en Chile.
La impresionante adhesión que fue adquiriendo el movimiento se debe a una constelación de factores que poseen, por una parte, una dimensión histórica alimentada por una frustración acumulada a través de dos décadas. Las causas de esta insatisfacción son variadas y muchas de ellas –que ya se habían presentado en los consecutivos gobiernos de la Concertación- muestran el punto de saturación y fastidio creciente que se venía incubando entre los chilenos desde la aplicación del modelo neoliberal a mediados de los años setenta. Por otra parte, el conflicto de los universitarios posee un carácter más coyuntural y fue adquiriendo una relevancia mayor en la medida que la política del gobierno de centro-derecha fue cada vez más errática.
En efecto, desde que asumió la presidencia el abanderado de la “Coalición por el Cambio”, Sebastián Piñera, las manifestaciones de descontento han ido adquiriendo una creciente fuerza en vastos sectores de la ciudadanía. A esta decepción y cansancio de la gente, se suman todas las promesas incumplidas por el actual mandatario, que más bien parece encarnar una línea de continuidad con las administraciones que tanto reprochaba. Contrariando todo aquello que fue excesivamente publicitado durante su campaña presidencial – usando el slogan de “la fuerza del cambio”- Piñera y sus correligionarios se han revelado totalmente inmóviles e incompetentes para formular una política de Estado orientada a resolver los persistentes problemas de justicia social, exclusión y desigualdad aún imperantes en Chile.
Ciertamente, es la ausencia de una vocación de estadista y el abandono de una perspectiva de lo público en diferentes ámbitos, lo que constituye el foco central de los cuestionamientos a la gestión del mandatario y su coalición de centro-derecha. Formateado como un gobierno de empresarios, los problemas de “conflictos de interés” han sido la tónica de la reciente administración.[1] Pero no sólo eso, el desprecio por todo aquello que implica lo público se hace evidente también en los miembros del gobierno que formados bajos los preceptos del neoliberalismo, siempre consideraron que el Estado es la máxima expresión de la ineficiencia y que, por el contrario, piensan que el bienestar de las personas es una consecuencia casi exclusiva del esfuerzo e iniciativa de cada uno y no un resultado de las políticas públicas.
La percepción de la ciudadanía con respecto a la falta de preocupación por los asuntos públicos hay que sumarle el conjunto de deudas pendientes dejadas por los gobiernos anteriores, a saber: manutención de la Constitución heredada del régimen militar y del sistema binominal; exclusión de las minorías, administración del modelo neoliberal, privatizaciones, desregulación de las actividades empresariales y de las formas como opera el capital financiero, flexibilización y precariedad laboral, sistema de pensiones con capitalización individual, aplicación de un sistema tributario regresivo que privilegia las grandes fortunas en desmedro de la totalidad de contribuyentes, endeudamiento generalizado, deficiencia de los servicios educativos y de salud, una legislación ambiental insuficiente que no consigue frenar la acción predatoria de las empresas o la consagración de valores individualistas y de brutal competencia entre las personas.
De esta manera, la carencia de una política de Estado en temas como educación, salud, empleo o seguridad social han generado un amplio sentimiento de rechazo por parte de diversos sectores de estudiantes, profesores, funcionarios de la salud, deudores hipotecarios, empleados públicos, jubilados, consumidores, pueblos originarios, ecologistas y de la ciudadanía en general.[2] Las marchas y protestas que en sus orígenes poseían una demanda sectorial se han transformado en un gran movimiento nacional que cuestiona profundamente las bases del modelo económico y social sobre el que se ha instaurado el “milagro” chileno. Desde los trabajadores del cobre que se oponen a la privatización de los recursos minerales, pasando por los deudores hipotecarios y las familias afectadas por el terremoto que todavía se encuentran viviendo en carpas improvisadas, hasta los estudiantes secundarios y universitarios que exigen una educación pública de calidad o los grupos que luchan contra la construcción de cinco represas en la región sur (HidroAysén), todos en suma se han ido articulando en torno de un proyecto que ponga fin a la política vigente que sólo genera mayor desigualdad y discriminación entre los chilenos.
Incapaz de resolver dichas exigencias, el actual mandatario ha perdido en muy pocos meses toda y cualquier credibilidad, inclusive entre sus electores. Una de esas promesas fue mejorar la calidad de la educación, lo que ciertamente no ha sucedido. Por lo mismo, en el último año han explotado innumerables protestas por la calidad de la Educación Secundaria y Superior, y cientos de colegios, institutos y universidades han sido ocupados por los estudiantes. Durante más de cinco meses miles de alumnos han marchado por el centro de Santiago y de las principales ciudades del país, en contra de la privatización y mercantilización de la educación en Chile. Al respecto, un vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) señaló que está en proceso de construcción un petitorio único que congregue los intereses del movimiento estudiantil en su conjunto. Entre las principales demandas elaboradas por los estudiantes –además de la exigencia de una educación pública gratuita y de calidad- se menciona eliminar el lucro por parte de los entes educacionales, el fin de la educación municipalizada, la realización de mejoras en la infraestructura de los establecimientos de enseñanza básica, media y superior y finalmente, que el pase escolar sea gratuito durante todo el año.
Pingüinos 2.0: La lucha continua
Un importante aspecto a destacar de estas movilizaciones, es que ellas son integradas fundamentalmente, tanto en sus bases como en sus dirigencias, por estudiantes que durante el año 2006 participaron activamente en el movimiento secundario, conocido como la “rebelión de los pingüinos”. De esta manera, sus protestas, hoy al igual que hace cinco años, desnudaron el colapso del sistema político y del modelo socioeconómico imperante en Chile desde la época del régimen militar. Después de prácticamente cuatro meses de represión, los estudiantes consiguieron una audiencia con el Presidente Piñera para exponer sus demandas. La principal de ellas – como ya señalamos- es la instauración de un sistema educacional público con gratuidad para todos, fundado en un marco democrático y pluralista, orientado a la producción de conocimiento para un desarrollo integral e igualitario y para atender las necesidades del pueblo chileno, en toda su diversidad y multiculturalidad.
Para financiar este sistema los estudiantes proponen algunas medidas que siempre aparecen en el debate, pero que hasta ahora nunca fueron ejecutadas, como por ejemplo, la realización de una reforma tributaria de carácter más equitativa, o sea, que aumente progresivamente la tributación de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Ellos también sugieren una nacionalización de todas las minas de cobre, entregadas o “concesionadas” al capital privado inmediatamente después del Golpe de Estado de 1973. Para aplicar tales políticas, el régimen político binominal ha representado un serio obstáculo, por lo tanto, los estudiantes finalmente sustentan la necesidad de cambiar este sistema por uno que sea una expresión más proporcionalmente fidedigna de las decisiones y preferencias de los electores. El último plebiscito convocado por los estudiantes -junto a otras organizaciones gremiales, políticas y sociales- demostró la mayoritaria adhesión de la ciudadanía a propuestas como una educación pública gratuita (96%) o el fin del lucro con fondos públicos en todos los niveles de la educación (90%).[3]
¿Cuál es el futuro de estas movilizaciones? Consideramos que independiente de los acuerdos concretos a los que el movimiento estudiantil pueda alcanzar en algún momento con los representantes del gobierno[4], lo importante es que sus demandas y su crítica radical del modelo económico, social y ambiental imperante en Chile, concitaron la adhesión de vastos sectores de la ciudadanía y despertó la conciencia crítica de la sociedad chilena, una sociedad dividida y paralizada por las heridas y traumas del pasado.
En su meritorio y heroico intento de cambiar el modelo educacional chileno, los estudiantes están indicando una agenda de transformaciones relevantes para el país, la cual fue postergada por los trabajadores y los partidos políticos. Los estudiantes representan actualmente un actor sin miedo, movilizado en plazas y calles, articulado a través de todo el país, que utiliza formas democráticas de funcionamiento, con amplio consenso social y que posee una agenda de mudanzas que van mucho más allá de la simple indignación o de la rabia contestataria.
Aunque el destino y el éxito de las diversas estrategias seguidas por el movimiento sean inciertas, nos atrevemos a sustentar que a pesar de la creciente acción represiva contra ellos[5], estas marchas y protestas van a continuar por un largo período, en un proceso no lineal de avances y retrocesos, de negociación y de rupturas, de conquistas y derrotas, de cooptación y de resistencia. Lo que sí está claro, es que la sociedad chilena se encuentra retomando sus luchas históricas y, por eso mismo, cimentando una nueva subjetividad al calor de las manifestaciones. Con los conflictos emergiendo permanentemente al plano de lo “visible” y concreto, la democracia se hace en definitiva más saludable, rejuvenece, se fortalece y profundiza, ya que sabemos que el exceso de consenso puede ocultar generalmente el miedo y la apatía, sentimientos enormemente perniciosos cuando se ciernen sobre una comunidad o país que aspira a construir un futuro más justo y fraterno.
- Fernando de la Cuadra es Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del Laboratorio de Estudios de la Violencia (LEV) y de la Red Universitaria de Pesquisadores sobre América Latina (RUPAL). Blog: fmdelacuadra.blogspot.com
[1] Es necesario consignar, que al comenzar su mandato, Piñera nominó varios empresarios para asumir importantes pastas del gobierno (Relaciones Exteriores, Economía, Minas y Energía, Obras Públicas, Agricultura), situación que ha ido cambiando en el transcurso de su administración, reemplazando algunos de ellos por ministros con un perfil más “político”.
[2] En la última encuesta realizada por el CERC (Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea) se constata que el nivel de aprobación del gobierno solamente alcanza a un 22% y, por el contrario, el índice de desaprobación se elevó a un 66%. Por su parte, la falta de credibilidad en el Presidente Piñera llega a unos 83%, sumados los que directamente no creen nada (67%) y los que sólo creen un poco (16%).
[3] Plebiscito informal y no vinculante realizado durante los días 7 y 8 de octubre a partir de una convocatoria de la Mesa Social por la Educación que congrega diversas entidades como el Colegio de Profesores de Chile, Confederación de Trabajadores del Cobre, Patagonia sin represas, CONFECH, Confederación de Estudiantes Secundarios (CONES), etc.
[4] En este momento, el dialogo entre el gobierno y los estudiantes se encuentra congelado.
[5] Existen fuertes indicios de que la represión contra el movimiento estudiantil y otros sectores movilizados se puede profundizar en lo que resta del mandato de Piñera, dado que el gasto en sistemas de inteligencia, vigilancia y seguridad ha aumentado considerablemente. Además, la campaña anti-delincuencia está siendo utilizada como pretexto para montar una red de control, seguimiento y espionaje sobre la población en general, en el marco de aquello que se ha denominado Doctrina de Seguridad Ciudadana.
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