Juez con poder de bloquear ley de Arizona conoce bien la frontera

PHOENIX (AP) - La juez federal que podría impedir la entrada en vigor de la estricta ley de inmigración en Arizona ha enfrentado la realidad de la porosa frontera del estado con México durante casi 10 años.

La juez Susan Bolton condenó a un contrabandista mexicano a 16 años en prisión por provocar la muerte de 14 inmigrantes indocumentados en el desierto de Arizona.

En el 2002 decidió que los integrantes de la Patrulla Fronteriza gozaban de inmunidad legal y no podían ser demandados por su participación en una redada contra inmigrantes indocumentados en 1997 que llevó a 430 arrestos y generó denuncias de hispanos con ciudadanía estadounidense que fueron hostigados por su apariencia.

Ahora Bolton, una ex juez estatal a quien el presidente Bill Clinton nombró a la Corte Federal en el 2000, se encuentra en el vórtice de la mayor controversia sobre inmigración de los últimos años y su falló determinará si los estados, frustrados ante las acciones federales, pueden inmiscuirse en la lucha contra la inmigración ilegal.

"Creo que ella es la mejor juez para tener este tipo de caso", señaló el ex juez de la Corte Superior del condado de Maricopa Kenneth Fields, quien describió a Bolton como una jurista equilibrada con la habilidad de manejar casos complejos y una amplia experiencia judicial que incluye casos en cortes penales, civiles, familiares, juveniles y contra el narcotráfico.

La nueva ley exige que la policía, además de mantener el orden y hacer cumplir los reglamentos, interrogue a las personas sobre su situación migratoria si existen motivos para sospechar que se encuentra en el país de manera ilegal.

Por el momento se han interpuesto siete demandas contra la ley, que entraría en vigor el 29 de julio a menos que Bolton lo impida.

Los simpatizantes de la medida dicen que es necesaria porque el gobierno federal no ha brindado seguridad en las fronteras ni ha deportado a los inmigrantes indocumentados.

Sus opositores señalaron que no hay manera de aplicar la ley sin señalar específicamente a los hispanos, además de que los esfuerzos de combate a la inmigración ilegal son la responsabilidad exclusiva del gobierno federal.

Es mucho lo que está en juego. Si Bolton decide en favor de la ley de Arizona, abrirá el camino para que otros estados adopten medidas similares en un tema que ha sido desde hace mucho responsabilidad exclusiva del gobierno federal.

Bolton ya ha decidido en otros dos casos no relacionados a la inmigración en la que la ley federal ha prevalecido sobre leyes estatales.