(Extracto)
La práctica del aborto en este país es aún fuente de inseguridad jurídica para las mujeres y para el personal sanitario. También acarrea una importante inequidad territorial y social. La legislación con que contamos supone un tutelaje intolerable sobre las mujeres y de criminalización del derecho que nos asiste a todas nosotras de decidir sobre nuestra maternidad, es decir, sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Desde que se aprobó la legislación vigente, hace ya casi 24 años, las mujeres del movimiento feminista ha reclamado insistentemente un nuevo enfoque, que ponga en el centro el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Queremos aprovechar para hacer un reconocimiento especial a esas mujeres que han contribuido a la lucha de nuestros derechos, sin las cuales no estaríamos hoy aquí.
Consideramos que la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que realizar en condiciones de seguridad y legalidad tanto para las mujeres como para el personal sanitario. Para conseguirlo exponemos las 9 cuestiones que consideramos más importantes :
1. En primer lugar, que el aborto se regule en una ley específica y deje de estar tipificado como delito regulado dentro del Código Penal, siempre y cuando no se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia.
2. En segundo lugar, que se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública. Como saben, el 97% de los abortos se realizan en el sector privado, lo que constituye la mayor inequidad de nuestro sistema sanitario público, pues la financiación recae mayoritariamente en las propias mujeres.
Para garantizar pues el cumplimiento de nuestros derechos, instamos a : a. Que se regule la objeción de conciencia del personal sanitario. b. Que se garantice la equidad territorial mediante la elaboración de un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud, que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública c. Instamos a que se respete y se preste apoyo institucional al conjunto de profesionales que practica efectivamente los abortos d. y por último que se realice un seguimiento médico protocolizado después de la IVE con el fin de fomentar prácticas sexuales seguras entre las mujeres y los hombres
3. En tercer lugar, respecto al derecho de las mujeres a decidir. Quisiéramos dejar constancia que sobre el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo no admitiremos ni cuestionamientos ni ambigüedades. Una combinación inadecuada de plazos y supuestos puede dar lugar a un retroceso legislativo y a una restricción del concepto integral de salud acuñado por la OMS, por lo que nos posicionaremos en contra de una regulación que establezca un plazo de libre decisión, pero que desproteja a las mujeres en las situaciones más difíciles, sin tener en cuenta los riegos para su salud física y psíquica en cualquier momento del embarazo, supuesto que sí recoge la actual regulación.
4. En cuarto lugar, respecto al período de reflexión previo a la IVE, consideramos que supone un cuestionamiento de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida. La práctica de las IVE no pueden verse obstaculizadas por la valoración ni juicios morales de otras personas que no sean la propia mujer.
5. En quinto lugar y en consonancia con el Informe de la Subcomisión y el del Comité de Personas Expertas, nos parece fundamental reconocer la autonomía en la decisión de las menores a partir de los 16 años, sin que sea necesaria ninguna autorización externa para practicarse una IVE.
6. En sexto lugar, el aumento de los abortos en mujeres jóvenes, pone de manifiesto las barreras existentes para el acceso a los métodos anticonceptivos. Con el fin de variar esta tendencia consideramos necesario que la anticoncepción tenga el mismo tratamiento financiado que otros productos de farmacia y parafarmacia dentro del sistema sanitario público, ya que como bien saben, ni los preservativos femeninos ni masculinos, ni los diafragmas, ni los DIUS ni los anticonceptivos orales de última generación están financiados.
7. En séptimo lugar, la formación en interrupciones voluntarias del embarazo no se contempla en los curriculums académicos de las profesiones sanitarias, por lo tanto, instamos a incluir el aborto en los estudios de medicina, enfermería y otras profesiones socio-sanitarias, desarrollando acciones formativas que, desde el enfoque de género.
8. Igualmente, a día de hoy la educación e información en salud sexual y reproductiva es una materia pendiente en España. Esto supone que las mujeres seguimos sometidas a una sexualidad androcéntrica, coitocentrista y heterosexista que con frecuencia deriva en relaciones de sumisión no placenteras en las que, como bien saben, las violencias y los abusos no disminuyen. Además, este modelo patriarcal de la sexualidad, hace que la incidencia de infecciones de trasmisión sexual, especialmente de VIH, esté aumentado de manera preocupante en mujeres heterosexuales.
9. Finalmente y como representantes de un conjunto amplio de población, exigimos una interlocución fluida, sistemática y en igualdad de condiciones entre los partidos políticos y las organizaciones feministas a la hora de debatir el anteproyecto de Ley, con el fin de que se tengan en cuenta nuestras aportaciones de la misma manera que se hace con el resto de interlocutores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario