Las instituciones públicas culturales y las ciencias sociales en el país tienen un reto particularmente complejo en la coyuntura actual: ha arrancado un ciclo conmemorativo continental.
La representación de la nación como una pirámide militar es poco convincente. Ha habido una serie de reacciones de colectivos sociales que cuestionan la representatividad de esta retórica. Algunas instituciones más atentas a los signos de la época han hecho un intento por incorporar imágenes de mujeres, indios y afrodescendientes a la hazaña de la independencia. Este camino es problemático porque pretende resolver la ausencia histórica -de dichos grupos- de la narrativa histórica mediante un gesto de inclusión simbólica que obscurece las tensiones y violencias que caracterizaron la formación nacional.
Al proponer que desde 1809 existe una batalla común entre los padres de la patria y los largamente infantilizados hijos, se desconocen los esfuerzos de aquellos grupos sociales que irrumpieron en la política a través del conflicto y la organización de alternativas contrarias a la patria excluyente. Según Walter Benjamín esta imagen de evolución sin conflicto oculta la barbarie que se esconde detrás del patrimonio de los vencedores, detrás de los símbolos de su civilización.
Los archivos parroquiales y el testimonio de los vivos dan hoy cuenta de los efectos devastadores que tuvieron las primeras políticas republicanas sobre la vida campesina, así como la reacción de las comunidades a la declaración de sus tierras como baldías para la expansión de la hacienda. Reconocer el conflicto constitutivo permite examinar la participación de la gente en un proceso de descolonización más profundo, es decir, toma el pulso vital de la comunidad. Fue en el siglo XX que las identidades colectivas revelaron las inconsistencias del republicanismo. El testimonio más que la alegoría de la patria debe organizar hoy nuevas categorías de la memoria política. Aunque esta memoria desafíe las nociones de patrimonio cultural largamente dominantes.
Se puede avizorar una secularización de las ciencias sociales, una salida de la celda monástica, y una necesaria reinvención de las políticas públicas sobre memoria y patrimonio que responda a las demandas de los derechos culturales. Actores y movimientos que han exigido reconocimiento y derechos sociales como sustento de nuevas formas de ciudadanía (ciudadanías extraterritoriales; estado plurinacional, soberanía del cuerpo, entre otros) reclaman en las últimas tres décadas un giro en las políticas de la memoria.
Un cambio en el lenguaje de las conmemoraciones es indispensable en el segundo centenario, porque éste no puede forzar identificaciones con alegorías de la patria de un periodo previo a la entrada de las mayorías en política, y tampoco puede dejar de mirar históricamente al siglo XX, sus legados de revoluciones inconclusas y reacciones al cambio.
El bicentenario debe ser una oportunidad para reflexionar sobre conflictos pendientes del presente y fortalecer a los actores dispuestos a dirimirlos.
La representación de la nación como una pirámide militar es poco convincente. Ha habido una serie de reacciones de colectivos sociales que cuestionan la representatividad de esta retórica. Algunas instituciones más atentas a los signos de la época han hecho un intento por incorporar imágenes de mujeres, indios y afrodescendientes a la hazaña de la independencia. Este camino es problemático porque pretende resolver la ausencia histórica -de dichos grupos- de la narrativa histórica mediante un gesto de inclusión simbólica que obscurece las tensiones y violencias que caracterizaron la formación nacional.
Al proponer que desde 1809 existe una batalla común entre los padres de la patria y los largamente infantilizados hijos, se desconocen los esfuerzos de aquellos grupos sociales que irrumpieron en la política a través del conflicto y la organización de alternativas contrarias a la patria excluyente. Según Walter Benjamín esta imagen de evolución sin conflicto oculta la barbarie que se esconde detrás del patrimonio de los vencedores, detrás de los símbolos de su civilización.
Los archivos parroquiales y el testimonio de los vivos dan hoy cuenta de los efectos devastadores que tuvieron las primeras políticas republicanas sobre la vida campesina, así como la reacción de las comunidades a la declaración de sus tierras como baldías para la expansión de la hacienda. Reconocer el conflicto constitutivo permite examinar la participación de la gente en un proceso de descolonización más profundo, es decir, toma el pulso vital de la comunidad. Fue en el siglo XX que las identidades colectivas revelaron las inconsistencias del republicanismo. El testimonio más que la alegoría de la patria debe organizar hoy nuevas categorías de la memoria política. Aunque esta memoria desafíe las nociones de patrimonio cultural largamente dominantes.
Se puede avizorar una secularización de las ciencias sociales, una salida de la celda monástica, y una necesaria reinvención de las políticas públicas sobre memoria y patrimonio que responda a las demandas de los derechos culturales. Actores y movimientos que han exigido reconocimiento y derechos sociales como sustento de nuevas formas de ciudadanía (ciudadanías extraterritoriales; estado plurinacional, soberanía del cuerpo, entre otros) reclaman en las últimas tres décadas un giro en las políticas de la memoria.
Un cambio en el lenguaje de las conmemoraciones es indispensable en el segundo centenario, porque éste no puede forzar identificaciones con alegorías de la patria de un periodo previo a la entrada de las mayorías en política, y tampoco puede dejar de mirar históricamente al siglo XX, sus legados de revoluciones inconclusas y reacciones al cambio.
El bicentenario debe ser una oportunidad para reflexionar sobre conflictos pendientes del presente y fortalecer a los actores dispuestos a dirimirlos.
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