Las adquisiciones de fincas agrarias en países pobres, última tendencia entre corporaciones, fondos de inversión y países importadores de comida, supone enfrentar a los más pobres al posible desalojo de sus tierras y al acceso a las mismas y a sus recursos, como el agua. Así se desprende de un estudio encargado por las agencias de las Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Desarrollo (UNDP), presentado ayer.
Si bien el documento puntualiza que las adquisiciones (por lo general en África mediante contratos de alquiler de medio siglo o un siglo por los que apenas se paga nada) pueden constituir un beneficio al suponer inversión extranjera, atracción tecnológica, incremento de la productividad agraria y creación de empleo y de infraestructuras, tal y como se están llevando a cabo, con precarias consultas a la población local, falta de transparencia y sin asegurar en los contratos los compromisos de inversión, empleo o desarrollo de infraestructuras, supone poner en riesgo el modo de vida de miles de pequeños agricultores o pastores, cuya existencia depende de la tierra.
El estudio, realizado por el Instituto Internacional para el Medioambiente y el Desarrollo (IIED), enfatiza la necesidad primera de los gobiernos africanos de asegurar los títulos de propiedad de la población local, para protegerla, evitar que sea desposeída arbitrariamente y, asimismo, posibilitar que obtenga mayores beneficios de los hipotéticos inversores.
Los autores del informe han analizado los contratos a los que han llegado diversos países africanos con corporaciones, fondos de inversión y países importadores de comida como los del Golfo Pérsico, del Sudeste Asiático y China. A la vista de estos documentos alertan de que existe entre los inversores la creencia de que África (y Latinoamérica) tiene tierra en abundancia disponible, yerma o abandonada, "pero hay que ir con cuidado con estos términos". Opinan que son usados para equipararlas a tierras no productivas, cuando puede ser que sean usadas intermitentemente (se dejen en barbecho) por pequeños agricultores o por pastores o por cazadores-recolectores.
Esta situación se habría dado ya en Tanzania, Etiopía o Mozambique, donde tierras que sí estaban siendo usadas se habrían alquilado como "abandonadas".
Si el acopio de tierras por firmas inversoras extranjeras podría tener beneficios, algo que enfatizan los autores, dichos beneficios no están tan claros cuando se revisan los acuerdos firmados con los gobiernos africanos (se han estudiado inversiones en Etiopía, Ghana, Kenia, Madagascar, Mozambique, Sudán, Tanzania y Zambia), donde se constata falta de transparencia e imposibilidad del público de acceder a los contratos.
La tierra en sí o se da gratis o tiene un cargo nominal (entre 5 y 10 euros la hectárea en Mali). Los gobiernos esperan beneficios como infraestructuras o creación de empleo. Pero los contratos -"por lo general cortos y simples"- carecen de explicaciones sobre riesgos o beneficios, sobre el tipo de negocio a llevar en la tierra (si será una plantación típica, si se formará un negocio conjunto con la población local) o sobre contratación.
Los autores del estudio reclaman la necesidad de consultas transparentes con la población (apuntan que en algún caso estas consultas se limitan a los ancianos de los pueblos, a los oficiales y a la élite del gobierno municipal). Cuestiones como la seguridad alimentaria en el propio país también son, en muchas ocasiones, pasadas por alto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario