viernes, 22 de septiembre de 2017
11 de Setiembre en Chile:Un golpe para masacrar y saquear a un país
Un golpe para masacrar y saquear a un
País
El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue
una acción militar llevada a cabo por cúpulas de las Fuerzas Armadas de Chile de
la Marina, Fuerza Aérea y el Ejército,
en conjunto con Carabineros para
derrocar al gobierno de la Unidad Popular que encabezaba el presidente Salvador Allende.
Salvador Allende había asumido en 1970 como Presidente de
Chile y la posibilidad de ser objeto de un golpe se había asomado mucho antes
en el marco de la denominada “Guerra Fría”. El gobierno de Estados Unidos,
dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry
Kissinger, influyeron decisivamente en grupos políticos, empresariales y
militares opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la
realización de un golpe de Estado. Dentro de estas acciones se encuentran el
asesinato del general René Schneider y el Tanquetazo, una sublevación militar
el 29 de junio de 1973.
El empresario que encabezó los enlaces con los servicios de
inteligencia de Estados Unidos para la planificación del golpe de estado, fue Agustín Edwards Eastman, quien fue propietario de la empresa
periodística El Mercurio S.A.P., que publica los diarios chilenos El Mercurio y
La Segunda, entre otros. Las acciones de conspiración en Chile incluyeron
medidas para la desestabilización del gobierno, campañas comunicacionales, la
polarización del País, la promoción de la violencia civil, sabotajes, entre
otras.
Si bien otros países sudamericanos vivieron también feroces
dictaduras militares como Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina, la de Chile
tuvo la característica de instaurar un grotesco laboratorio del modelo neoliberal, desarrollándose
a su vez un amplio saqueo del País, otorgando amplios beneficios y privilegios
a un grupo económico oligárquico instalándolos en la cúspide del poder, con un
amplio proteccionismo desde el estado y co gobernando con los sectores
militares golpistas, status logrado a través de múltiples actos de crueldad, persecución,
asesinatos, masacres, , torturas y exilio de un amplio sector de la población.
Parte importante de este status y de los privilegios
otorgados a esa oligarquía durante la dictadura militar se mantienen en el
presente al interior del estado chileno y por razones legales, fácticas y también
de corrupción, han sido parte importante
de las negociaciones y sumisiones de los diversos gobiernos en el denominado
retorno al periodo democrático, donde los grupos económicos luego del saqueo y
control de recursos, bienes y servicios durante el régimen que encabezó Augusto
Pinochet Ugarte y la Junta Militar (11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de
1990), que mantenía numerosas restricciones comerciales con países democráticos
en el mundo, logran durante los
gobiernos de la Concertación abrir caminos a la exportación por medio de
numerosos tratados internacionales de Libre Comercio, siendo el gobierno de
Ricardo Lagos el que más contribuyó en ese sentido, inflándose la fortuna a
nivel mundial de grupos como Angelini, Matte, Paulmann, Luksic, Piñera, entre otros.
Durante la dictadura militar las aguas del País se
mercantilizan a fines privados y se inicia un periodo de amplias
privatizaciones, comenzando un proceso de expansión del extractivismo
(minerías, forestales, celulosas, pesca, otros) y la sobre explotación de los
territorios para el lucro de estos grupos.
El dictador Augusto Pinochet Ugarte murió el 10 de diciembre
del 2006 con una gran fortuna que estaría relacionado con el saqueo y favores
concedidos a intereses empresariales. Por su parte, el empresario conspirador
del golpe, Agustín Edwards, murió el 24 de abril del 2017.
Antecedentes de la
masacre
Con el golpe de estado se declara el Estado de Sitio en todo Chile
y se prorroga hasta 1987. Esto significó la sustracción de la justicia y el
traspaso a jurisdicción militar de tiempo de guerra el conocimiento y decisión
de las causas por infracción a las normas de dicho Estado de Sitio.
Bajo esta excusa el gobierno de Pinochet se dedicó a hacer
detenciones arbitrarias. Se calcula en más de 250.000 detenciones las
realizadas los primeros días del golpe.
Ejecuciones sin previo aviso, desapariciones y muertos en falsos
enfrentamientos, se volvieron prácticas habituales. Diversos testimonios han
dado cuenta de la existencia en ese periodo de la delación entre vecinos y
colegas fomentada por la Junta Militar.
A comienzos de la dictadura se disolvió el Congreso Nacional y el
Tribunal Constitucional, los partidos de izquierda fueron considerados ilegales
y disueltos. Otros partidos fueron considerados en receso, mientras que los
Registros Electorales se incineraron y se cesaron las funciones de Alcaldes y
Regidores.
Si bien, no existe unanimidad respecto al número real de víctimas
de las violaciones a los derechos humanos en Chile durante ese periodo, el
número que se ha dado bajo el comando de Augusto Pinochet, se estima en 40.280
personas, entre asesinados, desaparecidos y torturados. El dato consta en el informe
oficial en 2011 de la Comisión Asesora para la Calificación de Presos,
Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura
Entre 1990 y 1991, la Comisión de Verdad y Reconciliación -más
conocida como Comisión Rettig- reunió miles de testimonios y documentos sobre
los muertos y desaparecidos. Su trabajo fue completado entre 2003 y 2004 por la
Comisión sobre Prisión Política y Tortura -más conocida como Comisión Valech-,
que conoció los relatos de las víctimas y los métodos que utilizaron los militares
y agentes de la dictadura.
La Comisión Rettig estimó en 2.279 el número de muertos o
desaparecidos, pero un tercer grupo de trabajo, la Comisión de Reparación y
Justicia, añadió una nueva lista de 899 crímenes, que elevó la cifra final de
víctimas a 3.197.
A su vez, en el informe elaborado por las Fuerzas Armadas,
entregado a una Mesa de Diálogo cívico-militar que se reunió entre 1999 y 2001,
figuraron 200 nombres de detenidos desaparecidos. Todos ellos fueron lanzados
al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile o sepultados en lugares ignorados,
sobre un total de 1.198 hombres y mujeres, publicaba laverdad.es.
Las principales cifras de estos informes arrojan que un 46 %
aproximado de las víctimas asesinadas no tenía afiliación política y la mayoría
de los ejecutados militantes, eran integrantes del Partido Socialista, del
Movimiento de Izquierda y del Partido Comunista. Los sindicatos también
sufrieron parecida suerte. Estos fueron unos de los principales blancos de la
oleada inicial.
Por su parte, al menos 150 religiosos fueron obligados a salir del
país en los primeros compases de la dictadura. Las iglesias formaron grupos
pro- defensa de los Derechos Humanos (Comité Pro-Paz) y su actuación en
ocasiones llegó a enfurecer al propio gobierno.
Al final en 1975 está organización comandada por el Cardenal Silva
es cerrada adoptando como motivo principal que es una organización por la cual
los marxistas – leninistas crean problemas que perturban la tranquilidad
nacional. En sus años de vida esta organización denuncio más de 6900 casos de
persecución política además se asesoraron más de 6900 casos de exoneraciones.
Las persecuciones de religiosos se sucedieron y hubo muertes y
torturas de sacerdotes laicos así como incendios de capillas. En 1974 los
sacerdotes españoles Antonio Llido y Gerardo Poblete murieron a consecuencia de
las torturas. El comité Pro-Paz del Cardenal Silva fue sustituido por la
Vicaría de la Solidaridad creada por la Archidiócesis. Su labor de
asesoramiento y de denuncias condujo a la persecución de los que trabajaban en
ella.
Ante esto hubo grandes ejecuciones y secuestros masivos en el
mundo del campesinado y comunitario. La persecución de dirigentes rurales iba
paralela al desmantelamiento de la reforma agraria, traspasando tierras de
campesinos y comunidades a intereses empresariales.
Se estima en más de 171 las personas de origen Mapuche que fueron
ejecutadas o desaparecidas, según informe que encabezó el
historiador Hernán Curiñir, señalando: “Existe el caso de una lactante menor de
1 año y una señora de 73 años asesinadas por agentes del estado”.
Los
Principales órganos de “inteligencia” que actuaron en esta política del terror
eran: El Servicio de Inteligencia Militar. (S.I.M.), Servicio de Inteligencia
Naval. (S.I.N.), El Servicio de Inteligencia de Carabineros. (S.I.CAR.), El
servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. (S.I.F.A.), La dirección Nacional
de Inteligencia. (DI.NA.), El Comando Conjunto, La Central Nacional de
Informaciones. (C.N.I.), La Dirección de Comunicaciones de Carabineros.
(DI.COM.CAR), Comando de Vengadores de Mártires. (CO.VE.MA.). Varios de agentes
de inteligencia post dictadura formaron empresas de seguridad, como Osepar, que
colaboraron con empresas forestales chilenas,
tema que fue atendido por un Grupo de Trabajo de la ONU sobre Mercenarios y
Guardias Privados y que presentó su Informe de Mision a Chile,
ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Marzo de 2008.
Antecedentes del
saqueo
No es
posible desprender el golpe de estado con los principales grupos económicos
beneficiados de la dictadura militar, como tampoco la fortuna del dictador.
Según el autor del Libro “Pinochet, el gran comisionista”,
la riqueza del dictador superó los 29 millones de dólares, pero hay voces que
dicen que esta suma es muchísimo mayor: departamentos en Valparaíso, Reñaca,
Iquique, Santiago, propiedades en el Molocoton, Parcelas en Quintero, autos,
entre otros. ¿Fortunas propias que se ganan en una carrera militar y de
servicio a la “patria”?
725 era el
número de compañías en manos del Estado al momento del golpe de estado del 11
de septiembre de 1973. La mayor parte fue a parar a manos de grupos económicos
altamente concentrado cuya mayoría surgieron y se consolidaron en los primeros
años de la dictadura. Al menos se perdieron 2.500 millones de dólares, en
cifras de la época, solamente en la transferencia a manos privadas de las 30
empresas más grandes. Estos montos, de acuerdo al porcentaje del PIB,
corresponderían hoy a unos 6.000 millones de dólares, según señalaba un informe de
diputados que fueron opositores a la dictadura y que recabaron información.
Varias de estas empresas recayeron en amistades cercanas e
incluso parientes, como el yerno del dictador, con la empresa Soquimich que
significó 261,9 millones de dólares menos que su valor real. Corfo, además,
dejó de percibir 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal
Iansa. La generadora de electricidad Endesa representó una pérdida de 895,6
millones de dólares, otra generadora del mismo rubro, Chilgener (hoy Gener) de
171,1 millones de dólares, la distribuidora Chilectra de 96,4 millones de
dólares y el Banco de Chile de 66,9 millones de dólares, dicta el informe
parlamentario. Asimismo, se enajenaron 15.000 propiedades inmuebles de bienes
nacionales, de los cuales 11.000 fueron a parar directamente a manos de
privados. “Estamos hablando de cerca de ocho millones de hectáreas que estaban
en manos del Estado, cerca de 20% se mantuvo en poder de campesinos, pero el
resto fue transferido a otros privados”, explicaba el diputado Carlos Montes
sobre este informe.
Por otra
parte, más de 600 empresas privadas fueron cerradas durante la dictadura
militar tendiente a privilegiar el monopolio sobre ciertas actividades a favor
de grupos aliados o también llamados co gobernantes. Cierre de medios de
comunicación, empresas de servicio, energía, entre otras. Finalmente, la
imposición del modelo neoliberal impuso marcadamente una pirámide, la que post
dictadura fue administrada por los gobiernos de la concertación y que arrojó,
por ejemplo, que grupos o personas como “Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y
Piñera, gane lo mismo que un millón de chilenos” con fortunas
acumuladas de manera absolutamente inmoral, en gran parte a costa de la depredación
de industrias extractivas, energéticas o la banca.
La estatal Endesa pasó a privatizarse y allí, los intereses de
varios grupos económicos-políticos alineados con la dictadura pasaron a su vez
a vincularse con la transnacional matriz en España. La misma, recibió el
control de más del 80 % de las aguas de Chile. COPEC, el holding petrolero,
conexa con empresas como Forestal Arauco y Celulosa Celco, pasó a las manos del
empresario italiano Angelini. Grandes extensiones de tierras, muchas de las
cuales eran de la reforma agraria de campesinos y comunidades, son traspasadas
a favor de los grupos forestales, incluido los Matte con CMPC. Asimismo, con el
cierre de numerosos medios de comunicación, Agustín Edwards se queda prácticamente
con un monopolio, controlando la prensa escrita a través del mercurio y sus
diarios conexos nacionales y regionales, convirtiéndose en el instrumento
comunicacional de la dictadura y recibiendo fortunas de arcas públicas a costa
del avisaje estatal. También, se puede señalar el paso de concesiones mineras a
numerosas empresas extranjeras, entre numerosos otros casos relacionados al
saqueo del País.
La salida del dictador
Pactos y diversos acuerdos establecidos entre militares, sectores
político – empresariales de la ultra derecha chilena y la Concertación por la democracia habrían
generado la salida pacífica del dictador Pinochet en 1990 a tal extremo, que
los gobiernos “democráticos” terminaron administrando el modelo económico de la
dictadura y continuaron con los beneficios para los grupos económicos
privilegiados por el régimen militar.
Cabe señalar que el empresario y militante de la derecha, Sebastián
Piñera, quien fue presidente de Chile entre los años 2010 al
2014, durante la campaña de 1988 del Sí y el No sobre la continuidad del
Gobierno de Pinochet apareció manifestando su opción por el NO, tratando de
vestirse en la gesta “democrática”. Era evidente que así sería para los grupos
privilegiados por la dictadura. El modelo ya había sido impuesto, los
monopolios y oligopolios ya habían sido instalados y mantener a Pinochet a la
cabeza del estado era inviable ya que los distintos países calificados de
“democráticos” y respetuosos de los derechos humanos no podían establecer
relaciones comerciales – diplomáticas con una dictadura militar, la que además
tenía una larga lista de denuncias por masacres y violaciones sistemáticas de
derechos humanos, entonces, había que “sacar al dictador”, en pacto, para que
luego los diversos tratados comerciales se pudiesen liberar.
Cabe
mencionar que Piñera, durante la dictadura militar, no solamente fue
privilegiado, sino además obtuvo diversos niveles de proteccionismo. Documentos desclasificados
de la CIA en Estados Unidos muestran
no sólo el nivel de influencia y relación de su persona con la dictadura o a
través de su hermano como ministro de estado o de su padre, que le dieron
ventajas en sus proyecciones empresariales, sino además incluye una gestión de
lobby del Embajador de Estados Unidos James Theberge con el Presidente de la
Corte Suprema para ir en su favor e incluso, la de una operación de
inteligencia que lo sacó del país mientras tenía orden de detención, sin
perjuicio de que la investigación judicial concluyó con la condena de dos de
los implicados en la estafa al Banco de Talca, mencionados también en los
documentos, quienes pasaron una respetable temporada tras las rejas.
Esto explica el rol fundamental que tuvo Piñera para pedir el retorno del dictador
que se encontraba en Inglaterra detenido por acciones de la justicia
internacional, bajo las peticiones del Juez español Baltazar Garzón por delitos
de lesa humanidad. Piñera decía que “No somos colonia de nadie”.
Finalmente, Pinochet retornó a Chile y murió postrado, claudicado,
sancionado moralmente, pero bajo una impunidad política y judicial otorgada por
el pacto “Militar – político – empresarial”, cuya herencia se manifiesta en el
presente en las estratosféricas fortunas de grupos económicos, una Constitución
Política fáctica que sigue vigente y amplias redes de corrupción entre sectores
empresariales con políticos.
Alfredo Seguel
Foto adjunta: Xinhua
VER VIDEOS
Recetas para saquear a un País (La Revuelta) / https://www.youtube.com/watch?
El Golpe de estado en Chile / https://www.youtube.com/watch?
Interferencia secreta en señal militar durante el Golpe de Estado
/ https://www.youtube.com/watch?
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"Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga". (Ghandi)
martes, 22 de agosto de 2017
Correa y Moreno: muere un amor
Lenin Moreno avanza en su ruptura
con Correa. Acusasiones, giros económicos y cambios políticos en el país
de la Revolución Ciudadana.
Alianza País (AP) consiguió la presidencia de Ecuador en 2007 con la primera candidatura presidencial de Rafael Correa, quien proclamó la llamada «Revolución Ciudadana». Para cuando Lenin Moreno, el actual presidente del país, termine su período en 2021, AP habrá manejado la presidencia por aproximadamente catorce años. Un récord para un país políticamente inestable desde su retorno a la democracia en 1979. Sin embargo, a pesar de la continuidad de AP y de la promesa de estabilidad, a menos de tres meses en el poder, Correa acusó de traidor al Presidente Moreno, quien, a su vez, dejó sin funciones explícitas al vicepresidente. Si bien es cierto que es probable que una transición presidencia reacomode a las fuerzas políticas, ¿qué pasó en el país para que esta transición haya sido desestabilizante? ¿Qué papel juega o deja de jugar AP en esta transición? Es de esperar que un cambio presidencial traiga cambios y reconfiguraciones, pero este puede tener un desenlace mayor.
Hay al menos tres factores que influyen en la transición presidencial actual y que, seguramente, marcarán la política en los próximos meses. Primero, la difícil posición fiscal y económica que heredó el Lenin Moreno. Este marco lo presiona, por un lado, a realizar un ajuste fiscal necesario pero impopular. Por otro lado, reconocer la debilidad fiscal actual – implícita o explícitamente –construye una narrativa que modifica la imagen que Correa pretendió crear para sí: el economista manejó eficientemente el mayor «boom petrolero» del país. Ambas situaciones construyen rivales políticos para el gobierno actual: los posibles perjudicados del ajuste y Correa (y el correísmo). De hecho, Correa ya mostró su abierta oposición a un plan económico que traicionaría – según él – el legado de la Revolución Ciudadana.
El giro en el Ejecutivo no será únicamente en la esfera económica. En otras áreas se perfilan más cambios sustanciales. Tal es el caso de la educación superior. Correa construyó opositores en este sector a través de su reforma, pero ahora estos actores dialogan fluidamente con las autoridades actuales. Otro ejemplo es el del manejo petrolero. Allí también se perfila un cambio en la modalidad contractual entre el Estado y los operadores privados –definidos anteriormente a partir de la estrategia del manejo «soberano» de Correa—. Sin embargo, no todo son cambios. Las relaciones exteriores – un área sensible e importante – mantiene la vieja línea.
El segundo ingrediente de la transición actual es la estructura y organización de AP. A pesar de (o debido a) llevar diez años en el poder, el partido de gobierno no cuenta con una organización que guíe su estrategia y sus acciones. Este movimiento carece de instancias que viabilicen el procesamiento democrático de los retos que enfrenta, de las diferencias internas, y de la toma de decisiones. Por ello, frente al reto de gobernar en una difícil situación económica y fiscal, no sabe cómo desarrollar la salida política a la crisis. Algunos de sus legisladores – que son más de la mayoría en el Congreso – se apoyan en el voluntarismo para «reconciliar» a sus líderes, en lugar de procesar el momento económico y ser parte de su solución con votos y propuestas.
El último elemento presente en la transición presidencial ha sido la corrupción. Las acusaciones de mal manejo y corrupción sobre áreas específicas de los gobiernos de Correa flotaron en el ambiente durante años. Pero desde la publicación de los Panama Papers y el arresto de Marcelo Odebrecht, crecieron las pruebas en contra de funcionarios específicos, algunos de los cuales ya enfrentan cargos. Gran parte de las acusaciones son sobre malos manejos en la industria petrolera y en la construcción de hidroeléctricas; áreas que dirigió Jorge Glas como ministro y vicepresidente de Correa. Gran parte de la opinión pública y de la oposición ve a Glas como el principal responsable, al menos político, de estas acusaciones. Como consecuencia, Glas es una piedra pesada que acarrea el gobierno actual. Y aunque Moreno retiró las atribuciones de su vicepresidente, no puede deshacerse de él tan fácilmente porque cuenta, al menos parcialmente, con el apoyo de Correa y el movimiento que encarna.
La transición política y económica que lleva Lenin Moreno le obligó a antagonizar con su antecesor. Necesita apoyo político y social para su reforma económica y fiscal, y ni Correa ni el correísmo se lo brindarán. Las pruebas que «aparecen» de a poco sobre casos donde hubo sospecha de corrupción son oportunas para Moreno: se acercan cada vez más a Glas y podrían ayudarle a deshacerse de una carga pesada y brindarle legitimidad para abrir espacios de diálogo con otros sectores por fuera de AP. Su objetivo no es únicamente conformar mayorías legislativas sino canalizar otras demandas y contener la respuesta social a algunas de sus reformas. Al frente está un sector del partido de gobierno encabezado por Correa, que mira en esta coyuntura la posibilidad de perder poder (influencia, acceso a espacios de decisión, y la disputa por el legado de Correa). En el medio se chorrea un partido sin estructura.
Es poco probable que Moreno conceda nuevamente funciones a su vicepresidente, quien está cada vez más acechado por denuncias. Pero aún queda por saber la forma institucional en que asentará esta ruptura. Es de esperar una reacción de Correa tras perder esta batalla. Por lo pronto, su capital político se basa principalmente en su posibilidad de ser candidato y presidente en el 2021, en tanto la ausencia de reglas que brinden alternancia y predictabilidad al juego político le otorgan espacio a las personas. Pero si Moreno convoca a una consulta popular para limitar la reelección presidencial (indefinida) – y esta opción gana –Correa no sería presidente nunca más. Hasta allí llegarían las promesas que pueda hacer para aglutinar apoyo a su alrededor. Por otro lado, aún es temprano para prever lo que pueda pasar con AP. Con seguridad, esta transición tendrá efectos sobre el movimiento, pero no se debe perder de vista que la ausencia de estructura le brinda flexibilidad para adaptarse a nuevas circunstancias.
La reforma económica que Ecuador requiere actualmente muestra – otra vez – que las «vacas flacas» traen retos a su gobernabilidad democrática. Pero a diferencia del pasado, en el que la capacidad para concertar salidas políticas a la crisis acentuó la rivalidad entre partidos, ahora el conflicto ocurre dentro del partido de gobierno. Antes, las soluciones se dieron por fuera de la Constitución debido a la incapacidad institucional por contener la crisis. Ahora, parece que el sistema político podrá manejar el conflicto. También desde una mirada optimista, esta puede ser una coyuntura crítica que canalice cambios institucionales importantes: eliminar la reelección presidencial indefinida y una reforma del Estado que fortalezca la rendición de cuentas horizontal (opacada en los últimos años). Si así ocurre, Moreno desmontaría el legado institucional de Correa. Esta transición presidencial puede ser el primer paso del camino hacia un nuevo ciclo político.
lunes, 21 de agosto de 2017
La negación de la transversalidad de las luchas: Fatal Error
La lucha de género no es sólo incluir mujeres y personas LGTBI en las organizaciones sociales, se nos olvida que son sujetos políticos combatientes y que la lucha está en las cotidianidades de todos.
El movimiento feminista en Colombia inicia con la confluencia de mujeres pertenecientes a movimientos de izquierda, por allá en los años 70’s, una mezcla entre la línea sufragista y la lucha por el derecho a decidir; desde ahí fue que en el país, y en toda Latinoamérica se empezaron a plantear grandes retos y desafíos para la modernidad, centrada en el hacer del “hombre” blanco y adinerado, un ideal que ha venido siendo reforzado por la influencia de la filosofía y las ciencias; se inicia a hacerle frente al sujeto dominante, reconociendo a su vez, un sujeto oprimido a punto de estallar, rebelarse y trabajar por la construcción de sus identidades negadas. Bien decía Marx que la sociedad burguesa se encargará de crear por sí misma a quienes la destruirán.
En adelante, no cesó la radicalidad del asunto y siguieron buscando las raíces o causas estructurales tejiendo lazos con la academia y construyendo sus propias definiciones y postulados teóricos y filosóficos, y a su vez, intentando buscar alternativas reales que pudiesen aplicar a su cotidianidad para transformarla, en el trabajo, el hogar y en el mismo cuerpo como espacio de disputa.
Pero los feminismos no sólo se han pensado las reivindicaciones de las mujeres, el rechazo al hetero-patriarcado y el derecho al voto; rechazarán también otras matrices de opresión como la raza y la clase, cuestionará la propia construcción social del género y le apostará desde la crítica y la praxis, a subvertir el sistema político, económico, social y cultural que se ha encargado de reproducir las desigualdades.
Esta situación se encuentra empeorada en el territorio colombiano por las violencias; por un lado, las confrontaciones armadas entre paramilitares, militares y guerrillas, quienes se han encargado de degradar los cuerpos y arrebatar la dignidad de los otros, no sólo por medio de la pólvora y las armas, no hace falta revisar a fondo la prensa para enterarse de casos de violaciones, torturas, amenazas y demás técnicas de los grupos armados; pero eso empeora si la persona tiene alguna “desviación sexual”, porque ellos cumplen con el “deber moral” de “corregirla”, o si la persona tuvo la mala suerte de vivir en un lugar donde las balas tocan a diario su puerta y alguno de los bandos la acusa de estar con los otros, la matan porque “hay que callarla”, o si se es militante de una organización social la agreden, porque además de silenciar, hay que enseñarle a las comunidades a tener miedo para que no acaben con el orden.
Si eso le pareció muy malo, súmele la brutalidad del capitalismo y el ascenso del mercado, que poco a poco engulleron todo aspecto de la vida cotidiana, fueron reduciendo la libertad colectiva e impusieron una sociedad de suma de individuos, apenas relacionados por las mercancías. El posacuerdo se tomó de excusa para meter cuanta política pública se les ocurre que pueda beneficiar a ciertos sectores dominantes, la reforma tributaria, la profundización de la privatización y la implementación del enfoque productivo en la educación media y superior, la necesidad de crear más confianza inversionista para llevar a cabo proyectos para el desarrollo del país, entre otros (menos la implementación del Acuerdo). Una sin igual mezcla de horrores ¿No?
A propósito, hay un ingrediente adicional que viene de una receta ya mencionada, eso que llaman extractivismo, los colombianos por cierto lo conocen a fondo; si no es así y usted es colombiano, le recuerdo los siguientes casos: la central hidroeléctrica del Quimbo en el Huila, las pequeñísimas minas del Cerrejón en la Guajira, La Colosa en el Tolima, El Tesoro y la Drummond en el Cesar, Paz del Rio en Boyacá, Cerro Matoso en Córdoba y otras por ahí regadas que forman un total de 40 proyectos de extracción de recursos en todo el país |1| . Cabe a estas alturas preguntarse: ¿Para qué es que son esas tales consultas populares dizque por la defensa del territorio? Ya van 7 municipios que rechazan rotundamente este tipo de proyectos.
Pero la tensión aquí retomada ahonda en la lucha contra ese mal llamado extractivismo –porque sería más apropiado llamar por su nombre lo que viene siendo la apropiación de un bien de una población sin su permiso-; póngase las gafas violetas dentro de la organización e identifique si usted u otros reproducen o no la violencia dentro del movimiento social, y ayuda por medio de lo que unas locas llaman “acto performativo” a reproducir las prácticas machistas, haciendo lo que tal vez le enseñaron en la casa y usted como persona de bien ya está acostumbrada a decirle o hacerle a los otros, que si es un maricón, que venga y me prepara el almuerzo que llegué con hambre del trabajo, que mire como mi mujer tiene los hijos de bien educados, o vea como esa vieja descansa todo el día en la casa viendo televisión.
Si bien es cierto que se ha venido impulsando la formación de campesinos, indígenas y afros, tanto desde espacios impulsados por las propias organizaciones políticas y sociales, como desde las políticas públicas e instituciones formales, sigue siendo una realidad que para las mujeres y las comunidades LGTBI, el acceso y la permanencia tienen un mayor grado de dificultad.
Sería una falacia, por ejemplo, decir que las mujeres ya no sostienen el yugo de todas las labores en el hogar, del cuidado de sus hijos, de los temas de reproducción y anticoncepción, de la administración financiera, porque además las mujeres que viven en el sector rural se encargan de hacer rendir un mes para una familia, el mercado que un citadino de estrato 3 se consume solo durante quince días; siendo aún militantes, lideresas políticas y personas clave en las organizaciones insignia de la lucha contra la destrucción del territorio donde trabajan, viven y tejen lazos con el resto de su comunidad.
Es en esas prácticas donde se empieza a notar si hay un cambio real en la estructura social y cultural, que hace necesario un enfoque de interseccionalidad para llegar a la transformación y abolición de la opresión; hoy, las luchas se encuentran dispersas, como si se limitaran a ser unas reivindicaciones de identidades y libertades individuales, todas por aparte. Se comete el error estratégico de usar las mismas categorías con las que las que históricamente han sido oprimidos, para crear secciones o grupos que luchen por aparte, por lo suyo, desarticulando los procesos, descartando la posibilidad de alianzas, la profundización de debates, el reconocimiento de otras resistencias, y con ellas, los aprendizajes para su aplicación en otros escenarios, la construcción de mundos comunes, de horizontes compartidos donde nos sea mucho más fácil la avanzada contra la existencia y por la liberación de los opresores.
Algunas feministas han intentado llevar ello a cabo, la aplicación de una interseccionalidad desde la visión latinoamericana, un feminismo más propio y popular que añade a esa convergencia su relación con el territorio y las formas de apropiación del mismo; a pesar de que esas visiones han entrado a debatir con corrientes y reivindicaciones de otras líneas feministas que son en gran parte del sector liberal y que han sido satisfechas por medio del impulso al desarrollo creando instituciones que se encargan de dar soluciones parciales, e incluso subsidiarias a los reclamos que se presenten, esas visiones latinoamericanas son tan válidas como las anteriores, puesto que son teorías que surgen desde el quehacer diario de sus actores y que tiene en cuenta sus propias problemáticas.
Hay que reconocer los procesos de mujeres (que también son apoyados por quienes no se reivindican como tal) que a lo largo del continente han intentado crear otros tipos de sociedades por medio de economías solidarias, y se cuestionan el papel de la humanidad ante la naturaleza, reconociendo incluso ésta última como un actor político que se encarga de abastecer a la humanidad de recursos, teniendo en cuenta un trato sostenible y sustentable con la misma.
En estas propuestas ha sido indispensable el diálogo de saberes, que incluye desde los saberes locales, la articulación con procesos pertenecientes a otros sectores, hasta la internacionalización de las luchas, y un conocimiento a fondo de las distintas matrices de opresión y del discurso del poder dominante con el fin de diversificar estrategias que garanticen a largo plazo la victoria en todos los ámbitos, y en lo inmediato, un cambio positivo para una forma de vida que beneficie a la población.
Lo que se quiere dejar en claro es que es evidente que han habido intentos en la articulación de las luchas para que éstas se encuentren imbricadas y sus militantes estén conscientes que deben ir todas a la par, siendo una transversal a la otra, todas son igual de importantes si lo que se busca, insisto, es una transformación que podamos percibir no sólo a niveles macro, sino en el día a día, porque pareciera que la lucha de clase no tiene que ver con la de género, o la de raza no tuviera nada que hablar con la antiespecista o la anticapitalista. Es esencial que surjan nuevos debates, nuevos lenguajes que reconozcan y respeten las localidades, pero que a su vez permita unas subjetividades colectivas, unos marcos comunes que faciliten dar la pelea desde este lado y hacia el interior para acabar con las contradicciones del capitalismo cotidiano, hasta la desaparición del poder dominante.
Bibliografía
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desarrollo”, en: Más allá del Desarrollo. Fundación Rosa Luxemburgo.
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Svampa, Maristella. “Extractivismo neodesarrollista y movimientos
sociales ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas”, en: Más
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Lamus, Doris. Resistencia contra-hegemonía y polisemia: Conformación
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Carosio, Alba. “Feminismo Latinoamericano: Imperativo ético para la emancipación”, en: Género y Globalización. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2009. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/giron/11caro.pdfNotas
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(Tomado de CADTMA http://www.cadtm.org/La-negacion-de-la-transversalidad
TIPNIS: Aceleran obras de tres puentes y ensanchan la vía
En la zona dicen que la maquinaria del municipio Villa Tunari amplía la carretera de ripio que llega hasta Ichoa, límite de la línea roja que protege al TIPNIS.
lunes, 21 de agosto de 2017
Beatriz Layme / Enviada especial al TIPNIS
El canto de los pájaros y grillos es reemplazado por el "rugido”
del motor de la maquinaria pesada, las amoladoras y aparatos para
soldar, que operan los obreros, al menos 15 en cada uno de los tres
puentes que se construyen de forma acelerada en el TIPNIS.
En paralelo, aproximadamente a ocho kilómetros, una topadora del
municipio de Villa Tunari ensancha la vía de ripio que llega hasta
Ichoa, una población habitada por colonos y que está al límite de la
línea roja. Esta demarcación se trazó en 1990, durante el gobierno de
Jaime Paz Zamora, para proteger a las comunidades indígenas.
Las obras avanzan ante la vigilancia de los colonos, quienes se
organizaron con el objetivo de evitar que "forasteros” saquen
fotografías del avance y "vayan a entregarlas a la oposición que está en
contra de la construcción de la carretera” Villa Tunari-San Ignacio de
Moxos, nos advierte uno de ellos.
El primer puente es construido sobre el río Isiboro, tendrá una
extensión de 250 metros de largo y su costo es de 4,9 millones de
dólares. Ahí ya tienen listas las vigas de hormigón, la base de la
infraestructura. Un grupo de tres obreros alista el encofrado metálico
para el vaciado del segundo pilote; otros dos realizan excavaciones.
Tres trabajadores -que están metros más arriba sobre el río de
aguas cristalinas, en el que se ven algunos pececillos-, con ayuda de un
tractor y una volqueta, que exhiben el logotipo de la ABC
(Administradora Boliviana de Carreteras), extraen del río la materia
prima que pasará primero por un proceso de selección desde arena fina,
corriente y grava.
Aproximadamente a dos kilómetros se erige el segundo puente, el
Ibuelo, nombre del río sobre el que se construye. Esta obra será de una
extensión de 120 metros de largo y su costo es de 2,3 millones de
dólares.
En este lugar, los obreros ya tienen casi todo listo para el
vaciado del pilote (las bolsas de cemento, la arena y la grava). Sólo
falta que terminen de soldar el esqueleto de acero. A un costado del río
están dos gigantes mezcladoras, denominadas "Mixers”.
A una distancia más alejada de donde se construye el puente Ibuelo,
y a pocos metros de la población de Bolívar, habitada por colonos,
cuatro obreros "perforan el río” para asentar las bases del primer
pilote del puente Sazsama de 150 metros de largo, y que cuenta con una
inversión de 2,7 millones de dólares.
Los obreros trabajaron hasta las cuatro de la madrugada, mientras
otros seis preparaban el resto de los materiales que requerirán para la
construcción del puente.
Luego de esa faena, trasladan el taladro gigante al otro extremo
del río, donde a pocos metros está la comunidad indígena Santísima
Trinidad. Ahí realizarán el mismo proceso de perforación para asentar
las bases del segundo pilote.
Cuando dejan de funcionar las maquinarias recién se logra escuchar
el canto de los grillos y de los pájaros que salen de sus nidos
colgantes.
En los tres puentes Isiboro, Ibuelo (que son construidos por Amvi) y
Sazsama (edificado por Sergut) no existen restos de alguna
infraestructura antigua. Sólo hay gaviones, los cubos de malla olímpica
rellenos de piedra.
El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, admitió, el 9 de
agosto, que la ABC realiza la construcción de los puentes en el
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
No obstante, en aquella oportunidad, la autoridad sostuvo que los
mismos "son reconstrucciones” y que no estaban siendo edificados "en el
núcleo” del territorio indígena.
"El tema de las obras de rehabilitación son fuera del núcleo (del
TIPNIS), están cerca a la comunidad Isinuta”, precisó el ministro
Claros.
Ensanche de la vía
Son las 9:00 y la maquinaria pesada del municipio de Villa Tunari
inicia su trabajo cerca a la comunidad de Ichoa. El equipo amplía la
carretera de ripio; por detrás, un rodillo de acero se encarga de
compactar la tierra.
"El municipio de Villa Tunari siempre envía la maquinaria para que
haga el mantenimiento de la carretera, es necesario porque hay
hundimientos en algunos sectores y para el transporte es complicado”,
explica Martín Felipe Fernández, mientras nos observa, con actitud
vigilante, por el retrovisor de su moto taxi.
La vía "es necesaria”, comentan algunos colonos de Ichoa, que
comparten una gaseosa popular de la Cascada. Aseguran que la senda les
permitirá transportar sus productos, como la yuca y el plátano, hasta el
mercado campesino de Cochabamba; además, la carretera les posibilitará
-expresan- llevar la coca hasta la población de Aroma, donde está el
mercado de la hoja del Consejo Indígena del Sur (Conisur), ubicado en el
Polígono 7 del TIPNIS.
Los habitantes de la zona admiten que los grandes beneficiados de
la carretera serán ellos y no los indígenas. "Ellos (los indígenas) son
flojos, no les gusta trabajar, mientras nosotros nos sacrificamos desde
las cuatro de la mañana”, dice don Juan, un colono que llegó a la zona
hace 30 años.
La vía de ripio, que inicia desde la población de Isinuta y termina
en Ichoa, es transitada desde las dos de la mañana. La mayoría de los
vehículos no son modernos, son de hace casi siete décadas.
Los pasajeros suben a los mismos -sin dificultad- por una escalera
de acero. También circulan los denominados "suribies”, muchos de ellos
no tienen placa, son "chutos”.
La carretera
- Tramos Según la ABC, la inversión prevista para la ejecución de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es 415 millones de dólares y se extiende 306 kilómetros. Está dividida en tres tramos: el primero es de Villa Tunari a Isinuta (47 km) y ya fue concluido, el segundo tramo es de Isinuta a Monte Grande (177 km) y el tercer tramo abarca desde Monte Grande hasta San Ignacio de Moxos (82 km).
- Inicio En junio de 2011, el presidente Evo Morales inauguró el proyecto con una ceremonia en Villa Tunari, pero la ejecución quedó paralizada luego que en octubre de 2011 entrara en vigencia la norma que declaró intangible al TIPNIS (Ley 180). Seis años después, no obstante, el Gobierno promulgó la nueva ley que da "luz verde” para continuar la construcción de la carretera.
"Tanto sacrificio ¿para qué? (el presidente) Evo Morales dice que
es indígena que escucha al pueblo, cuando sólo beneficia a sus
colonos”, afirma la indígena María Luisa, quien pese a estar embarazada
marchó en 2011, junto a otros originarios, en contra de la
construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Hace seis años, cerca de 1.500 indígenas se movilizaron en contra
del plan del gobierno de Morales de construir una vía atravesando el
corazón del TIPNIS.
Recorrieron 500 kilómetros, desde Trinidad hasta la sede de
Gobierno. El 11 de septiembre, la caravana fue interrumpida por la
represión de efectivos policiales.
"Así embarazada me han arrastrado los policías, todo por defender
mi casa, pero fue en vano”, lamenta María Luisa, quien llora al
recordar ese momento.
Pese a la intervención, en aquella oportunidad, los originarios se reorganizaron y continuaron la caminata.
Esa marcha indígena logró, el 24 de octubre de 2011, que el
presidente Morales promulgue la Ley 180, que declaró la intangibilidad
del TIPNIS y vetó la construcción de la carretera Villa Tunari-San
Ignacio de Moxos.
Sin embargo, seis años después y pese a las protestas de
rechazo de los indígenas, el Primer Mandatario promulgó la ley que
anula la intangibilidad y da paso a la construcción de la vía.
En criterio del presidente Morales, son las ONG, fundaciones y
activistas que se oponen a la ley; y los vinculó con el imperio, pues
enfatizó que con esa postura pretenden evitar el desarrollo de los
pueblos indígenas que viven al interior del TIPNIS.
"A ellos no les interesa que el movimiento indígena tenga escuelas,
hospitales, luz o carretera, no les interesa, pero usan al movimiento
indígena, usan la ecología para vivir bien”, sostuvo, antes de reprochar
que estos sectores cuestionen esta nueva ley desde sus casas en las
ciudades y no desde el TIPNIS.
Punto de vista
Adolfo Chávez Dirigente de la CIDOB
"Carretera sólo para cocaleros”
El Gobierno quiere la carretera sólo para la expansión de la
siembra de coca, para que se cumpla su Ley de Coca, que es de 22.000
hectáreas.
También buscan avasallar el TIPNIS para la exploración de hidrocarburos y minería; además para el "pirateo” de maderas.
Ya en el Polígono 7, lo que queda en Conisur, del trópico, ya están
parcelados. Además, ya hay avasalladores que son los cocaleros.
Las consecuencias de todo esto será la contaminación de las aguas de los ríos.
Dicen que su ley, que anuló la intangibilidad del TIPNIS, protege a
los indígenas, mentira. En la norma no se menciona que las comunidades
protegerán sus territorios por sus usos y costumbres, o sea el castigo
tradicional.
No respeta el ámbito jurisdiccional de las comunidades. Los
vivientes del TIPNIS estarían renunciando al derecho de sancionar por
usos y costumbres.
Además, no se respetan las leyes. La línea roja que protege al
TIPNIS ya la han cruzado, la han invadido los colonos, los cocaleros.
¿Por qué el Gobierno no expulsa a esos avasalladores?
Asimismo, la nueva ley no toma en cuenta al comité de gestión del
área protegida del TIPNIS, su plan estratégico no es tomado en cuenta.
jueves, 17 de agosto de 2017
Perú:Policía reprime con bombas lacrimógenas a miles de docentes en las afueras del Congreso
Durante intervención, resultaron afectados los congresistas Humberto Morales y Wilbert Rozas, quienes impedían la detención de maestros en huelga
16 de Agosto del 2017 - 16:54 » Textos: Redacción Multimedia » Fotos: Piero Vargas
Numerosos miembros de la Policía Nacional reprimieron usando bombas lacrimógenas y agua a miles de docentes en huelga que se constituyeron a inmediaciones del Congreso, para pedir que las autoridades cumplan y solucionen sus demandas.
Como se sabe, la ministra de Educación, Marilú Martens responde en este momento a los miembros de la Comisión de Educación del Congreso de la República, sobre la situación de la huelga magisterial, el proceso de diálogo con los docentes y el impacto de la paralización.
Los maestros se encontraban en la avenida Abancay, cuando de pronto efectivos lanzaron numerosas bombas lacrimógenas y potentes chorros con la unidad lanza-agua, conocido como 'Pinocho'. Los efectivos actuaron de manera represiva contra los profesores, sin importales que por el lugar habían transeúntes, entre padres de familia y niños.
Docentes, madres de familia, comerciantes y niños quedaron mojados y afectados por el abundante uso de gases lacrimógenos; varios de ellos fueron evacuados a hospitales. Un grupo de profesores fue llevado a la fuerza por la PNP a las dependencias policiales.
CONGRESISTAS. Los congresistas tampoco se salvaron de la represión policial. Durante la intervención, resultaron afectados por las bombas lacrimógenas los legisladores Humberto Morales y Wilbert Rozas, quienes impedían la detención de maestros.
"Esta es la manera cómo la policía ataca a los maestros, que solo pedimos salarios dignos y que se garantice una educación gratuita y de calidad para los niños", refirió un docente.
"En la campaña el presidente PPK vino a conversar con los maestros pidiendo apoyo, le dimos nuestro voto, y ahora nos llaman terroristas. Es una injusticia. ¡Queremos que cumpla su promesa!", dijo otro maestro en huelga.
Bolivia: Sindicatos de Bolivia se suman a defensa del parque nacional Tipnis
LA PAZ (Sputnik) —
La Central Obrera Boliviana (COB) advirtió el miércoles en un
comunicado que está en estado de emergencia y movilizada contra la
construcción de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena
Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en el centro del país.
"Esta región (del Tipnis) goza de una de las mayores biodiversidades a nivel mundial y su deforestación u otro tipo de agresión para su ambiente sería un agravio contra esta reserva natural, contra el pueblo boliviano y el mundo entero", dijo la COB, la mayor organización sindical de Bolivia.
©
REUTERS/ David Mercado
El Gobierno decidió levantar la intangibilidad del territorio del Tipnis, que se extiende entre los departamentos de Beni (noreste) y Cochabamba (centro), mediante la Ley 266 que da vía libre a la construcción de una carretera a través de esa reserva natural.
La organización sindical destacó la importancia social y ambiental del Tipnis, que abarca 1.236.296 hectáreas y es considerado el tercer parque natural en materia de biodiversidad, después del Parque Nacional Madidi, en el norte del departamento de la Paz, y del Manu en Perú.
Los sindicalistas exhortan al Gobierno a no generar divisiones en el movimiento indígena en torno a la construcción de la carretera por el corazón del Tipnis.
"El debate sobre qué tipo de desarrollo necesita el Tipnis y sus habitantes no puede seguir pendiente, nadie mejor que sus propios habitantes, sin que medie injerencia alguna, deben decidir cómo se tiene que proceder", dice el documento de la COB.
Las autoridades deben garantizar la protección del parque nacional y evitar el asentamiento de campesinos colonizadores en el Tipnis, advierte asimismo la central sindical.
El Gobierno asegura que la construcción de la carretera significará el desmote de unas 600 hectáreas de bosques, lo que no afectará el ecosistema de la región. A cambio, esa vía permitirá entregar servicios básicos a los pueblos indígenas mojeño trinitario, chimán y yuracaré, que habitan en la reserva, y habilitará el desarrollo de Cochabamba y de Beni.
miércoles, 16 de agosto de 2017
Perú: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se prununcia sobre la huelga del magisterio nacional
PRONUNCIAMIENTO
La
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), ante la huelga del
magisterio nacional y la propuesta de diálogo planteada por el
Presidente de la República, señala lo siguiente:
1.
La educación es un derecho fundamental que tiene como objetivo el
desarrollo integral de todas las personas. Como tal, nuestra
Constitución y diversos tratados internacionales de derechos humanos de
los que el Perú es parte, señalan que es deber del Estado que nadie se
vea impedido de recibir educación.
2.
Las y los docentes son actores fundamentales para el cumplimiento de
este derecho. Sin embargo, la huelga magisterial que lleva más de 50
días en las regiones Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Junín, y en
otras más de 30, ha afectado el goce de este derecho para más de un
millón de escolares.
3.
A pesar de la prolongada bonanza económica que vivió nuestro país, y
de que nuestra Constitución dispone que “se da prioridad a la educación
en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República”
(artículo 16), la calidad de la educación pública no ha mejorado lo
suficiente, y las remuneraciones de las y los docentes se han mantenido
postergadas. Frente a esta deuda histórica, los diversos candidatos
presidenciales –incluido el hoy presidente Kuczynski- se comprometieron
durante la campaña electoral 2016 a mejorar las remuneraciones y
condiciones laborales del magisterio.
4.
No debe haber dudas sobre la legitimidad y justicia de las demandas
planteadas por el magisterio, así como tampoco respecto al ejercicio
democrático del derecho a la huelga. En este sentido, debe rechazarse
cualquier intencionalidad de manipulación política, así como las
deplorables campañas de estigmatización política y mediática que
pretenden deslegitimar la lucha magisterial.
5.
El anuncio de diálogo planteado por el Presidente de la República
facilita el tratamiento de las demandas del magisterio y la posible
solución a la huelga. En este sentido, exhortamos al Presidente de la
República, a la Ministra de Educación, y a las y los representantes del
magisterio nacional a resolver de manera adecuada esta grave situación,
llegando a soluciones concretas que permitan el levantamiento de la
huelga y la recuperación de los días de clases no dictadas.
6.
Hacemos un llamado al conjunto de actores involucrados para avanzar
hacia un diálogo nacional por una educación pública de calidad, que
contribuya a la formación de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con
los derechos humanos para todas y todos, la cultura de paz, la
democracia y el desarrollo del país.
Lima, 9 de agosto de 2017
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Ecuador - Lenín Moreno: ¿giro a la izquierda?
Cuando triunfa en el 2006 el movimiento Alianza País (Ecuador), lo hace con el apoyo de la casi totalidad de partidos y movimientos de izquierda, como de los movimientos sociales y del pueblo en general. Pero esta “alianza” no duró mucho tiempo y paulatinamente se fue resquebrajando. La mayoría de quienes la fundaron se retiraron o los sacó Rafael Correa. Los que se fueron pertenecían a la denominada “izquierda dura”, quienes acusaron a Correa de haberse derechizado, él por su parte, les endilgó como una “izquierda extremista” que le hacía el juego a la derecha.
Lo cierto, es que Correa se quedó prácticamente huérfano del apoyo de los movimientos tradicionales, por lo que decidió crear sus propias organizaciones, procediendo a fraccionar más a las organizaciones populares y a enfrentarlas entre ellas. Con el pasar de los años las diferencias fueron aumentándose, hasta que la lucha principal no era contra la derecha convencional, sino entre estas facciones. Correa consideraba a la “izquierda infantil” como su más acérrima enemiga, mucho más que la derecha y con quienes casi no tuvo mayor conflicto, y peor con los empresarios que recibían los jugosos contratos del Estado y que fueron los más grandes beneficiarios de la “década ganada”, como lo reconoció el propio Correa en el enlace sabatino 431: “Nunca antes los empresarios han ganado tanto como en este gobierno”.
Una parte de la hoy llamada “izquierda ideológica”, prefirió quedarse para seguir luchando desde el interior de Alianza País. Pues, si bien Correa a algunos de ellos no les pudo sacar, los mantuvo aislados. Enfrentaban una situación incómoda, pero prefirieron seguir adentro pues consideraban que desde afuera sería más difícil la lucha. En todo caso, estaban de acuerdo en que unos hagan la lucha desde afuera y otros desde adentro, como me dijera alguien que se quedó a seguir luchando desde el interior. Al parecer, tuvieron razón en quedarse porque son ahora los que están acompañando a Lenin Moreno, como asimismo ciertos personajes que se retiraron están regresando, aunque la mayoría de los que se fueron están expectantes a ver si Moreno realmente toma un giro a la izquierda, y no solamente un cambio de estilo de gobierno dentro de las mismas líneas modernizadoras del capitalismo empujadas por Correa.
Ésta no es una situación sorpresa, pues era vox populi que habían estas diferencias internas. Había el ala derecha y el ala izquierda, siendo el ala derecha la que había gobernado con Correa. Y ahora es el ala izquierda la que gobierna con Moreno, aunque todavía participan muchos del ala derecha, especialmente a nivel económico. Una izquierda no tan izquierda o radical como la que se retiró, pero que en todo caso se quedaron y que creían que alguna vez lograrían desplazar al ala derecha, y que creen que ahora ese momento llegó. Es una disputa entre dos estilos de gobernar, pero entre dos concepciones y dos proyectos políticos, al menos eso es lo que se espera del ala izquierda de Alianza País por parte de la generalidad de la izquierda ecuatoriana, para decidirse por un apoyo e incluso un regreso pleno.
Apenas Moreno juró como presidente marcó distancia con Correa. Su principal argumento y crítica, lo resumió en la frase: “nada sin ustedes y nada sobre ustedes”. Ésta fue la postura clara, con la cual marcaba las diferencias que habría entre lo que fue el gobierno caudillesco de Correa, de tipo autoritario, confrontativo, excluidor, perseguidor; con el de Moreno que anunciaba un gobierno de unidad, de reconciliación, de respeto, de libertad de expresión, de consenso, de acuerdos mínimos. Lo cual fue bien visto por la mayoría de la población ecuatoriana, excepto obviamente por Correa, quien apenas a los 12 días del nuevo gobierno ya comenzó con las críticas y los ataques a Moreno vía twiter y desde Bélgica donde está radicado actualmente.
Moreno ha ido paulatinamente empoderándose y marcando otro tipo de accionar y de proceso revolucionario –como él lo señala-, todo lo cual fue tomado por Correa como una afrenta a su liderazgo e inmediatamente le acusó de “cínico”, “desleal”, “traidor” y “mediocre”. Pero la gota que derramó el vaso, fue cuando Moreno transparentó la real situación económica del Ecuador, pues durante los 10 años de Correa no se la sabía exactamente, y muchas de las cifras que él presentaba eran maquilladas. Moreno señaló que la deuda interna y externa llegaba a los 41.000 millones de dólares, pero con otros pasivos del Estado las obligaciones llegaban a casi los 60.000 millones. Lo cual dejaba entrever que no había ninguna “mesa servida”, como había dicho Correa de que le dejaba al nuevo gobierno. Moreno además criticó de que no se había tenido mesura en el manejo de los dineros, en referencia a despilfarros y dilapidaciones hechas. Esto enfureció tanto a Correa, que ha conminado a sus bases y adláteres a enfrentarse abierta y directamente contra Moreno, siendo su fiel y viejo amigo el vicepresidente Jorge Glas el que ha procedido a desmarcarse del presidente. Quien además ha aprovechado de la situación para declararse víctima y así intentar escapar del fuego de la opinión pública ante el sinnúmero de acusaciones de corrupción que enfrenta por parte de Odebrecht y de la Contraloría.
El pueblo que se encuentra expectante, en su gran mayoría apoya a Moreno y su índice de popularidad ha aumentado llegando al 66%. Sin embargo, quieren que vaya más al fondo en el ataque a la corrupción, pero ante todo, están atentos a las medidas económicas que vaya a tomar ante la “situación crítica” del país. Obviamente, los empresarios tienen sus intereses de por medio y también hay una disputa entre ellos por recibir cuotas. De igual manera en el sector de los trabajadores y de los movimientos sociales, entre los que fueron adulados por Correa y los que ahora esperan se les restituyan sus derechos. Por ejemplo, la CONAIE máxima organización del movimiento indígena fue atacada virulentamente por Correa, entre las varias acciones procedió a terminar con 18.000 escuelas comunitarias y ahora Moreno ha ofrecido reabrirlas, por lo que Correa ha pegado el grito en el cielo.
En definitiva, Ecuador y el mundo observa las luchas de poder o la “telenovela” o el “juego de tronos” entre dos facciones internas. Las definiciones se las verá en los próximos días, especialmente en septiembre donde se harán efectivas las medidas económicas, que según Correa serán un “paquetazo”, y para Moreno serán medidas para salir de la crisis en que dejó Correa al Ecuador.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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