- En conferencia de prensa se
expusieron los conflictos generados por los proyectos Chadín II de
Odebrecht, Yagku Etnsa de minera Águila Dorada, así como los surgidos
por el recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja y la negativa de
consulta para el Lote 116.
Por Jonathan Hurtado
Servindi,
14 de abril, 2014.- Delegados de organizaciones sociales de las
provincias de Celendín, San Ignacio (Cajamarca), Condorcanqui, Bagua
(Amazonas), y Alto Amazonas (Loreto) presentaron alternativas de
solución a la problemática generada por el impacto de actividades
extractivas y proyectos hidroenergéticos en la cuenca del Río Marañón.
Las alternativas las dieron a conocer
en una conferencia de prensa realizada el viernes 11 del presente mes
en la ciudad de Jaén, región Cajamarca.
La misma fue organizada por el Grupo “Construyendo Propuestas”, en el
que participan organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la
vigilancia de los megaproyectos en la zona norte y nororiental del Perú.
“Con Chadín II comienza la muerte del Río Marañón”
Con estas palabras se refirió Elio Franco, presidente del Frente de Defensa del Río Marañón, al proyecto Chadín II, a cargo de la empresa AC Energía de la multinacional brasileña Odebrecht.
El proyecto tiene previsto ejecutarse
en algunos distritos de las provincias de Luya y Chachapoyas, en la
región Amazonas, y en otros tantos de la provincia de Celendín, en la
región Cajamarca.
Elio
Franco, presidente del Frente de Defensa del Río Marañón, sostuvo que
autoridades e instituciones en Lima no atienden sus demandas.
Según explicó Franco, este proyecto
representa la primera de 22 represas que se construirán en el Río
Marañón. La obra originará un embalse que provocará el desplazamiento de
21 comunidades, con más de mil 200 afectados.
Asimismo, denunció que actualmente la
empresa viene ofreciendo regalos a las comunidades de la parte alta del
Marañón a fin de ganarse su aprobación. Advirtió, además, que “ninguna de las comunidades asentadas en la zona de influencia directa del proyecto ha sido consultada a pesar de existir la Ley de Consulta Previa”.
Destacó, además, que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
del proyecto, aprobado en febrero de este año, no contempla
compensaciones para los desplazados sino una suerte de “negociación
individual”. Y por si fuera poco, el proceso de titulación ha sido
encargado a la propia AC Energía.
Supayacu: comunidad amenazada por la empresa Águila Dorada
Un caso también materia de denuncia, fue el de la comunidad indígena de Supayacu, ubicado en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca.
Jeremías Unkuch, representante de la
Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), denunció que el
proyecto minero Yagku Etnsa, a cargo de la compañía Águila Dorada, pone
en peligro la existencia de mil 500 personas de 16 comunidades awajún
ubicadas en ambas márgenes del Río Chirinos.
Jeremías Unkuch, representante de la ORFAC, denunció que las Fuerzas Armadas están al servicio de minera.
“Se ponen en peligro los recursos
hídricos en la cabecera de cuenca del Chirinos; y con ello, la
diversidad ecológica –en particular, la pesca- y con ello la
subsistencia las únicas comunidades nativas en Cajamarca”, remarcó.
El titular de la ORFAC denunció que
en el transporte del personal de la minera han tomado parte unidades de
las Fuerzas Armadas. Señaló así que esto viene ocurriendo desde el mes
de setiembre del año pasado. Cabe destacar que la empresa tiene previsto
realizar alrededor de 20 perforaciones en la zona.
Unkuch denunció, además, que la
empresa ha fraguado listas de asistencia a talleres informativos donde
figuran autoridades locales; las mismas que luego han desmentido su
participación en dichos espacios.
Ejecutivo niega consulta sobre Parque Nacional Ichigkat Muja
Zebelio
Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades
Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), denunció a su turno que el Estado ha
vulnerado –una vez más– el acuerdo alcanzado mediante consulta previa
en el caso del recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja, en la
Cordillera del Cóndor.
Recordó que el Ejecutivo entregó 18
petitorios mineros en la cuenca de los ríos Santiago, Cenepa, Comaina y
Morona; lo que en la práctica implica recortar el espacio de la referida
zona de 152 mil a 88 mil hectáreas.
Zebelio
Kayap, presidente de la ODECOFROC, remarcó que los conflictos sociales
no los originan los pueblos indígenas sino el Estado con sus leyes.
Dicha situación, explicó, afecta el
bosque húmedo de montaña, en el cual se desarrollan más de cien tipos de
plantas, entre ellas, 40 especies de orquídeas.
Kayap indicó que en 2013 la Corte Suprema de Justicia de Amazonas les
dio la razón a las comunidades. De igual modo, sostuvo que el hasta hace
algún tiempo Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)
reconoció en 2007 que cualquier actividad alteraría los recursos
hídricos, y por ende, la vida de las comunidades awajún de la parte baja
de la cordillera.
“Somos personas que queremos vivir en
paz de acuerdo a nuestro concepto de Buen Vivir (…), algo tenemos que
dejar a nuestras generaciones”, sentenció.
“No queremos un segundo Baguazo”
En
tanto, Edwin Montenegro, presidente de la Organización Regional de
Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN), criticó la negativa del Estado de
reconocer el derecho a la consulta previa de los pueblos awajún y
wampis bajo el argumento que la norma no es retroactiva para la
explotación del Lote 116.
Cabe destacar que ley de consulta
previa se promulgó en setiembre del 2011 y que en diciembre del 2006
Perupetro suscribió un contrato para la exploración y explotación de
hidrocarburos en el citado bloque.
Montenegro explicó sobre los trabajos
en el mismo que se comprometen 659 mil hectáreas de las provincias de
Condorcanqui, Bagua (Amazonas) y Datem del Marañón (Loreto), donde
residen un total de 73 comunidades tituladas (propietarias).
Edwin
Montenegro, presidente de la ORPIAN, muestra el documento del
Viceministerio de Interculturalidad que señala que no es aplicable la
consulta previa para el Lote 116.
Señaló que las comunidades, que
demandan la aplicación del derecho a la consulta previa, han recibido
como respuesta la negativa del Ministerio de Energía y Minas (MEM); y
del Viceministerio de Interculturalidad, en marzo del 2014.
Por ello, ORPIAN evalúa continuar con
las acciones necesarias en la vía judicial; incluso una acción de
inconstitucionalidad. “No queremos un segundo Baguazo”, enfatizó.
Construyendo alternativas
A su
turno Luz Guillén, coordinadora de la Pastoral de la Tierra del
Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en Loreto, señaló que los casos
antes mencionados tienen como rasgo común que se han dado dentro de
territorios donde los bosques son vitales para la población.
En ese sentido, sostuvo, resulta
indispensable que el Estado promueva instrumentos que impulsen la
preservación de dichos espacios sin colisionar con el desarrollo, como
la Evaluación Estratégica Ambiental (EEA), el Ordenamiento Territorial y
la Gestión de Cuencas.
“Hoy se pretende matar el bosque, cuando éstos son la forma más eficaz de combatir el cambio climático”, enfatizó.
Finalmente,
Wilmer Fernández, director de Servicios Agropecuarios para la
Investigación y Promoción Económica (SAIPE), advirtió que la consulta
previa constituye un derecho fundamental de los pueblos indígenas y
respaldó a Guillén en su pedido por instrumentos de gestión de
territorios, con una perspectiva ambiental, participativa e
intercultural.
“Ningún nivel del Estado debe
plantear proyectos sin el conocimiento técnico del territorio. Es
imperativo ejecutar procesos de zonificación económica, ecológica y
estratégica; y particularmente, vinculantes para los sectores”,
puntualizó.
Cabe destacar que al margen de los
instrumentos citados, cada uno de los representantes se refirió a
actividades económicas alternativas a la minería, hidrocarburos o
hidroenergéticas.
Para el caso de la zona donde se
piensa llevar a cabo Chadín II se expuso la propuesta de construcción de
minicentrales hidroeléctricas que no tendrían el impacto de un proyecto
como el de Odebrecht. Para el caso de Supayacu se destacó el potencial
que tendría el trabajar en recursos provenientes de la pesca.
Jeremías Unkuch, de la ORFAC, destacó
en otro momento que la comunidad viene trabajando su plan de vida, uno
que les permita vivir de forma organizada y sin depredar los bosques.
Cada representante recalcó que en próximas fechas en sus respectivas
localidades se desarrollarán encuentros masivos para seguir tratando
medidas y mecanismos a fin de persistir en su lucha.
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