Danilo Quijano S.
El historiador Alfonso Quiros, en su libro "La Corrupción
en el
Perú", describe de manera prolija y documentada cómo la corrupción es
históricamente inherente a la configuración del Estado y la República
en el Perú. Ricardo Uceda hace lo mismo en su artículo "Ancash: misterio
por resolver", en tiempo más o menos presente muestra con sencillez,
precisión y la contundencia que el caso amerita, cómo opera hoy la
corrupción en el Gobierno Regional de Ancash, el Minsiterio Público y el
Congreso (ver más abajo). Por consiguiente, digo yo, pasado y presente
se conjugan y nos interpelan para ver los alcances y límites del Estado
-en particular del Estado-Nación- y de la Democracia asociada a ese
Estado.
Al respecto, entonces, formulo las siguientes preguntas: ¿Es posible organizar en el Perú otro Estado y otra Democracia? ¿Es posible organizar una autoridad colectiva que sea -a la vez y sobre todo- una comunidad de comunidades, su poder y ejercicio radique en las asambleas de la comunidad organizada en sus distintas escalas territoriales? ¿La experiencia de la CUAVES (Comunidad Autogestionaria de Villa El Salvador, Lima, 1971-1983), en tanto experiencia de autodeterminación/
Si alguien tiene ocasión de ver a la congresista Verónika Mendoza y sus pares del Frente Amplio, le agradeceré que les transmitan estas preguntas y sus respuestas las socialicen por esta misma vía.
Áncash: misterios por resolver
Martes, 15 de abril de 2014 | 6:14 am
RELEVO.
Entre Peláez y Ramos hubo una sucesión en la misma línea, pero el
contexto es otro. Si las investigaciones son realmente profundas, podría
haber más sorpresas en el Ministerio Público.
En la nueva etapa que se abre luego del asesinato de Ezequiel Nolasco, ¿qué rol jugarán José Peláez, su sucesor Carlos Ramos Heredia y la nueva estrella del equipo, Heriberto Benítez?
Ricardo Uceda
Mientras en Chimbote hay diversos equipos de funcionarios tratando de desentrañar los crímenes y la corrupción en torno al gobierno regional presidido por César Álvarez, el relevo en el Ministerio Público obliga a preguntarse en qué medida influirán los cambios en el curso de investigaciones. La pregunta es obligada y no hay manera de evadirla. El ex Fiscal de la Nación José Antonio Peláez, ahora encargado de los procesos de control interno en la Junta de Fiscales Supremos, fue un factor decisivo en la protección de Álvarez, y por ello está investigado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y su sucesor, Carlos Ramos Heredia, tuvo dos actuaciones sobresalientes: por un lado, persiguió a fiscales que querían investigar al presidente regional; y por otro, permitió que la actuación institucional en Áncash fuera displicente o cómplice, como se prefiera. Siendo ambos los dos principales miembros en la junta de cinco fiscales supremos, ¿qué harán ahora?
Tanto Ramos como Peláez, en las páginas de este diario y por otros medios, han negado la complicidad que en esta columna se les atribuye, pero su defensa es más declarativa que asentada en hechos. Al punto que si las investigaciones avanzaran sin cortapisas, es muy posible que los indicios que comprometen a ambos magistrados queden aún más expuestos.
En el caso de Peláez, es conocida la decisión que tomó para despedir a los fiscales César Jiménez y Javier Estrada, que con orden judicial allanaron en 2012 La Centralita, el centro de operaciones políticas del presidente regional, donde presuntamente se realizaban pagos ilícitos. Pero no ha llamado tanto la atención que en octubre del mismo año desestimó un pedido de investigación a César Álvarez por enriquecimiento ilícito. El pedido lo hizo ante su despacho, expresamente, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en octubre del 2012.
¿Qué hizo Peláez? El 13 de julio del 2013 resolvió que no había mérito para continuar una investigación preparatoria en contra de la autoridad. Las únicas diligencias que practicó fueron tomarle su declaración indagatoria, recabar información de Registros Públicos —donde consta que no posee ningún bien—, obtener constancias de Infocorp de que tampoco poseía tarjetas de crédito, y solicitar su movimiento migratorio. Cualquiera podría pensar que es anómalo que una autoridad con más de un centenar de denuncias por irregularidades en contrataciones no tuviera un solo bien mueble o inmueble a su nombre. Pero ese mal pensamiento no cruzó por la mente del entonces Fiscal de la Nación.
En el momento del archivamiento existían los mismos indicios que ahora para presumir que podía haber actos de corrupción en el gobierno regional. El magistrado pudo haber actuado como con los ex presidentes Alejandro Toledo y Alan García, a quienes se les levantó el secreto bancario. Pero el escrutinio a Álvarez no incluyó la inspección de sus cuentas ni de sus comunicaciones, ni los bienes de sus familiares y allegados. Considerando las dimensiones de lo que es necesario investigar en Áncash, este procedimiento pasará a ser una actividad fundamental en las investigaciones a centenares de personas. Solo se podrá comprobar si hubo coimas descubriendo dinero imposible de justificar.
Por otra parte, el ex Fiscal de la Nación recibió en 2012 la carpeta de La Centralita para evaluar si correspondía solicitar el desafuero del congresista Heriberto Benítez, a efectos de que fuera investigado por su intento de impedir el allanamiento del inmueble, el 13 de julio del 2011. Peláez devolvió el expediente a Áncash, opinando que no correspondía investigar al congresista. Tiempo después, Ezequiel Nolasco solicitó infructuosamente a la Comisión de Ética del Congreso que le abrieran proceso.
Estos episodios de hace casi dos años cobran nuevamente actualidad porque a partir de la indignación causada por el asesinato de Nolasco hay una revisión de todo lo actuado con los casos que involucran a César Álvarez. Esto incluye los crímenes, las denuncias por corrupción, la investigación aún pendiente en el expediente de La Centralita y la propia actuación de los fiscales y jueces. El 10 de abril, la Procuraduría Anticorrupción denunció penalmente a Risel Chicle, conocido como el fiscal archivador, por no haber investigado irregularidades denunciadas en dos obras públicas.
Semanas antes, la recientemente nombrada presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Nancy Moreno, lo había retirado de uno de estos casos. Peláez nombró a Moreno a comienzos de marzo, una semana antes del asesinato de Nolasco, cuando era insostenible, por el rechazo que causaba, la actitud complaciente con Álvarez del antecesor, Dante Farro. Ahora es posible que Farro también sea denunciado.
Lo menos que puede decirse de Farro es que era funcional al apoyo que brindaba el Ministerio Público de Áncash al presidente regional. Moreno, en cambio, fue cambiada por mantener una actitud fiscalizadora, y por eso su regreso ha devuelto la confianza de la población de Áncash en el Ministerio Público. En el expediente del caso La Centralita figura una declaración muy comprometedora para Farro. Pero no solo para él.
El 13 de julio, antes de que La Centralita fuera allanada sin que se encontrara nada en su interior, porque la información se había filtrado en la mesa de partes del Poder Judicial, Farro convocó a una reunión a César Jiménez, recibiéndolo en su despacho junto con Álvarez y el congresista Benítez. Un año después, Jiménez rindió una manifestación formal ante la fiscal Jenny Vilcatoma, en la que sostiene que Farro le advirtió que tuviera cuidado con la realización de la diligencia, “ya que el señor César Álvarez tenía mucho poder y muchas influencias con dos fiscales supremos del Ministerio Público”.
Una declaración de este tipo, dentro de un expediente cualquiera, ameritaba una actuación del órgano de control interno. Por supuesto que no la hubo, porque uno de los fiscales supremos aludido era Ramos, a cargo precisamente de la supervisión de los fiscales. El otro era Peláez. Poco después de la declaración de Jiménez, el expediente fue archivado —una de tantas veces—, pero ahora está reabierto. ¿Habrá una denuncia contra Farro? ¿Investigará Peláez, ahora a cargo de control interno, de qué fiscales supremos se trata?
Es interesante lo que declararía Farro. Quizá no estaba comprometido con Álvarez sino sencillamente seguía la cuerda a sus jefes en Lima. De todos modos, esta es una situación que pondrá a prueba los actuales ímpetus investigadores de los poderes del Estado, y la actitud que adoptará la nueva conducción del Ministerio Público.
Si Peláez y Ramos mostraron cierta discreción para ayudar a Álvarez en el Ministerio Público, Benítez, en el Parlamento, era todo un león. El congresista Modesto Julca ha tomado la posta dejada por Nolasco con su pedido de procesar a Benítez en la Comisión de Ética, para pedir que su conducta sea ventilada en esa instancia. Los hechos a considerar serían tanto su resistencia durante el allanamiento de La Centralita, como su condición de operador político de Álvarez en el Congreso. No es un delito, claro, pero se plantea que defender sistemáticamente a una autoridad acusada de corrupción no es compatible con la responsabilidad fiscalizadora de un parlamentario.
Es un asunto a debatir. ¿Los congresistas defensores de Alan García, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo cometen una falta ética por ser tan machacones? De acuerdo con Julca, Benítez trasgrede todo límite: en su escrito menciona once episodios en los que no hizo otra cosa que obstaculizar las investigaciones a quien defendió como abogado y fue financista de su campaña electoral. Asegura, por otra parte, que apoya a Álvarez en sus gestiones particulares, una función ajena a la de un parlamentario. Al margen de si este procesamiento se produce, no cabe duda de que la verdadera condición de este parlamentario es cada vez más transparente. A su pesar, por cierto.
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