Fotos: María Isabel Ferreira
Servindi, 15 de abril, 2014.-
Indígenas del sur de Ecuador anunciaron su respaldo a la lucha de las
organizaciones, pueblos y comunidades originarios de Perú que defienden
el agua, territorio y vida del daño que ocasionan las actividades
extractivas inconsultas y que atentan contra los derechos de la
población.
Así lo dieron a conocer en un
pronunciamiento al final del Foro Binacional de Comunidades Indígenas
Andinas y Amazónicas de Perú y Ecuador, que reunió a más de 140
delegados de ambos países. El encuentro se llevó a cabo los días 7, 8 y 9
de abril en la provincia peruana de San Ignacio, región Cajamarca.
Del lado de Ecuador asistieron
representantes de los pueblos Saraguro, Cañari, Shuar y Kichwa de
las provincias Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Y de Perú delegados
nativos de las regiones Cajamarca, Piura y Amazonas.
Los delegados de Ecuador se
refirieron a la vulneración de derechos en los casos del megaproyecto
minero Conga que la empresa Yanacocha planea ejecutar en la región
Cajamarca con una inversión de cerca de 5 mil millones de dólares.
Asimismo, a la construcción de la hidroeléctrica Chadín II, a cargo de
la multinacional brasileña Odebrecht. Esto en el límite de las regiones
Amazonas y Cajamarca. El proyecto contempla el reasentamiento de más de
mil personas así como perjuicios a la biodiversidad de la cuenca del
Marañón.
De igual modo, a los casos de la
comunidad de Supayacu, también en Cajamarca, y al de los nativos que
luchan por la restitución del Parque Nacional Ichigkat Muja en la
Cordillera del Cóndor, zona de frontera con Ecuador.
En ese mismo espíritu, los
originarios de Ecuador ofrecieron su respaldo a los indígenas acusados
por los hechos trágicos del denominado Baguazo, ocurrido en el 2009, y
que culminó con la muerte de más de treinta personas, entre efectivos
policiales y nativos.
La primera fase del encuentro de tres
días estuvo marcado por el intercambio de experiencias de lucha en la
defensa de sus territorios y recursos.
Luego de ello se apuntó a fortalecer
procesos de autonomía territorial, organizativa, política y de libre
autodeterminación, acordes a la cosmovisión y formas de vida ancestral
de los pueblos indígenas de la zona de frontera.
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