La policía impidió a las feministas terminar la marcha del último 8 de marzo. / Programa Feminista La Corriente
El contexto político nicaragüense ha funcionado como un pegamento
efectivo para el reencuentro de un movimiento feminista escindido en
2006, cuando las más beligerantes contra el FSLN pactaron con su
escisión, el Movimiento de Renovación Sandinista, y otras se opusieron a
la alianza con un partido político. Ante la reforma de la Ley 779
contra la violencia de género el pasado año (motivada por la presión de
grupos religiosos), con la que se contempla la mediación entre agresor y víctima, se logró una respuesta conjunta bajo el nombre de Movimiento Amplio de Mujeres,
denominación con la que se convocó el pasado febrero un Encuentro
Nacional Feminista que reunió en la ciudad de Matagalpa a más de 200
activistas diversas.
A medida que iban avanzando los debates, a medida que jóvenes, mayores, mujeres trans, rurales, cristianas, poliamorosas, trabajadoras del sexo, agarraban el micro y encendían al auditorio, las asistentes constataban que, de un movimiento traumáticamente dividido en dos, se ha pasado a un movimiento plural pero capaz de articularse para enfrentar los ataques a los derechos de las mujeres. Este es su análisis de la realidad nicaragüense, elaborado colectivamente durante tres jornadas de debate:
El Gobierno ha rebautizado los Consejos del Poder Ciudadano (espacios de participación en lo local) como Gabinetes de la Familia, Salud y Vida, que funcionan bajo la orientación del FSLN y que las feministas señalaron como instrumentos de control y disciplina en las comunidades. Esa fusión Estado-partido y la alianza con la cúpula empresarial choca con la falta de participación ciudadana en procesos clave para el país como la construcción de un Canal Interoceánico.
Las mujeres reunidas en Matagalpa también denunciaron la “retórica perversa de la restitución de derechos” que maneja el Frente Sandinista. Si bien el Gobierno de Ortega ha lanzado iniciativas contra la pobreza como el Plan Techo, con el que se entregan a la población láminas de zinc para reforzar sus casas, o el Plan Usura Cero, que consiste en la concesión de microcréditos a mujeres para poner en marcha sus propios proyectos, “la actitud del presidente recuerda al del monarca inspirado por Dios, de cuya buena voluntad depende el bienestar de la gente pobre”, señalaron las relatoras. “Los actos públicos de rebeldía contra las vulneraciones de derechos son reprimidos; la única participación que se permite es la que se plantea en clave de compasión cristiana”, añadieron.
El empobrecimiento afecta más a las mujeres (dado su menor acceso a los medios de producción) y las empuja en mayor medida a emigrar. El Gobierno invierte poco en salud y educación, a la vez que aumenta las cargas tributarias sobre la población. La corrupción que se vive en el día a día se traduce en alienación y silencio de una ciudadanía que tiene que sumarse a las corruptelas para poder sobrevivir. Dado que el Estado no garantiza las necesidades básicas de la población, las mujeres terminan siendo al mismo tiempo cuidadoras, educadoras y proveedoras. “Somos operarias de las políticas de bienestar social pero no con un enfoque de ciudadanía”, señalaron.
Las feministas se refirieron a la reforma del Instituto Nacional de Seguridad Social que implica tener que cotizar más para acceder a una pensión de jubilación, especialmente difícil de cumplir para las mujeres, dedicadas la mayoría al empleo informal. También criticaron la concesión a una empresa china de la licencia para construir un Canal Interoceánico, además de por su previsible impacto medioambiental, porque compromete la soberanía del país y colisiona tanto con la Constitución como los derechos de los pueblos originarios del Caribe. En conclusión, las mujeres organizadas definieron la política del Gobierno como neoliberal, corporativista, extractivista y concesionaria: “El país está en alquiler”, sentenciaron.
Un Gobierno aliado con las iglesias: las presiones de los grupos religiosos llevaron a la Asamblea Nacional a reformar la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres aprobada en 2012. El obispo de Estelí fue uno de los que prendió la mecha al afirmar que esta ley es “el anticristo” porque destruirá la familia. Un Gobierno que ha explicitado su “perspectiva cristiana”, que las feministas consideran claramente un obstáculo para la consecución de los derechos de las mujeres. “Daniel Ortega y Rosario Murillo han logrado naturalizar los embarazos en niñas y adolescentes”, ilustraron. Un caso paradigmático fue cuando, en plena contienda electoral de 2011, una niña de 12 años embarazada tras ser violada, y que presentaba síntomas de preeclampsia e hipertensión, fue obligada a dar a luz. Murillo, esposa de Ortega y responsable de su campaña electoral, utilizó el caso para hacer propaganda 'provida' afirmando que ese nacimiento "es un milagro, un signo de Dios".
Las feministas también reconocieron los avances: en 2007 se derogó la sodomía como delito (por las mismas fechas se penalizó completamente el aborto), se ha creado una Procuraduría de la diversidad sexual (aunque las activistas LGTB consultadas dudan mucho de su eficacia), y la citada Ley 779 fue una de las más avanzadas del mundo, aunque ahora desvirtuada por la reforma que contempla la mediación entre agresor y víctima.
Pero en el día a día, los hospitales ocultan los embarazos adolescentes, las personas transgénero son excluídas del sistema educativo, y las mujeres que enfrentan violencia machista se pasan meses a la espera del juicio. Conclusión: “No existe voluntad política para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, no existe coherencia entre las instituciones, y la alianza con la Iglesia es un obstáculo clave”.
El Gobierno, y doña Rosario Murillo en particular como jefa de comunicación, es especialista en manejar símbolos, como los corazoncitos y soles con los que ha decorado los enormes carteles con el rostro de Daniel Ortega que pueblan las carreteras del país. Murillo ha llenado Managua de unos llamativos árboles metálicos de lucecitas, los llamados “árboles de la vida”, que presentó como símbolo de “la defensa de la vida” y “la fe que nos moviliza”.
Los discursos políticos exaltan un concepto de amor y de maternidad poco favorable para el empoderamiento de las mujeres. Los Gabinetes de la Familia institucionalizan el modelo de familia tradicional, el único que reconoce el nuevo Código de la Familia, estableciendo que familia es la formada por un hombre y una mujer con fines reproductivos.
Renovado por tendencias como el ciberfeminismo o el teatro cabaret, el movimiento se reafirmó en todo caso como el principal actor político crítico del país.
A medida que iban avanzando los debates, a medida que jóvenes, mayores, mujeres trans, rurales, cristianas, poliamorosas, trabajadoras del sexo, agarraban el micro y encendían al auditorio, las asistentes constataban que, de un movimiento traumáticamente dividido en dos, se ha pasado a un movimiento plural pero capaz de articularse para enfrentar los ataques a los derechos de las mujeres. Este es su análisis de la realidad nicaragüense, elaborado colectivamente durante tres jornadas de debate:
Fundamentalismo y militarización
Las feministas constataron un avance del fundamentalismo y de la militarización que desmoviliza a la ciudadanía, y que contextualizaron como una tendencia global que atraviesa tanto América Latina como Europa. Se está acentuando la criminalización de la protesta social en general y de las feministas en particular. De hecho, el pasado 8 de marzo, la policía impidió a las feministas terminar la emblemática marcha del Día Internacional de la Mujer, para la que tenían autorización. Criticaron también la reciente reforma de la Constitución, con la que bastará la mayoría simple para ganar las elecciones en primera vuelta, permite la reelección indefinida, la aprobación de decretos de ley sin pasar por la Asamblea Nacional, y otorga un mayor peso al ejército.El Gobierno ha rebautizado los Consejos del Poder Ciudadano (espacios de participación en lo local) como Gabinetes de la Familia, Salud y Vida, que funcionan bajo la orientación del FSLN y que las feministas señalaron como instrumentos de control y disciplina en las comunidades. Esa fusión Estado-partido y la alianza con la cúpula empresarial choca con la falta de participación ciudadana en procesos clave para el país como la construcción de un Canal Interoceánico.
Las mujeres reunidas en Matagalpa también denunciaron la “retórica perversa de la restitución de derechos” que maneja el Frente Sandinista. Si bien el Gobierno de Ortega ha lanzado iniciativas contra la pobreza como el Plan Techo, con el que se entregan a la población láminas de zinc para reforzar sus casas, o el Plan Usura Cero, que consiste en la concesión de microcréditos a mujeres para poner en marcha sus propios proyectos, “la actitud del presidente recuerda al del monarca inspirado por Dios, de cuya buena voluntad depende el bienestar de la gente pobre”, señalaron las relatoras. “Los actos públicos de rebeldía contra las vulneraciones de derechos son reprimidos; la única participación que se permite es la que se plantea en clave de compasión cristiana”, añadieron.
Un país en alquiler
La brecha entre los sectores ricos y pobres es cada vez más pronunciada, mientras que la clase media dedicada al sector social se encuentra precarizada por la crisis de la cooperación al desarrollo, que ha adelgazado drásticamente los presupuestos de las ONG.El empobrecimiento afecta más a las mujeres (dado su menor acceso a los medios de producción) y las empuja en mayor medida a emigrar. El Gobierno invierte poco en salud y educación, a la vez que aumenta las cargas tributarias sobre la población. La corrupción que se vive en el día a día se traduce en alienación y silencio de una ciudadanía que tiene que sumarse a las corruptelas para poder sobrevivir. Dado que el Estado no garantiza las necesidades básicas de la población, las mujeres terminan siendo al mismo tiempo cuidadoras, educadoras y proveedoras. “Somos operarias de las políticas de bienestar social pero no con un enfoque de ciudadanía”, señalaron.
Las feministas se refirieron a la reforma del Instituto Nacional de Seguridad Social que implica tener que cotizar más para acceder a una pensión de jubilación, especialmente difícil de cumplir para las mujeres, dedicadas la mayoría al empleo informal. También criticaron la concesión a una empresa china de la licencia para construir un Canal Interoceánico, además de por su previsible impacto medioambiental, porque compromete la soberanía del país y colisiona tanto con la Constitución como los derechos de los pueblos originarios del Caribe. En conclusión, las mujeres organizadas definieron la política del Gobierno como neoliberal, corporativista, extractivista y concesionaria: “El país está en alquiler”, sentenciaron.
¿Líder en igualdad?
El Foro Económico Mundial presentó el pasado octubre un informe que situaba a Nicaragua como el décimo país del mundo en el que se ha logrado una mayor equidad entre mujeres y hombres; el primero de América Latina. El estudio tiene en cuenta el acceso a la salud y a la educación, y la participación en la vida política y económica del país, pero no valora datos abrumadores como que Nicaragua es el país latinoamericano con mayor tasa de embarazos adolescentes o que en lo que va de año se está registrando un asesinato machista cada cuatro días. La retórica institucional a favor de la igualdad choca con una realidad sumergida marcada por la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. “Los reclamos legítimos del movimiento feminista quedan en entredicho, dado que los organismos internacionales están avalando el discurso triunfador del Gobierno”.Un Gobierno aliado con las iglesias: las presiones de los grupos religiosos llevaron a la Asamblea Nacional a reformar la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres aprobada en 2012. El obispo de Estelí fue uno de los que prendió la mecha al afirmar que esta ley es “el anticristo” porque destruirá la familia. Un Gobierno que ha explicitado su “perspectiva cristiana”, que las feministas consideran claramente un obstáculo para la consecución de los derechos de las mujeres. “Daniel Ortega y Rosario Murillo han logrado naturalizar los embarazos en niñas y adolescentes”, ilustraron. Un caso paradigmático fue cuando, en plena contienda electoral de 2011, una niña de 12 años embarazada tras ser violada, y que presentaba síntomas de preeclampsia e hipertensión, fue obligada a dar a luz. Murillo, esposa de Ortega y responsable de su campaña electoral, utilizó el caso para hacer propaganda 'provida' afirmando que ese nacimiento "es un milagro, un signo de Dios".
Las feministas también reconocieron los avances: en 2007 se derogó la sodomía como delito (por las mismas fechas se penalizó completamente el aborto), se ha creado una Procuraduría de la diversidad sexual (aunque las activistas LGTB consultadas dudan mucho de su eficacia), y la citada Ley 779 fue una de las más avanzadas del mundo, aunque ahora desvirtuada por la reforma que contempla la mediación entre agresor y víctima.
Pero en el día a día, los hospitales ocultan los embarazos adolescentes, las personas transgénero son excluídas del sistema educativo, y las mujeres que enfrentan violencia machista se pasan meses a la espera del juicio. Conclusión: “No existe voluntad política para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, no existe coherencia entre las instituciones, y la alianza con la Iglesia es un obstáculo clave”.
Un Estado laico y cristiano
La religión también protagonizó el análisis sobre el contexto simbólico y cultural del país. Pese a que la Constitución establece que en Nicaragua no existe una religión oficial, la pareja presidencial Ortega-Murillo ha ido cargando las tintas con su discurso religioso, hasta el punto de que el lema nacional es “Nicaragua: cristiana, socialista y solidaria”, en ese orden.El Gobierno, y doña Rosario Murillo en particular como jefa de comunicación, es especialista en manejar símbolos, como los corazoncitos y soles con los que ha decorado los enormes carteles con el rostro de Daniel Ortega que pueblan las carreteras del país. Murillo ha llenado Managua de unos llamativos árboles metálicos de lucecitas, los llamados “árboles de la vida”, que presentó como símbolo de “la defensa de la vida” y “la fe que nos moviliza”.
Los discursos políticos exaltan un concepto de amor y de maternidad poco favorable para el empoderamiento de las mujeres. Los Gabinetes de la Familia institucionalizan el modelo de familia tradicional, el único que reconoce el nuevo Código de la Familia, estableciendo que familia es la formada por un hombre y una mujer con fines reproductivos.
¿Y cuál es el papel del feminismo?
Hubo espacio también para la autocrítica, para la revisión del papel que está desempeñando el feminismo. Más que recetas mágicas, se lanzaron preguntas: ¿Estamos todas las que somos? ¿Dónde están las negras y las indígenas? ¿Estamos incluyendo las reivindicaciones de las lesbianas y las trans en la agenda feminista? ¿Conocemos la realidad de las mujeres fuera de Managua? ¿Estamos reconociendo las rebeldías de las mujeres en lo cotidiano o, por el contrario, las estamos victimizando? ¿Deben funcionar las organizaciones feministas como proveedoras de servicios básicos que el Estado no cubre? Si la respuesta es 'no', ¿qué hacemos cuando viene una mujer a pedirnos ayuda? ¿Las mujeres reconocen nuestro papel, o nos ven sólo como la organización a la que recurrir cuando tienen problemas? ¿Qué alianzas con otros sectores nos sirven y nos funcionan? ¿Se puede jerarquizar la agenda feminista en temas de política dura y blanda? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Está condicionando la cooperación al desarrollo la agenda de las organizaciones feministas?Renovado por tendencias como el ciberfeminismo o el teatro cabaret, el movimiento se reafirmó en todo caso como el principal actor político crítico del país.
Atropellos del ‘danielismo’
Reforma Constitucional: Bastará la mayoría simple para ganar las elecciones en primera vuelta, se permite la reelección indefinida y la aprobación de decretos de ley sin pasar por la Asamblea Nacional.Reforma de la seguridad social: Eleva la edad de jubilación y el mínimo de semanas cotizadas. Mayores y estudiantes respondieron con protestas.
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