- Torturadas, explotadas sexualmente por sus empleadores... 30 millones de trabajadoras de hogar ejercen en países sin ningún tipo de protección, según Human Rights Watch.
- El 97 por ciento de los países asiáticos no tiene leyes que las proteja. Las ONGs advierten del maltrato que están sufriendo las indonesias en Hong Kong.
Miles de indonesias son explotadas laboralmente en Hong Kong, según un estudio
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Es la historia de Chain Channi, una empleada de hogar camboyana en Malasia, explotada durante años por sus jefes. Su experiencia, con otras muchas más, ha sido documentada por Human Rights Watch, organización que ha denunciado, en repetidas ocasiones, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de empleadas del hogar en el sudeste asiático.
A pesar del caso hoy conocido, Malasia es ejemplo de la lentitud de las reformas y de la inoperancia de las autoridades. Más allá de la escasa legislación, los abusos están tan interiorizados que es dificil cambiar la mentalidad de los empleadores.
En el país han trascendido varios casos, algunos de gran repercusión internacional, como en 2007, cuando una criada indonesia trató de huir por la ventana de la decimoquinta planta de un edificio de este país, la vivienda en la que trabajaba y en la que la empleada dijo “haber vivido un calvario”. Durante meses, contó tras su rescate, vivió encerrada en una habitación, privada de comida y sufriendo continuas palizas. La joven, de 33 años, se descolgó por la ventana con una cuerda elaborada con sábanas y sarongs, una típica falda malasia. Afortunadamente, consiguió escapar de su cautiverio.
El caso despertó tímidamente la conciencia de las autoridades malasias contra los abusos a las empleadas de hogar. Se anunciaron reformas, como la prohibición de contratar a personas con antecedentes de maltrato en el ámbito doméstico, pero, a pesar de lo llamativo del titular, casos como el que hoy hemos conocido demuestran el fracaso de las políticas.
Las mujeres empleadas de hogar en estos países se ven envueltas en un calvario casi desde el mismo momento en que son contratadas. El tráfico de empleadas de hogar ha hecho florecer numerosas redes de explotación que ofrecen contratos de trabajo a cambio de fuertes pagos de dinero. Estas redes se suelen quedar además con sus pasaportes, o se los conceden al jefe que las contrata, lo que limita cualquier posibilidad de movimiento en caso de abusos. Las “agencias” les prometen un trabajo con remuneración y garantías, pero, en la práctica, rebajan sus salarios y les imponen cuotas que deben abonar en caso de que renuncien a su empleo.
Muchas trabajadoras han denunciado, además, haber sido reclutadas durante meses en supuestos centros de formación, antes de su traslado a las viviendas, privadas de alimento, agua y atención médica. Algunas son sometidas a tratamientos anticonceptivos o subren abusos sexuales. Y las pocas que consiguen escapar se enfrentan a duras represalias. Todo, con la colaboración de autoridades que hacen la vista gorda ante estas situaciones de maltrato. Algunas, tan extremas, que no han sido pocas las mujeres que han encontrado en el suicidio la única vía de escape. En contrapartida, las condenas a reclutadores ilegales son escasísimas.
Privadas de protecciones fundamentales, como un día de descanso semanal, vacaciones o la limitación de las horas de trabajo, estas trabajadoras se encuentran además a merced de la voluntad de sus jefes, de forma que, según la mayoría de legislaciones nacionales, no pueden rescindir el contrato ni cambiar de empleo. Ni siquiera cuando son sometidas a abusos.
El requisito legal en muchos países de que estas trabajadoras deban vivir con sus familias aumentan el aislamiento al que son sometidas y las exponen a mayores riesgos de abusos. Las pocas que se atreven a escapar para denunciar a sus empleadores se encuentran con un círculo de dificil salida. Porque, para muchas, el único contacto que tienen en el país es con frecuencia la misma red de explotación que las introdujo y que nada hace por ellas. O suele devolverlas al jefe que las maltrata.
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A pesar de la gravedad de la situación, incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha actuado a destiempo. La convención de Trabajadores del Hogar, elaborada para resolver los vacíos legales que se encontraban en numerosos países, se aprobó en 2011, pero no entró en vigor hasta septiembre del año pasado. Por el momento, sólo ha sido ratificado por diez países (Uruguay, Filipinas. Mauricio, Nicaragua, Italia, Bolivia, Paraguay, Sudáfrica, Guyana y Alemania). España todavía no lo ha hecho.
Según cifras de esta organización, el 30 por ciento de los aproximadamente cien millones de empleados domésticos de todo el mundo ejercen su trabajo en países donde están excluidos de leyes nacionales laborales, como días de descanso, limitaciones a la cantidad de horas o salario mínimo. Una situación que se reproduce en el 97 por ciento de los países asiáticos. La OIT señala que en los últimos diez años se han difundido más de 800 casos de torturas en Bangladesh, casi medio millar en Indonesia y cifras similares en Malasia.
El organismo destapa además otra realidad, la de los niños empleados en estos ámbitos y sometidos a una situación de absoluta vulnerabilidad. Asia alberga el 60 por ciento de las trabajadoras domésticas menores de edad de todo el mundo. Esto es, un millón y medio de niñas en Indonesia, un millón en Filipinas y alrededor de 450.000 en Bangladesh trabajan en este servicio. Muchas, sometidas a extensas jornadas a cambio de remuneraciones mínimas, malos tratos y situaciones de abuso.
Una “esclavitud encubierta” denunciada por una decena de organizaciones internacionales hace solo unos días a través de un comunicado en el que instan a los ministros de Trabajo de todo el mundo a proteger a los niños que trabajan en el servicio doméstico. “Un trabajo prácticamente invisible a las estadísticas y a las leyes”, cuenta Macarena Céspedes, responsable de campañas de Plan Internacional. Y más aún en el caso de los niños, que representan un tercio de todos los empleados de hogar en el mundo. Ocultos tras las puertas cerradas de los hogares, es dificil prestarles la protección que necesitan.
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"Ciudadanas de segunda"
Mujeres muy jóvenes, también niñas, procedentes de familias pobres,
que encuentran en el servicio doméstico una ocupación que, en muchas
ocasiones, se convierte también en un calvario. Trabajan por salarios
mínimos, de apenas cien dólares mensuales, de sol a sol. Una forma de
sustento fundamental para muchas mujeres de Indonesia, Filipinas, Nepal,
India o Etiopía, debido a las remesas que les permiten enviar a sus
familiares.Es el perfil de las víctimas de la esclavitud del trabajo doméstico. A las situaciones de explotación laboral, como jornadas inhumanas o salarios precarios, se unen, en muchos casos el maltrato físico y psicológico. En ocasiones, en situaciones extremas como abusos sexuales, violaciones, quemaduras o palizas continuadas. Así lo ha denunciado también Amnistía Internacional, que recuerda que casos como el de hoy, y los que cada cierto tiempo conocemos, son sólo la punta de un iceberg inmenso, porque las sirvientas en distintos puntos de Asia suelen ser tratadas como ciudadanas de segunda categoría ante la indiferencia de las autoridades del país.
Contratar criadas, nueva moda
Emplear a criadas filipinas se ha convertido en el nuevo lujo para la clase burguesa en Marruecos. Y esta situación ha derivado en numerosos abusos. Salarios bajísimos, malos tratos, abusos, e incluso violaciones. A falta de estadísticas oficiales, la Organización Democrática del Trabajo calcula que 3.000 filipinas han llegado a Marruecos en los últimos años, en búsqueda de una oportunidad para mejorar la vida de los familiares que han dejado en su país de origen.También Hong Kong se ha convertido en los últimos tiempos en lugar de destino para miles de trabajadoras indonesias, empleadas en condiciones de esclavitud. Unas 300.000 mujeres procedentes de otros países de Asia, sobre todo Indonesia y Filipinas, han recalado en la región china para desempeñar labores domésticas. Lo hacen en una situación de aparente normalidad, con un contrato reglado, pero el marco normativo de esta región es paradigma de la situación de abuso hacia las trabajadoras.
La ley obliga a las empleadas a vivir en el hogar de su jefe y estar a su disposición las 24 horas, lo que supone un blindaje en la práctica a las torturas. No existe salario mínimo para el servicio doméstico y, según la “regla de las dos semanas” la trabajadora está obligada a encontrar otro empleo en el plazo de quince días, si el contrato se rompe. Además, no podrán obtener la nacionalidad, como sí sucede con los empleados inmigrantes empleados en otros sectores, al cumplir siete años de residencia en el país.
"Me golpeó por la espalda y me arrastró a mi habitación. Me cerró con llave y siguió golpeándome y pegándome patadas. Acabé con marcas por todo el cuerpo y sangrando"
"La señora de la casa mandó una vez a sus dos perros que me mordieran mientras ella lo grababa en su teléfono móvil, y luego no paraba de verlo mientras se reía”
Según Amnistía Internacional, estas mujeres trabajan una media de 17 horas al día, no reciben ni un día por descanso, y sus salarios no llegan al mínimo establecido en el país, unos 500 dólares.
Escasos avances legislativos
Aunque algunos países han realizado mejoras en sus legislaciones, siguen siendo insuficientes, según los observadores de derechos humanos. Los marcos de protección laboral excluyen, en muchos casos, a las empleadas de hogar negándoles derechos que sí garantizan para otros trabajadores. Los tribunales sentencian en la mayoría de los casos a favor de los empleadores. A veces, estas mujeres no denuncian porque la legislación del país establece que durante el tiempo del proceso la mujer no recibirá remuneración, y deberá asumir todos los costes. Imposible para la mayoría.
Las tímidas reformas anunciadas por algunos países se han quedado en papel mojado, o se traducen en la firma de acuerdos bilaterales con otros países que les suministan mano de obra y les exigen un respeto mínimo de los derechos laborales. Pero, según el observatorio de Human Rights poco se ha avanzado.
Jordania es uno de los países que ha realizado más esfuerzos para incluir a estas trabajadoras en el régimen general, con garantías como el establecimiento de un día libre semanal, vacaciones pagadas o una jornada laboral máxima de diez horas. También las autoridades de Singapur han aprobado recientemente que las empleadas puedan tener un día de descanso.
En la práctica, los países suelen rasgarse las vestiduras cuando detectan algun tipo de abuso en otro Estado, pero poco miran a sus propias tripas. En 2011, Camboya decidió suspender el envío de mujeres a Kuwait para servicio doméstico despúes de conocer varios casos de abusos. También Indonesia vetó el envío de mujeres a Arabia Saudí en represalia por la ejecución de una inmigrante de este país acusada de asesinar a su patrona en reacción a los malos tratos que había sufrido.
Arabia ha protagonizado precisamente algunos de los titulares más polémicos. 25 mujeres indonesias han sido condenadas a pena de muerte en el país, y otra veintena expulsadas tras ser absueltas de sus acusaciones. En enero del año pasado, una empleada de hogar era decapitada en el país después de que sus jefes la acusaran de asfixiar a su bebé de cuatro meses, un delito que supuestamente había cometido siendo menor de edad. La trabajadora, natural de Sri Lanka, siempre sostuvo que el niño se ahogó accidentalmente con un biberón. A pesar de los intentos de los activistas internacionales, la chica fue condenada a pena de muerte. El caso provocó una enorme conmoción internacional y provocó la ruptura diplomática entre ambos países.
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