Las autoridades chinas han impuesto una vigilancia policial durante
las 24 horas del día en Xinjiang, donde desde la madrugada del miércoles
35 personas han fallecido, según fuentes oficiales, en los violentos
disturbios entre la policía y grupos de ciudadanos armados.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos, por su parte,
sitúan en 46 la cifra de muertos en los tres ataques perpetrados desde
el miércoles en la región.
El principal se produjo en la ciudad de Lukqun, donde grupos armados
asaltaron comisarías, sedes gubernamentales y un edificio en obras con
armas blancas, lo que causó la muerte de 24 civiles y policías.
Posteriormente, la policía china abrió fuego y mató a 11 de los presuntos atacantes.
En Hotan, una de las principales ciudades de Xinjiang, más de cien
personas en motocicletas y con cuchillos atacaron la comisaria de
Karakax, mientras otra turba armada asaltó la localidad de Hanairike y
se registraron más reyertas.
A raíz de estos incidentes -sobre estos dos últimos no hubo
información oficial- funcionarios chinos de alto rango se desplazaron a
Xinjiang para diseñar un plan destinado a reforzar la seguridad en la
región.
Esta medida se adoptó después de que el presidente chino, Xi Jinping,
se reuniera con los miembros del Comité Permanente del Politburó del
Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) para restablecer la
estabilidad social y proteger los intereses de los habitantes de
Xinjiang.
Entre los funcionarios que se trasladaron a la región se encuentra Yu
Zhengsheng, uno de los siete miembros del Comité Permanente del
Politburó del Comité Central del PCCh, que gobierna China.
Desde Urumqi, capital de Xinjiang, Yu Zhengsheng dijo hoy, tras
reunirse con las autoridades locales, que China aplacará "con dureza" y
de acuerdo a ley, los ataques para mantener la estabilidad social de la
región.
También el secretario de la Comisión para Asuntos Políticos y Legales
del Comité Central del PPCh, Meng Jianzhu, consideró que los recientes
sucesos "han revelado la naturaleza de los terroristas, que son enemigos
comunes de los grupos étnicos", y dio detalles sobre las medidas a
tomar en su contra.
Según Meng, las autoridades impondrán "severos castigos" a los que
participen en estos "crímenes violentos" y la policía armada se
encargará de vigilar la región, durante 24 horas y sin importar las
condiciones climáticas.
Además, la policía cooperará con los órganos locales de seguridad pública y adoptará medidas preventivas frente a los ataques.
Los incidentes se producen poco antes de cumplirse el cuarto
aniversario del peor conflicto étnico en China, el 5 de julio de 2009,
cuando en diversas protestas de uigures en las principales calles de
Urumqi murieron 200 personas.
La prensa local condena estos hechos y, así, el diario oficialista
"Global Times" afirma que los sucesos en Xinjiang no perturbarán la
estabilidad de China.
"La opinión pública de Occidente usará, en su beneficio, los
acontecimientos para avivar la llama del problema", advierte el
rotativo, para añadir: "Debemos ignorar estos ruidos".
Por su parte, la agencia Xinhua señala que los "gánsters" no se
dirigían a un grupo étnico particular y que su comportamiento es el de
un tipo de violencia organizada típica del terrorismo, con el objetivo
de generar inestabilidad social y sabotear los intereses de China.
Este tipo de actos "carece del mínimo respeto a la vida humana y no merece simpatías o tolerancia", zanja.
Para organizaciones civiles como la Asociación Americana Uigur, las
medidas que el Gobierno chino está tomando aumentan la tensión, al
incrementar la seguridad y tratar a los uigures con hostilidad.
"Después de imponer la censura en la información, el Estado utiliza
su aparato de propaganda para calificar el incidente de 'terrorismo',
sin presentar una evidencia que pueda probarlo de manera independiente",
apuntó el presidente de la asociación Alim Seytoff, en un comunicado.
Xinjiang es, junto al Tíbet, uno de los polvorines étnicos del oeste
de China y la región donde convive una población divida entre la
principal comunidad musulmana de etnia uigur -emparentada con los
pueblos de Asia Central- y la mayoría china de etnia han.
Organizaciones uigures acusan a Pekín de acabar con su cultura
tradicional y de explotar sus recursos naturales mediante la repoblación
con colonos han, desde que la región fue anexionada a China en 1949.
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