El Intransigente.com
Adital
10/06/2013
A pesar de los esfuerzos y la legislación vigente, la trata y el tráfico de personas siguen castigando duramente a cientos de mujeres y hombres en nuestro país
Trata de blancas
SALTA.- A pesar de los esfuerzos y la legislación vigente, la trata y el tráfico de personas siguen castigando duramente a cientos de mujeres y hombres en nuestro país. Según las denuncias de organismos internacionales y nacionales, las provincias del Norte argentino son las más afectadas por esta práctica. La permeabilidad de la frontera con Bolivia dificultan las tareas de control y prevención.
En junio del 2012, la Oficina para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguraba en su informe que "Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso.
Muchas de las víctimas de la trata con fines de explotación sexual provenientes de zonas rurales o provincias del Norte son forzadas a ejercer la prostitución en centros urbanos o provincias más prósperas del Centro y Sur del país”.
En ese mismo documento se establece que Argentina es un país de tránsito para mujeres y niñas extranjeras víctimas de la trata con fines de explotación sexual en Chile, Brasil, México y Europa Occidental. Además, algunas mujeres y niñas argentinas fueron víctimas de la trata con fines de explotación sexual en otros países.
"Funcionarios argentinos informaron que en 2011, la cantidad identificada de víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso fue tres veces mayor que la cantidad de víctimas con fines de explotación sexual identificadas durante el mismo año”.
De acuerdo a los informes elaborados por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), organismo encargado de asistir a las fiscalías del país en el trámite de las causas judiciales por secuestros extorsivos y trata de personas, las niñas y mujeres están en peligro en las provincias del Norte argentino. Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Catamarca, Misiones y Formosa son las provincias desde donde muchas jóvenes son sacadas, vía secuestros o por medio de falsas promesas de trabajo.
La mayor parte de ellas terminan en prostíbulos y cabarets de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Otro destino frecuente para las mujeres y niñas víctimas de las redes de prostitución son las zonas turísticas. Ciudades como Bariloche o Puerto Madryn en el Sur y Mar del Plata, entre otras ciudades costeras, son otros de los lugares elegidos por estas redes.
El informe demuestra también una connivencia estatal, local, policial y judicial que "legitima la actividad y conduce a su naturalización”. El 72% de los casos las mujeres están esclavizadas en locales nocturnos como whiskerías, pubs o pools, todos habilitados por los municipios y el otro 22% en departamentos privados.
María Cash y el caso Marcela Mamaní
En Salta, la situación no dista mucho del resto de otras provincias del país, pero se agrava por el paso rápido con la frontera de Bolivia. En el caso de Marcela Mamaní, desaparecida el 16 de febrero de 2012, y a más de un año, no hay noticias sobre su paradero, al que se le suman otros dos casos de niñas desaparecidas en la provincia en lo que va de este 2013, ambas menores de edad.
Por otro lado, el caso de María Cash, vista por última vez en el peaje de Aunor, el 8 de julio de 2008 y sobre el que no existen datos certeros, hizo que el Ministerio de Justicia de la Nación, duplique el monto de recompensa a $400.000, para quienes aporten datos.
Las estadísticas tomadas a partir del 22 de agosto de 2008 y hasta el 7 de marzo de 2012, por la UFASE, indican que el 64% de los casos judiciales fueron por trata con fines de explotación sexual, mientras que el 5% fueron hechos de trata con fines de explotación laboral rural, sólo un 1% textil, y 1% para mendicidad. En cuanto a la explotación sexual, el 77% fueron víctimas femeninas, el 19% varones y un 4% fueron víctimas transexuales.
En el 70% de los casos, el reclutamiento fue con "promesas de trabajo”, un 8% haciendo aprovechamiento de problemas familiares de la víctima y un 8% se las indujo a través de relaciones sentimentales. El 3% de los casos la entrega la hace un familiar o un conocido. Un 52% no tenía libertad ambulatoria y un 45% sufrió violencia.
En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, el 31% fueron de nacionalidad boliviana, 28% argentina, 21% paraguaya, 10% dominicana, 5% peruana, 3% colombiana y 2% uruguaya. El reclutamiento se da en un 83% en Argentina, un 12% en Paraguay, y un 1% en Bolivia. Mientras que el destino es 94% para Argentina, 4% Paraguay y 2% Chile.
"En Argentina ya hace muchos años que existen y se desarrollan redes criminales organizadas y las propias autoridades policiales de algunas provincias, esperan que sean los investigadores extranjeros los que expliquen exactamente los lugares donde se lleva a cabo el comercio humano, tal y como afirmaron algunos comisarios ante las denuncias que fueron lanzadas por los medios del Norte argentino”, explicó David Sendra, periodista y analista internacional, especializado en zonas en conflicto e investigador en temas de violencia de género.
En el país hay 400 denuncias de personas desaparecidas desde el 2011, pero se especula con que la cifra es tres veces mayor. "Los familiares de las víctimas, generalmente de familias muy empobrecidas, no realizan denuncias, ya que suponen que debido a las distancias y los costos, los jóvenes no pueden comunicarse o no pueden viajar con regularidad, en otros casos, los más viejos recuerdan los inconvenientes que tenía para mantener vínculos con la familia cuando eran llevados a otras provincias a trabajar.
Pueden pasar meses hasta que hacen una denuncia de desaparición”, se indicó. A pesar de las cifras y los últimos procesos, en especial desde el juicio por la desaparición de Marita Verón, desde la sanción de la ley 26364 de trata de personas en el año 2008, la Justicia dictó solamente 73 sentencias sobre el tema. Así lo indica el registro de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE). Según el informe de ese organismo, en 2012 hubo cinco condenas por trata en Salta.
Los procedimientos iniciados en los últimos años, según la Unidad Fiscal, van en aumento: 106 en el 2010, 237 en el 2011 y 256 desde enero a octubre del 2012. La mayor cantidad de casos de trata de personas judicializados se registran en las provincias de Misiones, Salta y Chaco. En estas provincias el tráfico de mujeres es intenso entre Bolivia, Paraguay y Brasil. La extensión y permeabilidad de las fronteras para el cruce crean una oportunidad inmejorable para estas redes.
En una nota publicada el 3 de abril de este año en la "Revista Norte”, de la ciudad de Orán, se advierte que "entre los delitos crecientes, cuyas consecuencias comienzan a hacerse sentir en las sociedades norteñas, la trata de personas es la menos mencionada en la Argentina y sin embargo ha sido denunciada por la misma ONU. A fines de marzo, Cleidy Torres, coordinadora de las Defensorías de la Alcaldía de Sucre, Bolivia, dijo que la trata y tráfico de personas en su país comienza en el municipio de Bermejo, Tarija, frontera con Aguas Blancas, en Salta”.
Esfuerzos históricos Históricamente, la Ley Palacios sancionada en 1913 fue la primera ley en proteger las víctimas de explotación sexual y esclavitud, además de penalizar a los responsables. Fue la primera normativa en todo el continente americano y significó un gran avance en Derechos Humanos del país.
El Día Internacional contra la Trata de Personas conmemora la sanción de esta ley. La Argentina está adherida al Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños de Naciones Unidas, por lo que sancionó en 2008 la LEY 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en acuerdo con los dictámenes del protocolo internacional y poniendo énfasis en la asistencia y derechos de las víctimas y su diferenciación entre adultos y menores de edad. Sin embargo, a finales del 2012 la ley 26.364 fue derogada y ampliada a la Ley Nacional 26.842 luego de conocerse el fallo por el caso judicial de Marita Verón en el que quedaron en libertad los 13 imputados de trata.
La ley ya tenía media sanción en el Senado, y sólo fue aprobada en la Cámara de diputados 18 meses después, luego de conocerse el veredicto en el juicio por la desaparición de Marita, que se llevó a cabo en la ciudad de Tucumán.
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