Giorgio Trucchi
LINyM - Lista Informativa 'Nicaragua y más' - Asociación Italia-Nicaragua
Adital
Foto: laprensa.hn
Organizaciones campesinas del Bajo Aguán, región al noreste de Honduras, denunciaron nuevamente el acoso y hostigamiento de policías y militares que integran el operativo conjunto Xatruch III, así como de efectivos de la Dirección nacional de investigación criminal, Dnic, contra miembros de la comunidad Panamá, ubicada en la margen izquierda del río Aguán.
Según el Movimiento unificado campesino del Aguán, Muca, un fuerte contingente de esta 'fuerza de tarea' detuvo el pasado domingo (26/5) a siete campesinos de la comunidad Panamá, allanando y saqueando de manera ilegal sus viviendas.
Los detenidos responden a los nombres de Omar de Jesús Maldonado, Lucio Rivera, Margarito López Guerra, Manclin Adalid Gómez García, José Tulio Cruz Alvarado, Jenny Giovanni Torres Nataren, y un menor de edad del cual se desconoce su nombre.
La comunidad Panamá se encuentra a pocos kilómetros de la entrada de la finca Paso Aguán, cuyos terrenos habían sido recuperados el año pasado por organizaciones campesinas de la zona, y nuevamente ocupados hace unas semanas (21/5) por guardias de seguridad del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, después de un violento desalojo que ha dejado un saldo de varios campesinos heridos y detenidos.
Esta misma finca ha sido escenario de dos exhumaciones de campesinos desaparecidos - Gregorio Chávez y José Antonio López Lara - en el marco de un conflicto agrario donde han sido asesinados no menos de 60 campesinos organizados.
De acuerdo con un comunicado emitido este lunes por el Muca, al menos 400 efectivos policiales y militares llegaron a la comunidad Panamá y comenzaron a allanar viviendas sin ningún tipo de orden judicial, "creando un ambiente de terror en niños, mujeres y ancianos".
La organización campesina denunció también el supuesto saqueo y robo de casi 12 mil lempiras (600 dólares) en la vivienda del señor Miguel Quintanilla, propietario de una pequeña tienda, y las repetidas amenazas vertidas en su contra durante el operativo.
De acuerdo con el comunicado emitido en horas de la mañana de hoy por el Muca, la toma de los terrenos de la finca Paso Aguán por parte de los guardias de seguridad de Facussé, así como el operativo militar de este domingo en la comunidad Panamá, responderían a una estrategia para intimidar a las organizaciones campesinas y poblaciones de la zona, y frenar el trabajo de investigación para hallar nuevas fosas clandestinas.
En su denuncia, las organizaciones campesinas piden a la Corte interamericana de derechos humanos, Cidh, que se investigue el origen del conflicto agrario y alimentario que vive el pueblo hondureño y que se hagan recomendaciones al gobierno de Honduras "con el objetivo de terminar con el derramamiento de sangre en el campo".
Finalmente alertaron a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos "a que se mantengan vigilantes" ante cualquier atentado criminal que pueda ocurrir en las próximas horas en contra de los campesinos de la comunidad Panamá.
Esta difícil situación ocurre pocas horas después del violento desalojo del cual fueron víctimas miembros de las comunidades indígenas lencas en San Antonio Chuchuitepeque, los cuales defienden sus territorios ancestrales ante las pretensiones acaparadoras de la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera, así como de la injustificada e ilegal detención de Bertha Cáceres y Tomás Gómez, dirigentes indígenas del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras, Copinh.
Los dos dirigentes fueron detenidos y seguidamente puestos en libertad el día de ayer con medidas cautelares, en el marco de la represión a las organizaciones populares que se ha desatado en Honduras desde el golpe de estado en 2009.
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Por Giorgio Trucchi |LINyM
Autoridades locales y judiciales coludidas contra derechos ancestrales de comunidades indígenas
Foto: Copinh (archivo)
Durante la jornada de ayer (23/5), un fuerte contingente de policías y agentes antimotines llevó a cabo un desalojo violento contra miembros de las comunidades lencas en San Antonio Chuchuitepeque, departamento de Santa Bárbara, haciendo uso de bombas lacrimógenas, disparando balas vivas, y dejando un saldo de varios heridos y no menos de cinco personas detenidas.
Según el Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras, Copinh, la población originaria de la zona, que cuenta con títulos ancestrales de los siglos XVII y XIX, decidió recuperar su derecho de posesión y propiedad sobre las tierras cercanas al río Ulúa, que fueron invadidas y usurpadas por la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera.
"Llegaron como un centenar entre policías y agentes antimotines y comenzaron a desalojarnos con gases lacrimógenos y balas. Nos desalojaron dos veces y fue un ataque muy violento que dejó un saldo de varios heridos y detenidos, entre ellos los compañeros y compañeras Manuel Bardales, Gonzalo Muñoz, Leonarda Cruz, Gustavo Adolfo Barahona e Isaías Hernández Garcías", explicó a la LINyM, Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh.
La dirigente indígena dijo que uno de los afluentes más importantes del río Ulúa es justamente el río Gualcarque, en la zona de Río Blanco, donde desde hace casi 50 días las comunidades lencas de la zona protestan contra el proyecto hidroeléctrico "Agua Zarca", impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y realizado, entre otros, con fondos del BCIE (Banco Interamericano de Integracvión Económica) por 24.4 millones de dólares.
Pese al desalojo perpetrado hace unas semanas contra la población indígena lenca, la protesta contra la invasión de territorios, la explotación de los recursos naturales y la ejecución de proyectos sin consulta previa con las poblaciones locales, continúa con fuerza en la zona de Río Blanco.
"Hay un claro contubernio y complicidad del alcalde de San Francisco de Ojuera con las empresas privadas que tienen los ojos puestos en nuestros territorios. Su servilismo es total y ha aprovechado la orden del tribunal, que no ha tomado en cuenta los títulos ancestrales de las comunidades, para proceder con este desalojo", aseveró Cáceres.
Cáceres hizo un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a mantenerse en alerta ante un posible recrudecimiento de la violencia y la represión.
"Hay mucha tensión y preocupación entre la gente y estamos presionando para que dejen en libertad a los compañeros detenidos. La represión ha sido brutal y desde ya responsabilizamos a las autoridades locales y los tres poderes del Estado por lo que pueda ocurrir en las próximas horas", concluyó la dirigente indígena.
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