En el municipio
de Totonicapán, cabecera del departamento con el mismo nombre y con un
98% de la población que pertenece a la etnia maya quiché, coexisten la
administración estatal y el consejo comunitario indígena. La
expresidenta del consejo y activista en defensa de los derechos de los
pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, Carmen Tacam, ha denunciado, en un
acto organizado por CEDSALA en Valencia, la criminalización que los
líderes de los movimientos sociales sufren por parte del gobierno y las
compañías transnacionales, singularmente las del sector de la minería.
“Terroristas”, “guerrilleros frustrados” que rechazan el “desarrollo” y
pretenden perpetuarse en la pobreza, son algunas de las acusaciones.
Mientras, continúa el goteo de activistas presos y asesinados.
Totonicapán, municipio en el que resides y militas, se rige por las leyes del estado de Guatemala pero, en paralelo, cuenta con una administración indígena. ¿Cómo se complementan?
Hay una relación de tensión. De reivindicación permanente por nuestra parte. El gobierno indígena surge con el objetivo de buscar el “buen vivir”, entendido como el equilibrio entre las personas, o entre éstas y la naturaleza. El municipio se divide en 48 alcaldías comunales, que eligen a la junta directiva y al presidente del Consejo de Alcaldes Comunales. El gobierno se ejerce durante un año y después se procede a una nueva elección. Además, cuenta con competencias como auditoría social (control de los servicios públicos que presta el estado); resolución de conflictos entre comunidades por los mojones de la tierra; conservación de los bosques y limpieza y gestión de los baños o termas naturales.
¿Qué proyectos desarrolla el consejo indígena en este municipio de 25.000 habitantes, dividido en 48 cantones, que tiene las tejedurías artesanales y el cultivo de la milpa (maíz) como algunas de sus principales fuentes de riqueza?
Además de las competencias que te decía, destacaría un convenio con la embajada de Noruega para la formación de líderes comunitarios, durante dos años y medio. Hay, además, otro proyecto de siete viveros para la reforestación, dentro de un plan para el cuidado de los recursos naturales. También se ha impulsado una campaña para evitar las talas de los bosques, en la que se incluyen programas de radio. Pero no hablamos de talas a gran escala. Las hemos evitado en nuestro territorio, igual que los proyectos de minería y a las transnacionales que comercializan semillas transgénicas.
El 4 de octubre de 2012 se produjo una matanza que alteró la vida de los 48 cantones…La irrupción del ejército y la policía nacional en una manifestación acabó con la muerte de seis personas
Convocamos a los vecinos de los 48 cantones para el bloqueo de cuatro carreteras. Las manifestaciones protestaban contra la reforma constitucional que plantea el presidente Otto Pérez Molina; contra la reforma para el acceso al título de maestro de educación bilingüe intercultural (de tres a cinco años); y por el conflicto que desde marzo del año pasado sosteníamos con Unión Fenosa-Deorsa-Deocsa. Habíamos informado previamente a las autoridades y disponíamos de todos los permisos. Mientras se bloqueaban las rutas, una comisión en la que yo me hallaba, se dirigió a conversar con el presidente…
¿Cuál fue la respuesta?
Salió su secretario. Nos dijo que el presidente, Otto Pérez Molina, saldría a atendernos en media hora. Pasaron cinco. Todo el tiempo manteníamos el contacto con los compañeros que bloqueaban las cuatro rutas. Nos decían que reinaba la tranquilidad. Pero a las 14,00 horas los compañeros nos llaman, y nos dicen que en el kilómetro 169-170 de la ruta Interamericana (una de las bloqueadas) han llegado efectivos de las fuerzas combinadas de la policía nacional y el ejército. Que sin mediar palabra, el ejército comenzó a disparar a los manifestantes. Entonces, los compañeros me piden que le diga al presidente que ordene el cese de los disparos. Vuelve a salir el secretario y nos comunica que no se ha dado ninguna orden de disparar.
¿Llegasteis a hablar finalmente con Otto Pérez Molina?
Sí, y nos confirmó las muertes. Pero sólo estuvo 10 minutos con nosotros. Nos negó que los disparos fueran obra de los soldados y que se hubieran dado órdenes. Esto mismo lo repitió después en una rueda de prensa. Pero miente. Todos los compañeros que estuvieron concentrados en el kilómetro 169 vieron que los tiros procedían del ejército. Pero el 5 de octubre, día siguiente de los hechos, el presidente cambió de versión. Afirmó que los militares dispararon porque se dio una provocación previa de los manifestantes. Una semana después, se produjo el arresto de ocho soldados y un coronel que estaba al mando de la tropa. Quedaron en prisión preventiva. El Ministerio Público abrió una investigación y finalmente al juez procesó a los 9 militares acusados de un delito de “ejecución extrajudicial”.
¿Os conformasteis con esta resolución?
No, exigimos que se hiciera una investigación de la cadena de mando, para aclarar las órdenes que dieron los superiores. Pero en el juicio los militares aparecieron con ocho abogados defensores, que son muchos. Esto no es lo habitual. Se inició el proceso y los abogados lograron que se cambiara el tipo penal de “ejecución extrajudicial” por el de “homicidio en riña multitudinaria”. Así, lograron su objetivo. Impedir que se investigara la cadena de mando y proteger al presidente del Gobierno. Esto ocurrió hace 20 días. La semana pasada, el Ministerio Público y los abogados querellantes presentaron un recurso contra el cambio de tipo delictivo.
Hace tiempo que las transnacionales desembarcaron en Guatemala. Te referías a un conflicto con Unión Fenosa que os llevó, entre otros motivos, al corte de rutas…
En el año 2010, Unión Fenosa cedió en arrendamiento mil lámparas de alumbrado público al alcalde municipal. Nuestro objetivo era lograr un ahorro en los costes de la energía eléctrica durante los dos años por los que se firmó el contrato. En marzo de 2012, al finalizar el compromiso, nos comunican, para nuestra sorpresa, que tenemos una gran deuda con la empresa. Preguntamos el porqué y nos negamos a pagar. Hay muchas razones. Unión Fenosa compraba la energía a la empresa estatal INDE y nos vendía el kilovatio-hora a un precio muy superior. Además, buena parte de las mil lámparas se quemaron muy pronto y dejaron de funcionar. Los vecinos tuvimos que comprar lámparas nuevas porque no las repararon. Tampoco se quisieron reunir con nosotros para resolver el problema.
Recientemente se ha declarado la suspensión del juicio contra el expresidente Ríos Montt, uno de los responsables del genocidio que sufrió principalmente la población indígena en la década de los 80. ¿A qué intereses responde la suspensión?
A los intereses afectados por este proceso. Empezando por el poder ejecutivo y el presidente, que temen que su imagen se vea dañada a nivel nacional e internacional. Casualmente, la suspensión del proceso se produce días después que un testigo protegido del Ministerio Público implique al actual presidente en los crímenes. La imagen de Otto Pérez Molina y la de su formación, el Partido Patriota, son fundamentales para entender lo ocurrido. Días después de la declaración del testigo, el presidente visitó el municipio de Nevaj (El Quiché), uno de los más castigados por la guerra, para repartir bolsas de alimentos.
Pérez Molina ha planteado asimismo una reforma constitucional, actualmente en suspenso. ¿Qué opinas de la propuesta?
No la aceptamos sobre todo por poco inclusiva. La reforma se hace únicamente para el beneficio de las 14 familias que controlan el poder en Guatemala. Además, se fortalece al ejército. Pero en ningún caso se tiene en cuenta a las clases populares. Ni a los pueblos indígenas. Porque es cierto que el presidente habla en sus discursos del reconocimiento de la lengua y la cultura indígenas. Pero eso no es respetarnos. No se organizan consultas sobre las cuestiones que afectan a nuestra población (explotaciones mineras, tributos, etc.). Tampoco se socializan ni se someten a debate las reformas que se pretenden. Nosotros pensamos, es cierto, que en la constitución son necesarios cambios. Pero no los que plantea el presidente.
Mientras, prosigue el goteo de asesinatos (el 18 de marzo, el del líder comunitario Encarnación Marcos Ucelo) y detenciones (recientemente, la de Rubén Herrera, dirigente de la Asamblea de Huehuetenango por la defensa de los recursos naturales). ¿A quién señaláis como responsables?
Es una forma de represión de las compañías mineras, que se quieren apropiar de nuestras tierras y recursos naturales con el apoyo del gobierno. Los proyectos de estas empresas ni siquiera cuentan con planes de mitigación ambiental. Nosotros consideramos fundamental la relación con la naturaleza desde nuestra cosmovisión de pueblo indígena. Hasta el punto de defender el territorio con nuestras propias vidas. Por eso personas que están al frente de las luchas son secuestrados y asesinados.
¿Se está produciendo una criminalización del movimiento indígena?
Portavoces gubernamentales tachan de “terroristas” y “guerrilleros frustrados” a los líderes indígenas. Lanzan campañas en las que se dice que no quieren el “desarrollo” del país, que pretenden “desestabilizar” el estado y vivir en la pobreza. Por supuesto, no nos creemos este discurso. Se trata de líderes electos mediante asambleas y a los que conocemos muy bien.
Por último, ¿continuáis reivindicando los Acuerdos de Paz de 1996?
Los acuerdos se han convertido en poco más que en un “legajo” de papeles con muchas firmas en los que, teóricamente, se asumen compromisos, pero que en la práctica no se han cumplido. Además, ya nadie se acuerda de ellos. Me refiero a puntos como el reconocimiento a las víctimas del conflicto armado o el acceso a la tierra. Ahora bien, continuamos reivindicando estos acuerdos. El estado no se preocupa por el bienestar de los pueblos indígenas que, si sobreviven, es por sus propios medios, porque se aseguran los servicios básicos (sanidad, educación, seguridad, autoorganización de las ciudades). De hecho, la mayoría de los veces los programas sociales son otra forma de paternalismo.
Totonicapán, municipio en el que resides y militas, se rige por las leyes del estado de Guatemala pero, en paralelo, cuenta con una administración indígena. ¿Cómo se complementan?
Hay una relación de tensión. De reivindicación permanente por nuestra parte. El gobierno indígena surge con el objetivo de buscar el “buen vivir”, entendido como el equilibrio entre las personas, o entre éstas y la naturaleza. El municipio se divide en 48 alcaldías comunales, que eligen a la junta directiva y al presidente del Consejo de Alcaldes Comunales. El gobierno se ejerce durante un año y después se procede a una nueva elección. Además, cuenta con competencias como auditoría social (control de los servicios públicos que presta el estado); resolución de conflictos entre comunidades por los mojones de la tierra; conservación de los bosques y limpieza y gestión de los baños o termas naturales.
¿Qué proyectos desarrolla el consejo indígena en este municipio de 25.000 habitantes, dividido en 48 cantones, que tiene las tejedurías artesanales y el cultivo de la milpa (maíz) como algunas de sus principales fuentes de riqueza?
Además de las competencias que te decía, destacaría un convenio con la embajada de Noruega para la formación de líderes comunitarios, durante dos años y medio. Hay, además, otro proyecto de siete viveros para la reforestación, dentro de un plan para el cuidado de los recursos naturales. También se ha impulsado una campaña para evitar las talas de los bosques, en la que se incluyen programas de radio. Pero no hablamos de talas a gran escala. Las hemos evitado en nuestro territorio, igual que los proyectos de minería y a las transnacionales que comercializan semillas transgénicas.
El 4 de octubre de 2012 se produjo una matanza que alteró la vida de los 48 cantones…La irrupción del ejército y la policía nacional en una manifestación acabó con la muerte de seis personas
Convocamos a los vecinos de los 48 cantones para el bloqueo de cuatro carreteras. Las manifestaciones protestaban contra la reforma constitucional que plantea el presidente Otto Pérez Molina; contra la reforma para el acceso al título de maestro de educación bilingüe intercultural (de tres a cinco años); y por el conflicto que desde marzo del año pasado sosteníamos con Unión Fenosa-Deorsa-Deocsa. Habíamos informado previamente a las autoridades y disponíamos de todos los permisos. Mientras se bloqueaban las rutas, una comisión en la que yo me hallaba, se dirigió a conversar con el presidente…
¿Cuál fue la respuesta?
Salió su secretario. Nos dijo que el presidente, Otto Pérez Molina, saldría a atendernos en media hora. Pasaron cinco. Todo el tiempo manteníamos el contacto con los compañeros que bloqueaban las cuatro rutas. Nos decían que reinaba la tranquilidad. Pero a las 14,00 horas los compañeros nos llaman, y nos dicen que en el kilómetro 169-170 de la ruta Interamericana (una de las bloqueadas) han llegado efectivos de las fuerzas combinadas de la policía nacional y el ejército. Que sin mediar palabra, el ejército comenzó a disparar a los manifestantes. Entonces, los compañeros me piden que le diga al presidente que ordene el cese de los disparos. Vuelve a salir el secretario y nos comunica que no se ha dado ninguna orden de disparar.
¿Llegasteis a hablar finalmente con Otto Pérez Molina?
Sí, y nos confirmó las muertes. Pero sólo estuvo 10 minutos con nosotros. Nos negó que los disparos fueran obra de los soldados y que se hubieran dado órdenes. Esto mismo lo repitió después en una rueda de prensa. Pero miente. Todos los compañeros que estuvieron concentrados en el kilómetro 169 vieron que los tiros procedían del ejército. Pero el 5 de octubre, día siguiente de los hechos, el presidente cambió de versión. Afirmó que los militares dispararon porque se dio una provocación previa de los manifestantes. Una semana después, se produjo el arresto de ocho soldados y un coronel que estaba al mando de la tropa. Quedaron en prisión preventiva. El Ministerio Público abrió una investigación y finalmente al juez procesó a los 9 militares acusados de un delito de “ejecución extrajudicial”.
¿Os conformasteis con esta resolución?
No, exigimos que se hiciera una investigación de la cadena de mando, para aclarar las órdenes que dieron los superiores. Pero en el juicio los militares aparecieron con ocho abogados defensores, que son muchos. Esto no es lo habitual. Se inició el proceso y los abogados lograron que se cambiara el tipo penal de “ejecución extrajudicial” por el de “homicidio en riña multitudinaria”. Así, lograron su objetivo. Impedir que se investigara la cadena de mando y proteger al presidente del Gobierno. Esto ocurrió hace 20 días. La semana pasada, el Ministerio Público y los abogados querellantes presentaron un recurso contra el cambio de tipo delictivo.
Hace tiempo que las transnacionales desembarcaron en Guatemala. Te referías a un conflicto con Unión Fenosa que os llevó, entre otros motivos, al corte de rutas…
En el año 2010, Unión Fenosa cedió en arrendamiento mil lámparas de alumbrado público al alcalde municipal. Nuestro objetivo era lograr un ahorro en los costes de la energía eléctrica durante los dos años por los que se firmó el contrato. En marzo de 2012, al finalizar el compromiso, nos comunican, para nuestra sorpresa, que tenemos una gran deuda con la empresa. Preguntamos el porqué y nos negamos a pagar. Hay muchas razones. Unión Fenosa compraba la energía a la empresa estatal INDE y nos vendía el kilovatio-hora a un precio muy superior. Además, buena parte de las mil lámparas se quemaron muy pronto y dejaron de funcionar. Los vecinos tuvimos que comprar lámparas nuevas porque no las repararon. Tampoco se quisieron reunir con nosotros para resolver el problema.
Recientemente se ha declarado la suspensión del juicio contra el expresidente Ríos Montt, uno de los responsables del genocidio que sufrió principalmente la población indígena en la década de los 80. ¿A qué intereses responde la suspensión?
A los intereses afectados por este proceso. Empezando por el poder ejecutivo y el presidente, que temen que su imagen se vea dañada a nivel nacional e internacional. Casualmente, la suspensión del proceso se produce días después que un testigo protegido del Ministerio Público implique al actual presidente en los crímenes. La imagen de Otto Pérez Molina y la de su formación, el Partido Patriota, son fundamentales para entender lo ocurrido. Días después de la declaración del testigo, el presidente visitó el municipio de Nevaj (El Quiché), uno de los más castigados por la guerra, para repartir bolsas de alimentos.
Pérez Molina ha planteado asimismo una reforma constitucional, actualmente en suspenso. ¿Qué opinas de la propuesta?
No la aceptamos sobre todo por poco inclusiva. La reforma se hace únicamente para el beneficio de las 14 familias que controlan el poder en Guatemala. Además, se fortalece al ejército. Pero en ningún caso se tiene en cuenta a las clases populares. Ni a los pueblos indígenas. Porque es cierto que el presidente habla en sus discursos del reconocimiento de la lengua y la cultura indígenas. Pero eso no es respetarnos. No se organizan consultas sobre las cuestiones que afectan a nuestra población (explotaciones mineras, tributos, etc.). Tampoco se socializan ni se someten a debate las reformas que se pretenden. Nosotros pensamos, es cierto, que en la constitución son necesarios cambios. Pero no los que plantea el presidente.
Mientras, prosigue el goteo de asesinatos (el 18 de marzo, el del líder comunitario Encarnación Marcos Ucelo) y detenciones (recientemente, la de Rubén Herrera, dirigente de la Asamblea de Huehuetenango por la defensa de los recursos naturales). ¿A quién señaláis como responsables?
Es una forma de represión de las compañías mineras, que se quieren apropiar de nuestras tierras y recursos naturales con el apoyo del gobierno. Los proyectos de estas empresas ni siquiera cuentan con planes de mitigación ambiental. Nosotros consideramos fundamental la relación con la naturaleza desde nuestra cosmovisión de pueblo indígena. Hasta el punto de defender el territorio con nuestras propias vidas. Por eso personas que están al frente de las luchas son secuestrados y asesinados.
¿Se está produciendo una criminalización del movimiento indígena?
Portavoces gubernamentales tachan de “terroristas” y “guerrilleros frustrados” a los líderes indígenas. Lanzan campañas en las que se dice que no quieren el “desarrollo” del país, que pretenden “desestabilizar” el estado y vivir en la pobreza. Por supuesto, no nos creemos este discurso. Se trata de líderes electos mediante asambleas y a los que conocemos muy bien.
Por último, ¿continuáis reivindicando los Acuerdos de Paz de 1996?
Los acuerdos se han convertido en poco más que en un “legajo” de papeles con muchas firmas en los que, teóricamente, se asumen compromisos, pero que en la práctica no se han cumplido. Además, ya nadie se acuerda de ellos. Me refiero a puntos como el reconocimiento a las víctimas del conflicto armado o el acceso a la tierra. Ahora bien, continuamos reivindicando estos acuerdos. El estado no se preocupa por el bienestar de los pueblos indígenas que, si sobreviven, es por sus propios medios, porque se aseguran los servicios básicos (sanidad, educación, seguridad, autoorganización de las ciudades). De hecho, la mayoría de los veces los programas sociales son otra forma de paternalismo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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