Con palos y látigos se resguarda la puerta de un coliseo en una ciudad
de las provincias con mayor población indígena. No se quiere
‘infiltrados’. Es casi la medianoche del domingo 21 de abril en
Saquisilí, Cotopaxi. Adentro, miles de ellos elegían a Carlos Pérez
Guartambel como presidente de la Ecuarunari, la filial de la Sierra de
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Su primer mensaje: “Radicalizar la resistencia como único camino a la supervivencia”.
Pérez
sabe de resistencia. Tres años atrás protestó en las calles en defensa
del agua y terminó encarcelado. La pena rebajada a ocho días la pagó
hace un mes. Sus compañeros ven en él la lucha contra el extractivismo,
contra la minería a gran escala que afecta a las fuentes de agua. Y de
la cárcel pasa a dirigir esta agrupación indígena, que se considera como
el único frente de oposición que queda en pie y con la misión de lucha
contra el Gobierno.
Para ello está en marcha el proceso de
reestructuración en organizaciones y filiales, y de su brazo político:
el movimiento Pachakutik.
Sus asambleístas, que ya no estarán en
el próximo periodo legislativo, que arrancará este 14 de mayo, volverán a
las bases para fortalecerlas y seguir “resistiendo”, dicen, a las
políticas del Gobierno en cuanto a temas que los han confrontado.
Así,
Diana Atamaint, asambleísta que dejará la actividad legislativa,
volverá a Morona Santiago, a la Confederación de Nacionalidades
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), para “tomar decisiones
en las bases” sobre la reforma agraria, la Ley de Aguas, Ley de
Tierras, Ley de Comunas, Ley Minera, Hidrocarburífera y las leyes
tendentes a mejorar la producción del sector campesino. “En estos puntos
debemos buscar consensos o plantear nuestro plan de resistencia si es
que el Gobierno no considera nuestras propuestas que hemos llevado hasta
la fecha en la Asamblea”, señala.
Si es necesario, prepararán
movilizaciones. La última gran marcha que activó las bases de la Conaie
se dio el 8 de marzo del 2012, tres días después de que el Gobierno
firmó contrato con una minera para el proyecto Mirador. Por varios días y
distintas provincias avanzaron miles de indígenas hasta Quito.
Ella
dice que el poder político se ha valido del movimiento indígena, “han
propuesto que recogerán las aspiraciones, por eso han logrado tener
nuestro apoyo; sin embargo, luego se olvidan de las ofertas de campaña y
van por caminos distintos a lo ofrecido. Incluso nos criminalizan y nos
dicen terroristas por reclamar esos derechos”.
A las bases de
Chimborazo también regresa Gerónimo Yantalema. Él considera que una de
las mayores confrontaciones con el Gobierno será el modelo económico,
comentó esta semana a RTU. En el plano legislativo, según el asambleísta
que forma parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria, quedan
pendientes la Ley de Aguas, la de Tierras y la de Semillas.
Por
eso anuncia que hará un acompañamiento a los nuevos legisladores de PK.
Su nombre, según dirigentes de Pachakutik, suena para hacerse cargo de
ese movimiento. Otra candidata es Nina Pacari Vega.
El Consejo
Nacional Electoral (CNE) ya recibió el pedido de organizar el proceso en
el que se designará a los integrantes de la coordinación nacional del
movimiento. La jornada tal vez se realice el 1 de junio, según fuentes
de la agrupación.
Mientras que a las 08:30 de hoy, el Frente de
Pueblos y Nacionalidades para la Defensa de los Territorios de la
Amazonía será parte del proceso de elección del nuevo consejo de
gobierno de la comunidad Sarayacu, en Pastaza.
Franklin Toala,
encargado de las relaciones internacionales y nacionales de ese frente,
dice que no hay posibilidades de que el Gobierno “se infiltre” en la
nueva directiva y resalta la unidad del movimiento indígena, pese a las
dificultades de comunicación que tienen por lo extenso y agreste del
territorio.
Toala dice que en las comunidades esperan que los
nuevos asambleístas de PK mantengan la lucha sobre los temas en que las
bases amazónicas han mostrado su desacuerdo: la consulta previa (que
ellos pretenden que sea vinculante) en temas que podrían afectar a las
poblaciones y la nueva ronda petrolera para licitar nuevos campos.
Para
Lourdes Tibán, quien seguirá en la Asamblea, no existe otro frente de
oposición que el movimiento indígena. “Miremos a los estudiantes, en
cualquier otra época con lo que ha pasado, el libre acceso a la
educación superior, cierre de universidades, hubieran sido una gran
fuerza social y ahora no ha sido así. En el tema del sector público
vamos por 15.000 despidos intempestivos, pero han quedado en la
queja...”.
Acepta que PK tendrá poca incidencia como oposición al
tratar las leyes frente a los 100 de 137 legisladores que tendrá
Alianza PAIS. Pero señala: “Nosotros somos más afuera que adentro. Y hay
que ver cómo reactivar lo de afuera (organizaciones de base), porque
adentro (la Asamblea) no va a pasar nada... Alguna vocería hemos de
hacer en la Asamblea, pero siempre se necesita que haya conciencia desde
afuera”.
Humberto Cholango, presiente de la Conaie, dice que el
poder político siempre ha intentado dividirlos, y aunque él asegura que
no lo han logrado, la dirigencia de PK en Chimborazo participó en las
elecciones en alianza con el Gobierno.
En las próximas semanas se
renovará la filial amazónica de la Conaie. “Vamos a renovar nuestros
cuadros dirigenciales, a trabajar con mucha intensidad en las
organizaciones de base para que las propuestas del movimiento sean
observadas y escuchadas por el Gobierno”. “Nos estamos renovando para
poder dar respuesta al nuevo periodo de Gobierno”.
Temas de conflicto
Ley de Aguas
La
primera disposición transitoria de la Constitución, vigente desde
octubre del 2008, le dio un año a la Asamblea para aprobar la ley que
regule los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. En el
2009 la Presidencia de la República y la Conaie presentaron sus
proyectos. En noviembre de ese año, el pleno aprobó el primer informe.
Seis meses después se presentó un nuevo informe de mayoría. Entre los
temas álgidos está el sistema de administración del agua, la autoridad
única del recurso y sus atribuciones. En marzo del 2010, la Corte
Constitucional señala como obligación la consulta prelegislativa para
leyes que afecten derechos colectivos. En la Asamblea se frena la
votación ante la falta de reglamentación para la consulta. El 13 de
junio del 2012 el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) aprobó
el instructivo para la consulta; 1.607 agrupaciones se inscribieron para
el proceso que terminó el 8 de octubre. Actualmente la mesa organiza
los resultados.
Proyectos pendientes
En la mesa de
Soberanía Alimentaria están pendientes de trámite los proyectos de ley
para la redistribución de tierras, consulta previa, comunas y de
semillas. Ninguno tiene informe para primer debate.
Consulta previa
La
extracción también mantiene roces entre el régimen y los indígenas. En
septiembre pasado, con lanza y ajíes pobladores de Yaupi (Morona
Santiago) esperaron a funcionarios de Hidrocarburos que iban a difundir
la décima ronda de la explotación minera y petrolera en la zona. Los
habitantes de esta parroquia del cantón Logroño se concentraron para
criticar la explotación y los funcionarios no arribaron, por lo que no
se realizó la consulta previa.
Posiciones: Representantes indígenas
Humberto Cholango
Presidente de la Conaie
“Vamos
a renovar nuestros cuadros y a trabajar en las organizaciones de base
para que las propuestas del movimiento indígena sean escuchadas por el
Gobierno”.
Diana Atamaint
Asambleísta saliente
“Vamos
a seguir con el trabajo de bases para que no nos engañen, el Gobierno
dispone de tanto dinero y es muy fácil entrar por ese lado a quebrar a
nuestras organizaciones”.
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