Por página MasPúblico
MADRID // La Unión Europea se ha convertido en el principal mercader de muerte del mundo. La organización que este año ha ganado el premio Nobel de la Paz es paradójicamente el primer exportador de armamento pesado a escala global según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Un 7% de estas armas van a parar al continente más empobrecido del planeta, África, cuyos habitantes padecen numerosos conflictos armados y donde las violaciones de derechos humanos son moneda corriente.
Este dato lo ofrece el informe La política de exportaciones de armamento de los países de la Unión Europea a África (2002-2012) del Centro de Estudios por la Paz J.M. Delàs, fruto de una investigación que ha llegado a la conclusión de que “los países de la UE prefieren mantener sus relaciones comerciales a aplicar criterios estrictos de protección de los derechos humanos, prevención de conflictos o de fomento del desarrollo sostenible”.
Los destinos de las armas europeas en el período objeto de estudio corroboran esta afirmación. De 2002 a 2010, los países de la Unión Europea exportaron a África armamento valorado en 5.161,5 millones de euros, el 7,08% del total de sus transferencias, unas cantidades relativamente modestas en el conjunto de sus ventas de armamento, pero cuya tendencia va al alza.
La mayor parte de estas armas (55,4%) fueron a parar a África Subsahariana, fundamentalmente a Suráfrica, mientras que el 44,6% restante fue exportado al norte del continente. Por países, los principales clientes de la industria armamentística europea fueron Suráfrica (2.397 millones), Marruecos (655 millones), Argelia (652 millones), Egipto (544 millones), Libia (333 millones), Nigeria (147 millones) y Túnez (106 millones).
En la lista figuran 49 de los 53 países africanos, incluidos estados considerados fallidos como la República Democrática del Congo, y otros, como Chad, en los puestos de cola del desarrollo humano, y cuya población padece incluso hambrunas.
Tampoco las graves violaciones de derechos humanos o el hecho de que el país hubiera apenas salido de un conflicto armado, o incluso estuviera inmerso en uno, han sido óbice para que la UE haya hecho negocio. A ello apunta la exportación de armas a países como Angola, Sudán, Etiopía, Kenia, Nigeria y Ruanda.
El caso de Libia es ilustrativo de las repercusiones concretas de la exportación de armas de la UE. El informe precisa que en 2009 se exportó armamento a este país por valor de 173,9 millones de euros y en 2010, meses antes de que estallara la guerra, por valor de 100,8 millones.
El documento del centro Delàs hace hincapié en el hecho de que los Estados interpretan de una manera laxa la Posición Común de la UE que debería obligarles a no exportar armas, no sólo a países en guerra, sino a aquellos en donde se violan los derechos humanos. Esta Posición Común es además un instrumento muy deficiente de control” pues “deja en manos de los Estados” la posibilidad de hacer esta interpretación poco rigurosa.
El caso de España
Las exportaciones de armas de España con destino a África suponen el 6% del total de este comercio, denuncia el documento, y entre 2002 y 2010 supusieron para el Estado 402,6 millones de euros. A diferencia del conjunto de la UE, España exporta mayoritariamente a los países del norte de África (el 83,41% del total de las transferencias de armamento al continente africano).
El principal cliente de la industria armamentística española en África ha sido Marruecos (191,8 millones), precisamente el país que en 1975 se anexionó el Sáhara Occidental, un conflicto que 37 años después sigue pendiente de resolución.
Le siguen Argelia (117,8 millones), Botsuana (44,9 millones), Ruanda (15,2 millones), Libia (15,1 millones), Egipto (6 millones), Ghana (3,2 millones), Mauritania (2,9 millones), Suráfrica (1,4 millones), y Túnez (1,1 millones).
Lo que se desprende de estos datos es que España no es una excepción dentro del panorama de escasos escrúpulos del conjunto de la UE a la hora de vender armas a países que reprimen a sus poblaciones y que carecen de unos mínimos de democracia y de bienestar.
El informe destaca un aspecto particularmente acusado en el caso español: el secretismo. En España, la información sobre la exportación de material de defensa está clasificada como “secreto de Estado” y las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo que autoriza la venta de material bélico, son confidenciales.
“En la práctica, el secretismo se utiliza para impedir que la ciudadanía conozca a qué países se está vendiendo armamento y qué tipo de material de defensa se exporta”, asegura el texto.
En ocasiones, el manto de silencio con el que se cubre la manga ancha con la que el Estado interpreta la legislación europea e incluso la española se rasga. Fue lo que sucedió en abril de 2011 cuando la organización Human Rights Watch reveló que el ejército libio había utilizado bombas de racimo MAT-120 en su ofensiva sobre Misrata. Estas bombas las fabricaba la empresa Instalaza, con sede en Zaragoza, de la que el ahora ministro de Defensa Pedro Morenés fue consejero.
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