Candidato presidencial de la Unidad Plurinacional
Quito, 21 de octubre de 2012
Un nuevo régimen de producción debe basarse en la norma constitucional que establece la Economía Social y Solidaria, y que postula que el centro de toda actividad económica es el ser humano. Pero no desde una visión antropocéntrica, pues el ser humano no solo debe ser solidario con los demás, sino que debe vivir en armonía con la Naturaleza, de la que forma parte. Ese es el punto de partida del Buen Vivir.
Igualmente,
como dispone la Constitución de Montecristi, hay que asegurar una
relación armónica entre Estado, mercado y sociedad. Al mercado hay que
civilizarlo, para lo cual el país ya cuenta con una ley para el control
de las operaciones oligopólicas y monopólicas; ley que, sin embargo,
carece de poder para afectar las estructuras monopólicas y oligopólicas
existentes, que frenan el desenvolvimiento dinámico de la economía. Por
ello es importante romper con aquellas estructuras que hegemonizan el
aparato productivo.
Si
bien es cierto que al mercado hay que controlarle para que este no se
sitúe por encima de los intereses de la ciudadanía y las personas, no
creemos que sea función del Estado entrometerse en la vida cotidiana de
la ciudadanía. El Estado no puede ser una suerte de inspector de las
costumbres ciudadanas que prohíbe las conductas sociales (como sucede
con la prohibición de vender cerveza los domingos o peor aún que un
burócrata estatal pueda decidir cuál debe ser la vocación profesional de
la juventud que quiere estudiar en una universidad).
Necesitamos
una sociedad fuertemente organizada, que ciudadanice al Estado y
civilice el mercado. De igual manera, consideramos que la acción
productiva en el país no debe destruir la Naturaleza, pilar sobre el
cual se sustenta nuestra economía y el futuro de las generaciones
venideras. En tal sentido, también es indispensable fortalecer el
control del Estado sobre los recursos naturales no renovables. Sin
embargo, estamos convencidos de la inviabilidad económica, social y
ambiental de la megaexplotación minera.
El
grueso del cambio político, institucional y socioeconómico se generará
desde las pequeñas y medianas empresas, así como desde aquellas
organizaciones cooperativas y comunitarias, sobre la base del uso
intensivo de fuerza laboral y tecnologías intermedias, insumos
local-regionales, concentrando la producción para cubrir
prioritariamente las necesidades del mercado interno y garantizar la
soberanía alimentaria nacional.
Las
prácticas monopólicas y oligopólicas concentran riqueza en pocas
empresas grandes, que no son las mayores generadoras de empleo y, muchas
veces, en lugar de fomentar la producción, promueven las importaciones.
En el Ecuador las pequeñas y medianas empresas (PYMES) generan la mayor
cantidad de empleo: 75%, y participan de un 56% de las ventas
nacionales. Las pequeñas empresas, a pesar de ser el 95% del universo de
empresas existentes en el país y las generadoras del 44% de empleo
nacional, apenas venden el 16% de los productos que se comercializan en
el mercado, lo cual refleja asimetrías que han de ser urgentemente
corregidas en nuestra economía.
Los
grandes empresarios tratan de acumular aplastando a otros; por ejemplo,
buscan maximizar las utilidades por cada unidad de producto que se
coloca en el mercado, cuando bien podrían aumentar sus utilidades
incrementando la masa de productos que colocan en el mercado. Lo que se
aplica especialmente al gran capital extranjero, que no sólo
desnacionaliza la economía, sino que -al menor indicio de crisis-
emigran al exterior, desestabilizando la economía doméstica.
La
tarea es fabricar la mayor cantidad posible de productos localmente,
para generar mayor valor agregado y evitar la monodependencia del
producto estrella del momento (cacao, banano, petróleo). La opción es
crear un aparato productivo vigoroso basado en las pequeñas y medianas
empresas del campo y la ciudad, las cuales, además de generar puestos de
trabajo, son las que -con frecuencia- menos problemas ambientales
generan. El eje de este universo de emprendimientos estaría
complementado por las unidades productivas comunitarias, asociativas y
cooperativas, así como las unidades económicas populares, con los que se
debe construir otra economía, una economía solidaria como manda la
Constitución de Montecristi.
Es decir una economía inclusiva,
sustentable y generadora de
puestos de empleo dignos. Proponemos, en suma, incentivar a los que
nunca han sido incentivados. Hay que pasar de una economía oligopólica a
una economía reciproca y solidaria.
Este
sector económico popular y solidario está compuesto por el conjunto de
formas de organización económica-social en las que sus integrantes,
colectiva o individualmente, desarrollan procesos de producción,
intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y
servicios. Estas formas de organización económica solidaria incluyen
cooperativas de producción, de consumo, de vivienda y de servicios, así
como a las asociaciones y organizaciones productivas comunitarias. A
estas se suman las organizaciones del sector financiero popular y
solidario, que tienen a las cooperativas de ahorro y crédito como uno de
sus principales pilares, así como a las cajas solidarias y de ahorro y
los bancos comunales.
Estas
organizaciones realizan sus actividades basadas en relaciones de
solidaridad, cooperación y reciprocidad y ubican al ser humano como
sujeto y fin de toda actividad económica por sobre el lucro, la
competencia y la acumulación de capital. De esta manera se romperá con
toda forma de paternalismo, asistencialismo o clientelismo, por un lado,
y por otro, con toda forma de concentración y acaparamiento; prácticas
que han dominado la historia del país: migajas para el pueblo y la gran
torta para las minorías. Aquí lo que cuenta, a demás, tal como dispone el mandato constitucional, es que el ser humano debe
vivir en armonía con la Naturaleza, buscando, individual y comunitariamente, la construcción el Buen Vivir o Sumak Kawsay.
El
Estado tendrá que invertir y generar las condiciones que dinamicen a
los pequeños y medianos productores, porque son grupos con una enorme
productividad del capital. Un pequeño productor con una pequeña
inversión le saca mucho más rédito al dólar invertido que el dólar
invertido que los grandes grupos de capital y las transnacionales que
operan en el país.
El problema de ese productor es que no tiene
capacidad de acumular. Gana muy poco y vive en condiciones de inmediatez
económica, subordinado al gran capital. Muchas veces tampoco tiene una
adecuada preparación profesional y formación técnica, dado
que el Estado no se ha preocupado en materia de preparación para la
adecuada gestión de este sector productivo. Para lograr este propósito
se
requiere de la cooperación interempresarial de estas empresas de
propiedad social, en lo que se denominan “Distritos Industriales”, como
lo que existe de alguna manera ya en Atuntaqui. Hay que profundizar y
ampliar esta experiencia, haciendo que las diversas empresas compartan
costos fijos (maquinaria, edificios, equipo, tecnologías, etc.) y
aprovechen así economías de escala, lo que les aseguraría una mayor
productividad. (Supervisando, por cierto, que se produzca sin afectar al
medio ambiente.)
Por
ello se vuelve impostergable una repotenciación del aparato productivo
del país, superando su sometimiento colonial extractivista, que en la
actualidad se consolida de la mano del gobierno de Rafael Correa.
Tenemos que superar la herencia colonial extractivista . Esta decisión
exige el ejercicio soberano sobre la economía, la desprimarización de su
estructura, el fomento y la inversión para la innovación
científico-tecnológica, la inclusión social, la capacitación laboral y
la generación de empleo abundante y bien remunerado. Este último punto
es crucial para evitar el subempleo, la desigual distribución del
ingreso, el desangre demográfico que representa la migración, entre
otras patologías inherentes al actual modelo primario-exportador de
acumulación.
La
transformación del bono de desarrollo humano en un bono productivo y
comunitario puede ser una interesante opción para superar visiones
simplemente asistencialistas. Esto se completará con un sistema de
abastecimiento del desayuno y almuerzo escolar proveniente de la
producción de los campesinos y los pescadores locales, sobre todo de los
propios cantones: basta de seguir favoreciendo a los grupos
monopólicos, como lo hace el actual gobierno. Los resultados de esta
decisión son evidentes: fortalecimiento del aparato productivo campesino
y pesquero artesanal, así como mayor generación de empleo y la
configuración de núcleos de producción de bienes de consumo de masas, en
el marco de una ampliación del mercado doméstico y autodependiente que
debilite las redes de
distribución y comercialización que benefician a los grupos monopólicos
en detrimento de los demás productores. (Sobre esta propuesta se puede
consultar la nota del 14 de octubre del presente año)
En
un presupuesto de más de 26 mil millones de dólares el financiamiento
de estas propuestas solo requiere voluntad política: la pobreza se
supera con producción y empleo, así como con redistribución de la
riqueza y una nueva institucionalidad que vele por la justicia, la
no-discriminación y la descentralización política y económica!!!
Hacia la desconcentración de la riqueza
Un documento interno del mismo gobierno sintetiza lo que el Ecuador ha vivido en estos últimos años: “nunca antes los grandes grupos económicos estuvieron mejor y los excluidos estuvieron menos peor”. A
pesar de lo cual no se entiende el problema de fondo, que radica en el
hecho de que mientras se mantenga la brecha, estos grupos en extremo
explotados nunca podrán estar realmente mejor. En realidad estos grupos
no están marginados: están incorporados a la lógica capitalista del gran
capital, viven de las migajas que les deja su dinámica
sobre-concentradora y sobre-explotadora heredada del pasado neoliberal y
no transformada por las políticas públicas desarrolladas durante el
actual gobierno.
La
lucha contra la pobreza no puede hacerse sin combatir la excesiva
concentración del ingreso y de la riqueza. En nuestro país persisten
estructuras heredadas de las épocas colonial, oligárquica y neoliberal,
que generan prácticas oligopólicas y monopólicas. Esta es la realidad
del país.
Las
principales actividades económicas están concentradas en pocas
empresas: el 81% del mercado de las bebidas no alcohólicas está en manos
de una empresa, una empresa por igual contrala el 62% del mercado de la
carne, cinco ingenios (con tan solo tres dueños) controlan el 91% del
mercado del azúcar, dos empresas el 92% del mercado del aceite, dos
empresas controla en 76% del mercado de los productos de higiene y así
podríamos seguir enumerando uno por uno cada sector productivo y
comercial. Las ganancias de los cien grupos más grandes se incrementaron
en un 12% entre 2010 y 2011, superando la astronómica cifras de
35.000 millones de dólares. En este sentido es necesario destacar que
las utilidades de los grupos económicos en el período 2006-2010 fueron
(serían)
364% superiores al período 2004-2006. Las utilidades de los grupos
económicos pasaron (habrían pasado) de 529 millones de dólares en 2006
(antes de Correa) a 1.830,4 millones de dólares en 2010 (con Correa).
Si
bien, por mandato constitucional, la banca y los banqueros ya no pueden
tener propiedades ajenas a las relativas a su actividad específica, el
crecimiento acumulado de utilidades de la banca privada en el período
2007-2009 (durante el gobierno del presidente Rafael Correa) fue 70%
superior al período 2004-2006 (gobiernos neoliberales). En el ejercicio
del año fiscal 2011, dada la liquidez registrada por la economía
ecuatoriana, el sector bancario incrementó sus utilidades en 52,1% en
relación al año anterior. Entre enero y diciembre de 2011, la banca
privada registró utilidades superiores a los 400 millones de dólares; en
estos cinco años de gobierno de Rafael Correa el promedio anual de
dichas utilidades bordea los 300 millones.
No
es simple transformar esta situación, pero es indispensable apostar por
un proceso productivo que supere la actitud rentista, ociosa y
parasitaria de muchos de estos grupos económicos. Lo que requiere una
nueva perspectiva y una creciente movilización desde las bases,
partiendo de lo local -trabajando estrechamente con los gobiernos
descentralizados- para ir avanzando a lo regional y los espacios
mayores.
Con
la vista puesta en las dinámicas globales, expandiendo los mercados
internos y potenciando la integración regional, postulamos una
estrategia que impulse procesos productivos y de desarrollo tecnológico
propios. El imaginario colectivo, en consecuencia, estaría dirigido a Valorar lo Nuestro,
conduciendo a un desenvolvimiento autocentrado, desde dentro para y por
los de dentro, con los recursos y patrones de consumo propios para
recuperar las autonomías local-regionales, asegurar la inclusión social y
reforzar las identidades socioculturales de los espacios
descentralizados.
Tengamos
presente que las empresas pequeñas y medianas, así como los
emprendimientos asociativos, solidarios, de propiedad social,
cooperativos y autogestionarios, son las que más invierten en el país,
asumen los mayores riesgos y desafíos, generan empleo y contribuyen a
incrementar la riqueza nacional. Fomentando a este segmento de la
economía será factible reducir la brecha socioeconómica entre ricos y
pobres. No tenemos solo un problema de mucha pobreza, tenemos un
problema de unas pocas pero grandes riquezas.
Si a este empeño se suman las otras empresas, tanto mejor. Ese es uno de los retos del momento, impulsar un gran acuerdo nacional productivo,
sustentado especialmente en los emprendimientos solidarios, así como en
las pequeñas y medianas unidades productivas del campo y la ciudad.
Sin
embargo, esto no será suficiente, pues se requerirán medidas que
conduzcan a una consecuente redistribución, no sólo de los ingresos,
sino especialmente de la riqueza excesivamente concentrada, que abarca
gran parte de los activos sobreconcentrados: inmuebles, acciones y
grandes predios agropecuarios, así como las tierras yermas, las
concesiones minero-petroleras y otras. Para lo que habría que completar
la reforma tributaria que cargue el peso del gasto público sobre los
grandes concentradores de capital (impuestos directos sobre la propiedad
y las utilidades), a la vez que reduciremos los impuestos indirectos
que paga la ciudadanía y aquellas excesivas cargas tributarias derivadas
del Código de Ordenamiento Territorial, que han incrementado
inequitativamente el costo de
las transacciones. A dichas medidas, ha de sumarse una adecuada
redistribución de tierras agropecuarias e inclusive urbanas,
especialmente aquellas que son usadas para fines puramente especulativos
o que permanecen improductivas.
Hacia la construcción del Sumak Kawsay o Buen Vivir
Lo
planteado configura nuestra propuesta de transición, no a mejorar el
capitalismo que hemos tenido hasta hoy -como dice Rafael Correa- sino
para colocar las bases que nos encaminen al Buen Vivir o Sumak Kawsay.
El
Sumak Kawsay es una nueva concepción del sistema de vida basado en las
prácticas cotidianas y tradicionales de los pueblos y las
nacionalidades. No es una simple alternativa de desarrollo, es una
alternativa al desarrollo. Por lo tanto es un modelo de organización
económica, política y de bienestar que se asienta en los principios de
reciprocidad, complementariedad, interdependencia, solidaridad,
integralidad, estabilidad y armonía del ser humano con la Pacha Mama
para la reproducción sostenible y orgánica de la vida. Es un sistema
integral de organización que interrelaciona las esferas política,
económica, jurídica, social, étnica, ambiental, cultural y generacional.
El
país debe superar el actual modelo hegemónico de desarrollo, basado en
la acumulación desenfrenada e ilimitada de capital, en la
sobreexplotación de la fuerza de trabajo y de la Naturaleza, y en la
subordinación a los requerimientos de la globalización y su agente, el
gran capital transnacional y sus aliados nacionales. Sus consecuencias
han sido devastadoras para el ser humano y la Naturaleza. La sociedad
debe subordinar a la economía a fin de que sirva al ser humano, no al
capital.
El
trabajo decente y el salario justo, así como el acceso equitativo a los
factores de producción, viviendo en armonía con la Naturaleza,
constituyen las medidas más acertadas para reducir la pobreza y la
desigualdad, bases esenciales para asegurar un desenvolvimiento
sustentable y autodependiente de la economía nacional.
Por un nuevo mundo, por un cambio estructural verdadero y no solo bellas palabras e intenciones.-
¡Todo para la Patria, nada para nosotros!
Alberto Acosta
Candidato presidencial de la Unidad Plurinacional
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