Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital
En el contexto de la inminencia
del comienzo de los diálogos de paz, agendados para el 15 de octubre entre la guerrilla
y el gobierno, Amnistía Internacional (AI) reitera su pedido a las autoridades
colombianas para que elaboren y apliquen un plan de acción efectivo e integral
para abordar la violencia sexual hacia las mujeres y apoyen el proyecto de ley,
actualmente en debate en el Congreso, que garantiza a las víctimas de violencia
sexual en ocasión del conflicto armado, acceso a la justicia.
El posicionamiento fue
realizado a causa del informe en relación con Colombia y la situación de
violencia sexual contra mujeres y niñas en el contexto del conflicto armado
interno, divulgado hoy (4). En el documento, titulado Colombia: Invisibles ante la justicia. Impunidad por actos de violencia
sexual cometidos en el conflicto, se denuncia la falta de acción de parte
de las autoridades para terminar con este delito.
En el informe se hace un
análisis de las medidas tomadas por el gobierno de Juan Manuel Santos el último
año para averiguar si la violencia sexual contra ellas estaba siendo combatida
debidamente y si los acusado estaban siendo castigados por la justicia. Sin
embargo, lo que AI detectó fue la ausencia de avances reales. En el informe se señala
que los acusados ni llegan a prestar declaración ante la justicia. De esta
forma, la impunidad sigue asegurando la continuidad de los ataques a mujeres y
niñas.
"Al no investigar efectivamente la violencia sexual contra la mujer, las
autoridades de Colombia transmiten a los perpetradores el peligroso mensaje de
que pueden seguir violando y cometiendo abusos sexuales sin temor a las
consecuencias”, declaró Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de
Amnistía Internacional.
Ante esto, Pollack recomienda que el respeto de los
derechos humanos esté en el tope de la pauta de los diálogos de paz que el
gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) van iniciar a
partir del próximo día 15. "Sin
un compromiso claro de todas las partes del conflicto para poner fin a la
violencia sexual y a otros abusos contra los derechos humanos no puede haber
una paz duradera y estable en Colombia”,
complementó.
De acuerdo con Amnistía,
las mujeres son elegidas como víctimas de violencia sexual para esparcir el
terror en las comunidades y obligarlas a abandonar sus tierras; para vengarse
de enemigos; controlar los derechos sexuales y reproductivos de las combatientes
o hacer de mujeres y niñas esclavas sexuales.
En el informe se señala
que las defensoras de derechos humanos que actúan contra este delito y se
atreven a denunciar terminan siendo blancos de amenazas y ataques. Las propias
víctimas se privan de denunciar sus casos a las autoridades. Esto ocurre porque
algunas están muy amedrentadas para hablar, otras temen el estigma originado
por ser una sobreviviente de violencia sexual, mientras que otras creen que el
caso no será investigado con efectividad.
Además de estos factores,
la propia justicia colombiana obstaculiza las denuncias. AI investigó que las
víctimas no cuentan con seguridad efectiva; además, muchas padecen prejuicio
por parte de las autoridades judiciales, y también existe la falta de estrategias
para combatir la impunidad. Otros problemas graves señalados por Amnistía se
refieren a la falta de fondos y a la infiltración de miembros de grupos armados
ilegales en instituciones estatales locales.
A pesar de algunas
iniciativas legislativas como la presentación de proyectos de ley y de que el vicepresidente,
Angelino Garzón, ha expresado públicamente su compromiso para que se haga
justicia en estos casos, todavía hay mucho por hacer. La organización recuerda
con preocupación el hecho de que el ‘Marco Legal para la Paz’ (proyecto de ley que
permitiría una eventual negociación con los grupos armados ilegales) permite
que los autores de abusos contra los derechos humanos se beneficien de
amnistía.
"Si Colombia sigue sin poder hacer que los responsables de crímenes
sexuales relacionados con el conflicto respondan ante la justicia por sus
actos, o no está realmente dispuesta a hacerlo, podría ser necesaria la
intervención de la Corte
Penal Internacional”, alerta Marcelo
Pollack.
Informe completo: www.amnistia.cl/web/prensa/InformeColombia.pdf
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