Ante los casos de violencia, muertes y violaciones de derechos humanos que no cesan en el Bajo Aguán (Colón, Honduras), 14 organizaciones de varios países se pronunciaron apelando al Estado y a las autoridades internacionales para que actúen con seriedad ante las necesidades y demandas de los campesinos y campesinas de la región.
En el documento divulgado el último viernes (31), las organizaciones expresaron su preocupación por la intensa represión, violencia y criminalización de las acciones de las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, y recuerdan las más recientes embestidas violentas contra estos hombres y mujeres que luchan por un pedazo de tierra para vivir y trabajar.
El 21 de agosto, cientos de campesinos/as se reunieron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir pacíficamente una reunión con el presidente de este poder, para demandar que juzgue con imparcialidad casos referentes a tres propiedades que están bajo la posesión del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (Marca) y decrete el fin de la criminalización de la lucha campesina.
La reivindicación pacífica fue terminada por la policía mediante el uso de la fuerza. El accionar violento dejó a tres heridos hospitalizados, entre ellos una menor de 16 años. También tres personas fueron detenidas. Entre ellas había dos mujeres, el presidente de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (Anach), el abogado y encargado del Marca y el secretario General del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca).
Al día siguiente, el puesto policial de Planes, en Sonaguera (Colón) fue invadido porcientos de campesinos/as del Bajo Aguán que exigían la liberación de los detenidos que allí se encontraban y reclamaron por la represión del día anterior. La respuesta fue más violencia y uso abundante de la fuerza, inclusive contra una persona de 77 años, que tuvo que ser llevada al hospital junto con otros manifestantes. Ese día, otros 19 fueron detenidos. El día 23, 25 fueron liberados, pero están en libertad condicional.
El 27 de agosto, José Braulio Díaz López, secretario de la Empresa Asociativa Campesina de Producción El Tranvío, miembro del Muca, fue muerto por desconocidos que dispararon varios tiros en su contra, dejándolo sin posibilidades de reacción.
"Los últimos actos de represión y criminalización demuestran que las autoridades de Honduras aún mantienen la misma postura parcializada contra las comunidades campesinas envueltas en un conflicto agrario para el que no se encuentra solución integral, justa, pacífica y sostenible. Persiste la violencia y violación a los derechos humanos y la impunidad por el desinterés de las autoridades correspondientes de investigar y castigar a los culpables de los atentados y asesinatos contra miembros de las agrupaciones campesinas en la zona”, se señala en el comunicado internacional.
Hasta el momento, 53 personas vinculadas o afiliadas a organizaciones campesinas del Bajo Aguán y otro periodista y su compañera, fueron asesinadas desde septiembre de 2009, fecha que marca la intensificación del conflicto agrario en la región. Además de estos casos, un campesino continúa desaparecido desde el 15 de mayo de 2011. De acuerdo con informaciones de la fiscalía Especial de Derechos Humanos, en ninguno de los casos existen investigaciones serias en proceso para develar y castigar los delitos.
Ante esta realidad, las 14 organizaciones que firman el comunicado apelan al estado hondureño para que investigue en forma seria todos los delitos y violaciones de derechos humanos cometido en el Bajo Aguán, así como para que termine con la represión y adopte medidas efectivas y urgentes para proteger a las personas que están en riesgo. El estado debe también abolir las desocupaciones forzadas y buscar soluciones integrales, pacíficas y sustentables a las demandas campesinas.
En este contexto, la comunidad internacional también tiene un papel fundamental, pues puede ayudar haciendo que la cooperación internacional bilateral y multilateral ofrecida al estado hondureño y a las compañías privadas no contribuya a las violaciones de DH, y suspenda la cooperación internacional que genera militarización y agrava la situación de derechos humanos, en especial en el caso de la asistencia militar de Estados Unidos.
Las 14 organizaciones internacionales aseguran que van a continuar monitoreando con atención la situación en el Bajo Aguán teniendo en consideración el hecho de que este conflicto agrario es el más grave por el grado de violencia utilizado contra campesinos/as en América Central en los últimos 15 años.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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