¿Estos días hubo un intento de golpe de estado en Bolivia?
Un grupo de intelectuales firmaron esta semana un manifiesto llamado “Paremos el golpe de estado en Bolivia” (www.rebelion.org/noticia.php?
Eso viene empobreciendo sensiblemente los análisis de coyuntura de gran parte de las izquierdas radicales, que vuelcan acríticamente sus lecturas de la realidad en los moldes del antagonismo patria/antipatria de matriz nacionalista. Y hace tiempo que sabemos que ese nacionalismo tiene varias facetas, movilizantes y regimentadoras, democratizantes y organicistas… Volviendo al tema: ¿en Bolivia hubo un intento de golpe de estado?
El conflicto comenzó el 18 de junio con una huelga de mujeres de policías y continuó con un motín de los policías rasos. Esos motines no son nuevos en Bolivia, el último de gran magnitud ocurrió en febrero de 2003, y puso en jaque al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. En ese entonces la izquierda apoyó a los amotinados que rechazaban un impuesto a los salarios y reclamaban mejoras laborales, y se planteó una suerte de alianza popular-policial. Ese motín fue brutalmente reprimido por las FFAA con un saldo de una treintena de muertos, y reactualizó la histórica enemistad entre policías y militares.
Esta vez hubo todo tipo de desbordes, incluyendo el saqueo de una oficina de inteligencia, destrucción de cuadros presidenciales pistola en mano e insultos a Evo Morales, llamado “pisacoca” por los amotinados concentrados amenazantes frente al Palacio Quemado. Pero no hubo saqueos, lo que da cuenta de que la realidad social es muy diferente a los años 2000.
No se trata, como busca la derecha y sus medios, de minimizar lo ocurrido, sino de tratar de entender por qué se repiten este tipo de hechos. Y enmarcar este motín en el contexto boliviano, en una realidad que el actual proceso de cambio se propone transformar. La policía boliviana está precarizada, lumpenizada y trabaja en condiciones a menudo inhumanas. Situación que reclama a gritos una reforma policial profunda e integral.
La policía fue históricamente la vía de movilidad social campesina y no es raro que los policías rasos sean tratados de indios de mierda por automovilistas de clase media. Sus salarios, hasta ahora de menos de 200 dólares mensuales, son aumentados con coimas, a veces de montos ridículos y humillantes. Si en los 50 la policía quedó del lado del bando revolucionario y las FFAA fueron casi destruidas, hoy el gobierno prefiere mantener una alianza campesina-militar que coloca a la Policía en un segundo lugar. Finalmente, son esos los policías que reprimen y muchas veces matan a manifestantes populares, por una mezcla de mala formación, armas inadecuadas y resentimientos varios.
En los conflictos sociales puede verse a policías llevando a los heridos a pie por falta de medios de transporte y no es raro que sean enviados a sitios alejados sin viáticos, camas para dormir ni abrigos adecuados (a falta de los cuales apelan a encender fogatas y cubrirse con frazadas). Además deben comprarse sus materiales de trabajo, incluyendo armas reglamentarias, y según declaraciones difundidas en la prensa lo hacen en el mercado negro. Pero además existe un fuerte resentimiento de las clases bajas policiales respecto a la jerarquía, a menudo implicados en corrupciones y mafias de mayor calado.
A todo esto se suma la facilidad para que los conflictos en Bolivia se desborden, y que incluso haya sectores interesados en generar muertes para conseguir sus demandas. Se trata de sistemas de incentivos a ciertas formas de lucha construidos a lo largo de la historia. En Bolivia esos incentivos conducen siempre a la acción directa, y no fue diferente estos días con el motín policial, a sabiendas de que no serían reprimidos.
A diferencia de otros países la distancia entre la calle y el Palacio a menudo parece demasiado corta. Las instituciones son débiles y las mediaciones (y capacidad de negociación) deficitarias. Además, l os muertos suelen generar un “efecto indignación” de imprevisibles consecuencias para el gobierno de turno. Esos temores hicieron retroceder a Evo Morales en ocasión del gasolinazo en 2010/2011 o el rechazo a la carretera por el TIPNIS y el aumento del horario de trabajo de trabajo de los médicos en 2012.
En este caso, hablar de un frente desestabilizador que va desde policías a los manifestantes en contra de la carretera por el TIPNIS –más allá del debate sobre ese movimiento que presenta muchos pliegues- implica cerrar demasiado debates que más bien deben abrirse, vinculados al modelo de desarrollo por el cual debe optar Bolivia.
Los golpes en Honduras y Paraguay no son comparables sin más con las situaciones en Bolivia, Ecuador o Venezuela. Menos aún con la realidad de Siria o Libia (como sostiene un “Llamado a la red de Intelectuales y artistas en Defensa de la Humanidad" firmado por Stella Calloni que circuló recientemente en rechazo a la intervención extranjera y en apoyo a la dictadura de Bashar al Assad en Siria).
¿No será hora de empezar a afrontar con madurez los conflictos sociales que existieron, existen y existirán en nuestras sociedades plurales?: si los policías tienen demandas legítimas, como sostuvo el propio gobierno boliviano, se trata de agotar los medios para resolverlas antes que las cosas se desmadren, y en Bolivia se desmadran rápido...
Pero el manifiesto antigolpista pasó por por alto las realidades sociológicas y muchos intelectuales críticos suspenden su lugar para volverse “intelectuales-voceros”… Eso tiene sentido cuando en verdad estamos frente a un golpe, pero no cuando justamente se necesita mayor creatividad para superar los problemas que enfrentan procesos de cambio que ya no son nuevos ni refieren solamente a la derecha, por lo demás muy debilitada en Bolivia. Esa lógica de la guerra fría no funcionó ayer y no funcionará hoy.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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