Dos muertos en protesta indígena contra la actividad minera
Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
La comunidad indígena Ngäbe Buglé, apoyada por decenas de organizaciones nacionales, comenzó el 31 de enero una fuerte protesta para exigir al gobierno el respeto de un acuerdo que prevé la cancelación de todas las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras para la exploración y explotación de los recursos minerales y la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de su comarca.
Pese al acuerdo alcanzado, el Ministro de Comercio e Industria hizo modificaciones al texto acordado y la Asamblea Nacional eliminó el artículo 5 del Código de Minería que regulaba estos aspectos, desencadenando la reacción de las comunidades indígenas y el inicio de varias acciones de protestas y tomas de carreteras.
La Comarca Ngäbe-Buglé ha estado en la mira de varias empresas transnacionales¹ y del gobierno, de manera particular, por el yacimiento cuprífero del Cerro Colorado -una reserva de cobre estimada en 17.5 millones de kilogramos valorizado en casi 150 mil millones de dólares- y por la construcción de importantes proyectos hidroeléctricos.
La falta de voluntad del gobierno de alcanzar un acuerdo definitivo quedó finalmente demostrada el pasado 5 de febrero cuando, en lugar de reunirse con las comunidades indígenas para buscar una salida negociada al conflicto, prefirió lanzar los cuerpos especiales de la Policía contra los manifestantes en San Félix, Chiriquí.
Igual que en 2010, cuando el gobierno de Martinelli reprimió sin piedad a los trabajadores bananeros en Changuinola, Bocas del Toro, las fuerzas policiales atacaron con perdigones, balas vivas y gas lacrimógena, dejando un saldo de dos muertos -Jerónimo Rodríguez Tugri y Francisco Miranda- y decenas de heridos y detenidos.
“La represión fue preparada muy bien por el gobierno. Dos días antes cortaron las comunicaciones en la zona de la protesta, cercaron a los manifestantes y no se permitió la entrada de alimentos y agua.
Hasta se lanzó una campaña mediática para criminalizar la protesta, aduciendo que habían secuestrado a algunos turistas. Finalmente atacaron y asesinaron”, dijo a Sirel, Alejandro John, secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Fabricación y Comercialización de Bebidas Gaseosas (SITRAFCOREBGASCELIS).
El dirigente informó que su Sindicato respalda la protesta de la comunidad Ngäbe-Buglé frente a la Asamblea Nacional y que va a participar a las movilizaciones previstas para los próximos días.
“Condenamos ese nuevo ataque contra el pueblo, apoyamos la lucha contra la explotación minera, exigimos que se reincorpore el artículo 5 en el Código Minero y el cese inmediato de la represión.
La falta de voluntad del gobierno de alcanzar un acuerdo definitivo quedó finalmente demostrada el pasado 5 de febrero cuando, en lugar de reunirse con las comunidades indígenas para buscar una salida negociada al conflicto, prefirió lanzar los cuerpos especiales de la Policía contra los manifestantes en San Félix, Chiriquí.
Igual que en 2010, cuando el gobierno de Martinelli reprimió sin piedad a los trabajadores bananeros en Changuinola, Bocas del Toro, las fuerzas policiales atacaron con perdigones, balas vivas y gas lacrimógena, dejando un saldo de dos muertos -Jerónimo Rodríguez Tugri y Francisco Miranda- y decenas de heridos y detenidos.
“La represión fue preparada muy bien por el gobierno. Dos días antes cortaron las comunicaciones en la zona de la protesta, cercaron a los manifestantes y no se permitió la entrada de alimentos y agua.
Hasta se lanzó una campaña mediática para criminalizar la protesta, aduciendo que habían secuestrado a algunos turistas. Finalmente atacaron y asesinaron”, dijo a Sirel, Alejandro John, secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Fabricación y Comercialización de Bebidas Gaseosas (SITRAFCOREBGASCELIS).
El dirigente informó que su Sindicato respalda la protesta de la comunidad Ngäbe-Buglé frente a la Asamblea Nacional y que va a participar a las movilizaciones previstas para los próximos días.
“Condenamos ese nuevo ataque contra el pueblo, apoyamos la lucha contra la explotación minera, exigimos que se reincorpore el artículo 5 en el Código Minero y el cese inmediato de la represión.
Parece que la trágica experiencia de Changuinola no les ha enseñado nada. Sigue siendo un gobierno de empresarios sin escrúpulos, que sólo piensan en acumular capitales y que no escuchan al pueblo”, afirmó John.
También para Genaro Benett, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (SITRAIBANA), la situación es grave y merece de toda la atención y la denuncia internacional.
“Vivimos en carne propia lo que está ocurriendo. El 95 por ciento de nuestros afiliados son indígenas y ya hemos iniciado un paro de brazos caídos en respaldo a la lucha de la Comarca Ngäbe-Buglé.
Ha sido una represión salvaje sin mostrar interés alguno por la vida de las personas. Vamos a sumarnos a la gran movilización nacional de mañana, 8 de febrero.
Ahí -continuó el dirigente bananero- vamos a decidir de qué manera continuamos con nuestro respaldo a una lucha que se ha extendido por todo el país, y que debe darse a conocer a nivel internacional” aseguró Benett.
Mientras la noticia de la represión recorre el mundo, una amplia coalición de organizaciones panameñas exigió al gobierno de Martinelli cumplir con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley 41 sobre tierras comarcales y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
Fuente: Rel-UITA
También para Genaro Benett, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (SITRAIBANA), la situación es grave y merece de toda la atención y la denuncia internacional.
“Vivimos en carne propia lo que está ocurriendo. El 95 por ciento de nuestros afiliados son indígenas y ya hemos iniciado un paro de brazos caídos en respaldo a la lucha de la Comarca Ngäbe-Buglé.
Ha sido una represión salvaje sin mostrar interés alguno por la vida de las personas. Vamos a sumarnos a la gran movilización nacional de mañana, 8 de febrero.
Ahí -continuó el dirigente bananero- vamos a decidir de qué manera continuamos con nuestro respaldo a una lucha que se ha extendido por todo el país, y que debe darse a conocer a nivel internacional” aseguró Benett.
Mientras la noticia de la represión recorre el mundo, una amplia coalición de organizaciones panameñas exigió al gobierno de Martinelli cumplir con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley 41 sobre tierras comarcales y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
Fuente: Rel-UITA
¹ La empresa canadiense Inmet Mining y el consorcio coreano Korea Resources, LS-Nikko Copper y Korea Export Insurance (KEIC). La empresa estadounidense de energía AES.
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