Fander Falconí
La justicia avanza en el caso de la demanda del Frente de Defensa de la Amazonía, contra la empresa Chevron (ex Texaco), por los pasivos ambientales y sociales originados por las actividades petroleras realizadas entre 1964 y 1992. El primer fallo, del 14 febrero de 2011, del juez ecuatoriano Nicolás Zambrano, ha merecido muchos elogios.Una sentencia de 188 páginas, bien argumentada, está ahora en apelación en el juzgado de Sucumbíos. Tal vez habrá una sentencia antes de acabar el 2011. Luego, puede haber otra apelación en Quito, y eso cierra el caso. Si la sentencia final impone a Chevron la obligación de resarcir daños por miles de millones de dólares, esa sentencia es ejecutable.
Esto ocurre en un contexto de agresivos cabildeos desatados por Chevron, tratando, como siempre, de restar credibilidad a la judicatura ecuatoriana. La semana pasada, “Courthouse News Service”, un servicio de noticias especializado para abogados y medios de comunicación norteamericanos, publicó un artículo suscrito por Adam Klasfeld, en el que se hace referencia a las presiones que han ejercido los abogados de la transnacional petrolera, así como a sus vínculos con la embajada norteamericana en Quito, para incidir en el juicio.
Hay un enorme interés internacional sobre el caso (como también por el juicio contra la transnacional petrolera Shell en Holanda, por sus acciones en el fértil delta del río Níger, en Nigeria). Ya es hora de que las empresas transnacionales hagan frente a sus pasivos ambientales o daños sociales. Hablan mucho en sus páginas publicitarias de responsabilidad social corporativa, de protección al medio ambiente y de beneficios a las comunidades, pero hay una falta obvia de justicia ambiental internacional.
Todo esto forma parte de la deuda ecológica que mantiene pendiente de pago el Norte y de la cual somos acreedores los países del Sur.
Hay una deuda ecológica de los países del Norte y sus empresas. Estas son las deudas contraídas por las exportaciones mal pagadas de bienes primarios y los servicios ambientales gratuitos que entregan los países del Sur, por la contaminación de la atmósfera por parte de las naciones industrializadas debido a la excesiva emisión de gases de efecto invernadero y por la apropiación desproporcionada de la capacidad de absorción de dióxido de carbono que tienen los océanos y bosques del planeta.
La responsabilidad histórica de las externalidades o pasivos ambientales ocasionados por las empresas transnacionales también forma parte de la deuda ecológica. El mundo rico se arroga el derecho de ensuciar el planeta y no paga un centavo por ello. Nos debe un aire y un planeta limpios.
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