Pablo Ospina Peralta
Todavía vivimos en la estela de los acontecimientos políticos derivados del 30 de septiembre de 2010. La revista Vanguardia señaló entonces que Rafael Correa salió con su “armadura abollada”. Desde entonces los golpes no han dejado de añadir arrugas al manto que cubre sus abolladuras. Puesto contra las cuerdas al final del año por el tema de la delincuencia, salió del paso con la convocatoria a la Consulta Popular de mayo de 2011. Alianza País ganó las elecciones, pero la victoria tuvo el sabor amargo de una doble derrota: por un lado, la gélida constatación de que la ventaja electoral fue mucho más reducida de lo esperado; y, por otro, el poderoso remezón de disidencia interna que provocó una convocatoria electoral tan diametralmente distante de cualquier proceso de cambio verdadero.
Tres hechos políticos marcan el momento, todos desfavorables al gobierno. Primero, la reencarnación del proyecto de ley de comunicación y el conflicto con los medios. Segundo, la pérdida de la mayoría legislativa. Tercero, la consolidación del perfil público de una izquierda autónoma y opositora al gobierno, que amenaza con disputarle el discurso sobre el cambio.
Justo en el tema donde la victoria electoral en la consulta fue menos contundente y donde la formulación de las preguntas era más vaga e imprecisa, el de la ley de comunicación, el gobierno sigue patinando. En nada ayuda a la consolidación de una mayoría suficiente para aprobar la ley en la Asamblea Nacional el que, en un juicio privado contra el periodista Emilio Palacio, cuyas credenciales como insultador son conocidas, fuera condenado, junto al diario El Universo, a una desproporcionada pena de tres años de cárcel y 40 millones de dólares de indemnización. Pedro Restrepo obtuvo una indemnización de un millón de dólares por la tortura, asesinato y desaparición de sus hijos y por veinte años de calvario jurídico y complicidad criminal del Estado. Así se marca con claridad la desproporción inaudita de un fallo que considera cuarenta veces más importante el honor de una persona injuriada que la compensación incompensable de un crimen de lesa humanidad. Es probable que esta desproporción sea modificada en las apelaciones, pero el escándalo nacional e internacional por esta sentencia sin relación alguna con la falta, debilita aún más el balance político de una ley de comunicación cuyo centro no está en democratizar los medios sino en controlarlos desde el ejecutivo.
Al momento de escribir estas líneas todavía no estaba claro si Alianza País conseguirá o no mayoría en el Consejo de Administración Legislativo. La atropellada y poco edificante sesión donde se reeligió a Fernando Cordero como Presidente de la Asamblea Nacional, asegura que no será fácil. El bloque legislativo oficialista se desgrana. Todo hace pensar, más allá de la coyuntura inmediata, que el desengrane continuará. La razón de fondo nos remite de nuevo a la Consulta Popular de mayo: quedó en evidencia que el arrastre electoral del Presidente Correa no es lo que alguna vez fue. Varios de los caudillos políticos que conforman el bloque de País pueden pensar legítimamente que el pago político que recompense su subordinación y lealtad no es tan fuerte. Podríamos decir que ante aquella parte del bloque legislativo que no conoce cohesión ideológica alguna, sencillamente la promesa de pago electoral ha crecido en su “riesgo País”. Ante aquella parte, en cambio, que demanda cierta coherencia ideológica, el estilo autoritario y la notoria falta de negociación interna, varias veces revelada en los vetos presidenciales, llega a sus límites. La muerte cruzada se vuelve una amenaza poco creíble: todo hace pensar que en una nueva elección Alianza País obtendría menos legisladores que aquellos con los que cuenta ahora.
Por último, la izquierda autónoma del gobierno había vivido por cuatro años una doble dificultad persistente: ¿cómo diferenciarse de un gobierno que enarbolaba su discurso, aunque no lo cumplía, y, al mismo tiempo, distanciarse de la derecha tradicional que ocupaba incontestadamente el espacio de la oposición? La Consulta Popular, una vez más, dio una respuesta práctica a sus plegarias. Le permitió diferenciarse con un discurso autónomo, con un perfil claramente diferenciable de la derecha y se vio robustecida por varios grupos disidentes de Alianza País. Se formó una “Coordinadora Plurinacional “Esta Vez No””, que recientemente ha publicado un manifiesto por la unidad de las izquierdas. Está conformada por el MPD, Pachakutik, Montecristi Vive (el grupo de ex – asambleístas constituyentes de País liderados por Alberto Acosta) y Participación (el grupo de Gustavo Larrea).
Recientemente, la mayoría de las centrales sindicales, las organizaciones rurales más grandes y las organizaciones del Frente Popular, están sirviendo de columna vertebral de una alianza de organizaciones y movimientos sociales que busca coordinar su resistencia frente a las políticas de criminalización de la protesta social y de promoción de políticas económicas extractivistas. El perfil político y la coordinación de una izquierda de oposición por primera vez se desmarca claramente y adquiere un peso político distintivo.
Las secuelas del 30 de septiembre y del grave error de cálculo de la Consulta diseñada por los estrategas de marketing del gobierno, empiezan a doler en las filas de un grupo que se había acostumbrado a lucir su armadura sin abolladuras.
*
Todavía vivimos en la estela de los acontecimientos políticos derivados del 30 de septiembre de 2010. La revista Vanguardia señaló entonces que Rafael Correa salió con su “armadura abollada”. Desde entonces los golpes no han dejado de añadir arrugas al manto que cubre sus abolladuras. Puesto contra las cuerdas al final del año por el tema de la delincuencia, salió del paso con la convocatoria a la Consulta Popular de mayo de 2011. Alianza País ganó las elecciones, pero la victoria tuvo el sabor amargo de una doble derrota: por un lado, la gélida constatación de que la ventaja electoral fue mucho más reducida de lo esperado; y, por otro, el poderoso remezón de disidencia interna que provocó una convocatoria electoral tan diametralmente distante de cualquier proceso de cambio verdadero.
Tres hechos políticos marcan el momento, todos desfavorables al gobierno. Primero, la reencarnación del proyecto de ley de comunicación y el conflicto con los medios. Segundo, la pérdida de la mayoría legislativa. Tercero, la consolidación del perfil público de una izquierda autónoma y opositora al gobierno, que amenaza con disputarle el discurso sobre el cambio.
Justo en el tema donde la victoria electoral en la consulta fue menos contundente y donde la formulación de las preguntas era más vaga e imprecisa, el de la ley de comunicación, el gobierno sigue patinando. En nada ayuda a la consolidación de una mayoría suficiente para aprobar la ley en la Asamblea Nacional el que, en un juicio privado contra el periodista Emilio Palacio, cuyas credenciales como insultador son conocidas, fuera condenado, junto al diario El Universo, a una desproporcionada pena de tres años de cárcel y 40 millones de dólares de indemnización. Pedro Restrepo obtuvo una indemnización de un millón de dólares por la tortura, asesinato y desaparición de sus hijos y por veinte años de calvario jurídico y complicidad criminal del Estado. Así se marca con claridad la desproporción inaudita de un fallo que considera cuarenta veces más importante el honor de una persona injuriada que la compensación incompensable de un crimen de lesa humanidad. Es probable que esta desproporción sea modificada en las apelaciones, pero el escándalo nacional e internacional por esta sentencia sin relación alguna con la falta, debilita aún más el balance político de una ley de comunicación cuyo centro no está en democratizar los medios sino en controlarlos desde el ejecutivo.
Al momento de escribir estas líneas todavía no estaba claro si Alianza País conseguirá o no mayoría en el Consejo de Administración Legislativo. La atropellada y poco edificante sesión donde se reeligió a Fernando Cordero como Presidente de la Asamblea Nacional, asegura que no será fácil. El bloque legislativo oficialista se desgrana. Todo hace pensar, más allá de la coyuntura inmediata, que el desengrane continuará. La razón de fondo nos remite de nuevo a la Consulta Popular de mayo: quedó en evidencia que el arrastre electoral del Presidente Correa no es lo que alguna vez fue. Varios de los caudillos políticos que conforman el bloque de País pueden pensar legítimamente que el pago político que recompense su subordinación y lealtad no es tan fuerte. Podríamos decir que ante aquella parte del bloque legislativo que no conoce cohesión ideológica alguna, sencillamente la promesa de pago electoral ha crecido en su “riesgo País”. Ante aquella parte, en cambio, que demanda cierta coherencia ideológica, el estilo autoritario y la notoria falta de negociación interna, varias veces revelada en los vetos presidenciales, llega a sus límites. La muerte cruzada se vuelve una amenaza poco creíble: todo hace pensar que en una nueva elección Alianza País obtendría menos legisladores que aquellos con los que cuenta ahora.
Por último, la izquierda autónoma del gobierno había vivido por cuatro años una doble dificultad persistente: ¿cómo diferenciarse de un gobierno que enarbolaba su discurso, aunque no lo cumplía, y, al mismo tiempo, distanciarse de la derecha tradicional que ocupaba incontestadamente el espacio de la oposición? La Consulta Popular, una vez más, dio una respuesta práctica a sus plegarias. Le permitió diferenciarse con un discurso autónomo, con un perfil claramente diferenciable de la derecha y se vio robustecida por varios grupos disidentes de Alianza País. Se formó una “Coordinadora Plurinacional “Esta Vez No””, que recientemente ha publicado un manifiesto por la unidad de las izquierdas. Está conformada por el MPD, Pachakutik, Montecristi Vive (el grupo de ex – asambleístas constituyentes de País liderados por Alberto Acosta) y Participación (el grupo de Gustavo Larrea).
Recientemente, la mayoría de las centrales sindicales, las organizaciones rurales más grandes y las organizaciones del Frente Popular, están sirviendo de columna vertebral de una alianza de organizaciones y movimientos sociales que busca coordinar su resistencia frente a las políticas de criminalización de la protesta social y de promoción de políticas económicas extractivistas. El perfil político y la coordinación de una izquierda de oposición por primera vez se desmarca claramente y adquiere un peso político distintivo.
Las secuelas del 30 de septiembre y del grave error de cálculo de la Consulta diseñada por los estrategas de marketing del gobierno, empiezan a doler en las filas de un grupo que se había acostumbrado a lucir su armadura sin abolladuras.
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