El nuevo presidente peruano, Ollanta Humala, acumula el descontento social, pero no es quien debería estar en ese escenario. Los movimientos indígena, campesino, sindical y ambientalista hemos sido excluidos y derrotados antes de la inscripción de listas. Las reglas están pensadas para eso. Y Ollanta ha girado al centro. Tuvo que decir que va a conservar el modelo económico, que no va a cambiar la Constitución. Pero los movimientos piden que cambie un modelo que persigue y mata dirigentes.
La experiencia de Bolivia nos sirve para no cometer los errores ocurridos. Puede pasar lo que ocurrió en Ecuador con Rafael Correa, que está criminalizando el movimiento indígena. Es mejor mantener una independencia política. Después de la guerra interna atroz entre Sendero Luminoso y el Estado, que nos dejó desarticulados, el movimiento ha logrado entrar en un proceso de crecimiento.
La guerra interna generó una desarticulación enorme. La derecha lo aprovechó. Con la caída de Fujimori, la gente joven logró organizarse. Fue la primera aparición del movimiento social. Ahí se visibilizó el movimiento indígena y campesino. Cinco años atrás aquí no había movimiento indígena, éramos simplemente campesinos y no teníamos un proyecto político. Pero hoy hemos logrado ser parte del movimiento social, ya no somos auditores de ONG, ahora somos actores.
Los sectores sociales tienen fuerza como para condicionar la política del nuevo gobierno. Aunque la tarea es complicada. Algunos sectores sociales, de ciudades costeñas principalmente, hablan de redistribución de riqueza, de derechos humanos. En cambio, los que venimos del Perú real pedimos cambiar el modelo del Estado centralista. Hay que redistribuir los poderes y la riqueza y, sobre todo, consultar para tomar decisiones. Tenemos que ser dueños de nuestros recursos.
El movimiento indígena se hizo visible desde mayo de 2008. Acordamos cerrar los territorios, trabajar con las bases y empezamos a hacer movilizaciones largas de 15 días, un mes. Esos fueron los levantamientos en Canchis, en Pasco, en el norte. El punto álgido del choque con el Estado fue Bagua [levantamiento indígena en 2009 por las leyes que abrían la selva a las multinacionales].
Bagua señaló al mundo que aquí hay vulneración de derechos, que se mata a la gente que protesta, que el Estado resuelve con armas, jueces y fiscales, y no políticamente. El escarmiento salió al revés. Los que llevaron armas, los que fueron a matar, murieron.
La minería está en todos los territorios: en la Costa, los Andes y la Amazonía. Cuando el Estado entrega concesiones no consulta. Y cuando la gente dice “no”, el Estado empieza a perseguir, a criminalizar. Los muertos siempre son pobres, son campesinos en resistencia contra la minería.
En 2002 se logró convocar la consulta en Tambogrande, y en 2006 la de Ayabaca y Huancabamba. Después vinieron las de Tacna y Tía María. Todo un proceso de consulta, con mandato de la ONU. El Congreso aprobó la ley de consulta previa, pero el gobierno objetó que en el país rige la Constitución actual y los recursos naturales son patrimonio del Estado.
Pero el Convenio 169 de la OIT, que obliga a la consulta, fue ratificado en 1994, por lo que es ley nacional. El gobierno está obligado a consultar a las comunidades.
Perú es un país muy racista y Lima es el espejo de ese racismo. Si alguien viene hablando quechua es excluido. Si vienes con el sombrero es porque formas parte del folclore, tus propios paisanos te miran así. La educación está hecha para el odio y el olvido. Todas las constituciones políticas se han hecho contra los indios y sin ellos. Cuando vas a la escuela y hablas en quechua te golpean, cuando no pronuncias bien el castellano eres objeto de burla, eso pese a que Lima tiene un 70 por ciento de migrantes y quechua-hablantes. Hay dos Perú: el legal, que es Lima, y el Perú real.
Hay diferencias con la experiencia de Bolivia, donde pareciera que se ha mantenido más la identidad indígena. Hemos vivido procesos distintos desde la Colonia. Aquí fue tan dura la colonización que el que se revelaba pagaba con sangre junto con toda su generación. Cuando se sublevó Tupac Amaru murieron 150 mil personas.
Todos los países están celebrando su bicentenario. En Perú todavía nos faltan 13 años. Fue el último país en lograr la libertad y no la hicieron los peruanos. El general San Martín peleó para que se proclamara la independencia en la plaza de Armas, pero sin indios. Los indios estaban en el cerro San Cristóbal y no se les permitió ingresar. Sólo fue un traspaso de mando de la colonia a los hijos de la colonia. Reconocieron a los indios en 1919 y la lucha siguió hasta los años 60, cuando se hizo la reforma agraria y se les devolvieron las tierras, pero no el territorio. En 1993 Fujimori borró derechos de los pueblos indígenas: que las tierras son inembargables, imprescriptibles e inalienables; ahora se pueden vender e hipotecar. Con la reforma agraria se devolvieron las tierras y se crearon cooperativas. El problema es que estas cooperativas se han privatizado. Y hoy hay cooperativas controladas por bandas armadas. Antes había un límite de 2 mil hectáreas. Ahora se puede llegar a 40 mil. Se está volviendo al latifundio.
La madre del cordero es la Constitución, que da prioridad a la propiedad y la inversión privada. Fujimori sacó además un conjunto de leyes que benefician a la inversión. Es fácil matar a quien protesta y es dueño de la tierra. Ésa es la seguridad jurídica. Hay unos 16 millones de hectáreas concesionadas en la región amazónica, y en la andina más de 24 millones. Todos, territorios indígenas. Y poco a poco va apareciendo el otro imperio, el brasileño, que con sus empresas logra concesiones para enormes hidroeléctricas y vías de integración como el famoso IIRSA. Y todo esto lo están haciendo gobiernos “progresistas” como el de Evo, Chávez o Correa.
El movimiento social no madura porque uno quiera, sino cuando llega el momento. Aquí tenemos dos corrientes: los movimientos sociales de después de los 90 y los de antes. La práctica de las organizaciones de antes es todavía caudillista, arribista. Eso va a desaparecer. El movimiento social es otro. Es el que está en la calle vendiendo sus productos en la mañana y en la tarde sale a luchar. La lucha está en el campo.
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Miguel Palacín, uno de los fundadores de la Confederación Nacional de Comuni-dades Afectadas por la Minería (Conaca-mi), hoy coordina la Confederación Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). Entrevista de Emma Gascó y Martín Cúneo, publicada por Opsur, y adaptada por Ojarasca.
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