Bolivia: Marcha indígena en un gobierno indígena

Alex Contreras Baspineiro

El Gobierno Indígena de Bolivia pregona la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y originarios, realiza campañas a nivel internacional en defensa de la madre tierra y el medio ambiente, se declara anticolonialista y antiimperialista; pero, en la realidad, impulsa la construcción de un megaproyecto carretero que viola la vida misma de los pueblos indígenas, atenta contra el corazón de un parque nacional y emula políticas desarrollistas neoliberales porque, dicen, en Estados Unidos y Europa se construyeron carreteras en medio de reservas naturales.

En defensa del territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se ha confirmado, desde el 15 de agosto, una marcha desde Trinidad (Beni) hasta La Paz (sede de gobierno). Se trata de vencer más de 600 kilómetros en aproximadamente 30 días.

Representantes de 34 pueblos indígenas se preparan para marchar, mientras que el gobierno acusa a Organizaciones No Gubernamentales y Fundaciones e incluso a algunos medios de comunicación –sin especificar nombres- como las que incitan a la movilización utilizando como precepto la defensa del medio ambiente.

“El diálogo con el gobierno se agotó, ahora si nuestras autoridades quieren dialogar sobre la construcción de la carretera no nos negamos, pero lo tienen que hacer en algún lugar de la marcha, esa es la decisión de los pueblos indígenas”, manifestó el dirigente de la Sub Central Isiboro Sécure, Fernando Vargas.

El Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, aseguró que el TIPNIS ya no es una reserva natural virgen, sino que se están depredando sin control algunas especies maderables y que en Estados Unidos y países de Europa existen carreteras que fueron construidas en medio de reservas naturales.

De acuerdo a estudios, el Parque Nacional Isiboro Sécure se caracteriza por ser una de las mayores reservas naturales del mundo. Está ubicado en las provincias Chapare (Cochabamba) y Moxos (Beni), posee especies naturales únicas y además se caracteriza por contar con una diversidad que por su particularidad, ubicación, topografía, riqueza en flora y fauna merece ser conservada como área protegida.

Además en el parque nacional habitan ancestralmente tres pueblos indígenas: yuracarés, chimanes y moxeños.

El gobierno pretende construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos con un costo mayor a los 400 millones de dólares, tiene comprometido un “crédito blando” de 332 millones de dólares del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, a condición de que una empresa de ese país (OAS) se haga cargo de todo el trabajo.

Solidaridad

A la marcha de yuracarés, chimanes y moxeños se unirán todos los pueblos indígenas aglutinados en la Confederación Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y también del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), junto a otras organizaciones.

Las organizaciones sociales que dependen del gobierno y forman parte del Movimiento al Socialismo (MAS) son contrarias a la movilización y no participarán de la marcha.

Después de muchos años de solidaridad y compromiso por los mismos ideales que llevó a cambiar este país, hoy campesinos, indígenas y originarios están divididos. Estos sectores son los pilares del proceso de cambio.

El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, lamentó que el gobierno no escuche las demandas de los pueblos indígenas y que las organizaciones sociales –como ocurría en el pasado- no se solidaricen con sus hermanos marchistas.

El artículo 352 de la Constitución Política del Estado apunta que la explotación de recursos naturales y la construcción de infraestructura en territorios indígenas deben estar sujetas a un proceso de consulta libre, previa e informada a los dueños del territorio.

En el caso del Parque Nacional Isiboro Sécure no se realizó ninguna consulta a los pueblos indígenas y fuentes gubernamentales aseguran que la consulta no será vinculante.

El presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Rodolfo López, aseguró: “El MAS sólo nos utilizó para sus fines y luego nos abandonó”; mientras que la asambleísta yuracaré-moxeña, Rosmery Gutiérrez, remarcó que “el MAS traicionó a los pueblos indígenas”.

Ante esta complicada situación, el embajador del Brasil en Bolivia, Marcelo Biato, condicionó el desembolso de dinero para el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio.

“El financiamiento para el tramo central (tramo II) será concedido cuando terminen los estudios de impacto socioambiental que están en curso. Esto significa el diálogo con las comunidades”, remarcó.

Las aseveraciones incomodaron más a las autoridades gubernamentales que aunque salieron a desmentir al embajador brasilero, se conoce que existe una fuerte presión del vecino país.

Dignidad

Una vez más, los pueblos indígenas marcharán en defensa de su territorio y de su dignidad y esta movilización se escribirá como una nueva etapa en las luchas del movimiento social boliviano.

Ya, en 1990, los indígenas fueron los protagonistas de la marcha “Por el Territorio y la Dignidad”, movilización en la que participó junto a varios dirigentes, el Presidente Evo Morales Ayma.

En esa oportunidad arrancaron a un gobierno neoliberal un decreto que prohibía los asentamientos ilegales, las actividades económicas, la prospección petrolera y la construcción de carreteras sin consultar a los pueblos indígenas y sin un estudio de impacto ambiental. Hoy no sólo se pretende vulnerar esa norma sino la propia constitución, los derechos indígenas y los convenios internacionales.

Mientras los pueblos indígenas se alistan para marchar, desde algunos sectores afines al MAS se escuchan amenazas de no permitir su paso e incluso de tomar sus tierras.

“Nuestra marcha será pacífica y si algunos cocaleros cometen el error de pelear, nosotros no vamos a enfrentarnos, responderemos con paz. Hemos hecho manifestaciones, de la manera más humilde y pacífica, por el respeto a nuestros derechos”, afirmó el dirigente indígena Adolfo Chávez.

El secretario general de la Confederación Sindical de Campesinos Interculturales de Bolivia (CSCIB), Gustavo Aliaga, acusó a los afiliados a la CIDOB de acumular gran cantidad de tierras.

”Hay una desigualdad criminal en la distribución y tenencia de terrenos. Los indígenas, cada uno, tienen más de 20 mil hectáreas, mientras que nosotros apenas contamos con una a cinco hectáreas. Por eso, tarde o temprano, independientemente de que se construya o no la carretera, nos vamos a entrar, sin depredar la naturaleza ni para plantar coca, sino para poder sacar nuestros productos a los mercados del país y producir oleaginosas, arroz y fruta”, dijo.

El dirigente del CONAMAQ, Rafael Quispe, lamentó la división entre hermanos e instó a la unidad de todos los sectores sociales.

Antes, indígenas, campesinos y originarios defendían al unísono el medio ambiente y la madre tierra, hoy están divididos. Existen organizaciones sociales -mejor dirigentes- que defienden las demandas de sus pueblos, otros que buscan sus intereses y los más se volvieron prebendales.

El proceso de cambio debe ser profundizado y no tergiversado y fuerza es reiterar que en un país como Bolivia, cuya población tiene raíces mayoritariamente originarias, se debe fortalecer uno de los pilares fundamentales que está compuesto por la unidad de campesinos, indígenas y originarios…

- Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano, ex vocero del gobierno

alexadcb@hotmail.com

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