Por Jorge Lewinger
El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García linera, dijo ayer que en su país se resolvió el enfrentamiento con la derecha que había manejado el poder, pero ahora los sindicatos estatales tienen, a su juicio, reclamos corporativos, mientras campesinos, indígenas y el gobierno apuntan a un uso universal del excedente económico obtenido por las nacionalizaciones.
"Bolivia ahora está en una nueva etapa; atrás han quedado casi nueve años de conflictividad antagónica con los sectores ultraconservadores", afirmó el vicepresidente boliviano, de visita en Buenos Aires, durante una entrevista con Télam.
A su juicio, "se consolidó, tras grandes rebeliones, un bloque de poder en torno al movimiento indígena-campesino, que tuvo la virtud de articular por momentos a sectores urbanos vecinales, obreros, a clases medias".
"Por esto se ha abierto una nueva etapa en el país que podemos denominar de `las contradicciones al seno del pueblo`, usando la terminología maoísta, que tienen que ver con la velocidad y las prioridades en el proceso de cambio, pero son debates en el interior del proceso de cambio; no lo cuestionan, sino que intentan direccionarlo", explicó.
Para García Linera, el proyecto de poder que tienen los sectores que promueven el cambio, aun con esas tensiones internas, tiene tres grandes ejes: -"El de la plurinacionalidad, que es un solo Estado y muchas naciones culturales en igualdad de condiciones", -"la desconcentración del poder: las autonomías departamentales, regionales, indígenas", y -"la industrialización de las materias primas".
El vicepresidente sostuvo que en el último año el gobierno vivió en debate, fundamentalmente con la Central Obrera Boliviana (COB), entre lo que denominó "la clase media estatal -sectores de salud y educación" públicas- y el movimiento "indígena campesino y otros gremios obreros en torno a cómo usar el excedente económico" generado por las nacionalizaciones del petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.
"La clase media estatal nos proponía que usáramos todo en salario, con una mirada corporativista", afirmó, y agregó que los campesinos indígenas, en cambio, pedían "un uso productivo y universal, para industrializar las materias primas y luego mejorar la redistribución salarial y otros beneficios sociales que requiere la población, especialmente los campesinos".
Según García Linera, el aumento de los combustibles de diciembre de 2010, que cuatro días después debió anularse por las protestas "de los sectores urbanos fundamentalmente, ya que los campesinos lo apoyaron", apuntaba a eliminar el contrabando que se apropiaba de unos 300 millones de dólares de subsidios estatales, "lo que para la Argentina puede no ser mucho, pero para Bolivia sí".
Sin embargo, reconoció que esa medida no sólo fue "inoportuna". También señaló que contenía un subsidio equivocado, porque era para todos los usuarios de combustibles, "para ricos y pobres: para el taxista que trabaja o el joven que paga su pasaje de bus", pero también para el particular con un auto de lujo.
Por eso "dimos un paso atrás para dejar sólo el subsidio a los pobres: no era el mecanismo (adecuado), no era el momento", admitió.
"Luego vino la pelea con la COB", dijo, en un implícito reconocimiento de que esa medida agudizó las contradicciones con los sindicatos obreros, ya que, aun anulado el "gasolinazo", como lo llamaron popularmente, se aceleró el proceso inflacionario, sobre todo del costo del transporte y la canasta básica de los alimentos.
Pero según el vicepresidente, la mirada "corporativa" no es exclusiva de los trabajadores estatales.
En su opinión, "el primer síntoma de la nueva etapa, después de la lucha heroica contra el enemigo principal, el de la institucionalización del proceso de cambio con las tensiones en el bloque popular", se dio con los indígenas de las tierras bajas del oriente boliviano.
Esos campesinos, que son "unas 250.000 personas y representan dos por ciento de la población, plantearon que todas las tierras que recuperó el Estado a los hacendados, a los terratenientes, se entregaran solamente a los indígenas de las tierras bajas".
"Otra vez una mirada corporativa; ahí hubo una tensión fuerte, incluso una marcha contra el presidente Evo (Morales); después de 15 días se acordó que esas tierras fiscales debían ser para todos", explicó.
García Linera recordó que los indígenas de las tierras altas (la sierra andina) "son mayoría: son 60 por ciento de la población, y reclamaron que esas tierras fueran para todos", como finalmente decidió el gobierno.
"En los próximos años se van a seguir viviendo estas tensiones creativas en el seno del pueblo, que no cuestionan el horizonte del proyecto del bloque popular; si no hubiera esto, no habría una revolución", advirtió.
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