LA NUEVA BOLIVIA

Con la vigencia de la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero del 2009, Bolivia inició el proceso de consolidación del Estado Plurinacional y Autonómico

La propuesta de un Estado Plurinacional y Autonómico que lleva adelante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el presidente Evo Morales, se sustenta sobre la base de cuatro órganos.

El paso de República al nuevo modelo plantea la descolonización de Bolivia en el marco de la unidad en un Estado, tal como se manifiesta en el artículo 2 del nuevo texto, en el que se considera que “dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación...”. Para alcanzar esos fines, entre otros, la nueva estructura “organiza y estructura el poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. Cada uno de ellos independientes, pero coordinados.

Esa nueva estructura, según el ministro de Autonomía, Carlos Romero, es la que permitirá la inclusión social en un Estado autonómico plurinacional.

Estos instrumentos permitirán el desarrollo coordinado de las autonomías departamentales, regionales, indígenas y municipales, sin que se afecte las cualidades y competencias de cada una.

También permitirá la representación no sólo política sino también indígena y de género en las asambleas legislativas de los cuatro niveles autonómicos. En cuanto a la justicia, la nueva estructura debe garantiza la convivencia del sistema ordinario con el indígena, a través de una ley de deslinde jurisdiccional.

Finalmente, está la creación del Órgano Electoral que se encargará de llevar adelante la elección ya no sólo de las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, también lo hará con los miembros de los tribunales y del propio Órgano Electoral, además de autoridades que se elegirán a través del voto directo.

Crítica. El constitucionalista Carlos Alarcón admite que en el tema de la inclusión social, la actual administración avanzó bastante, especialmente en el tema indígena. Sin embargo, advierte que se pueden generar otras exclusiones.

“La idea de la inclusión indígena es buena y es positivo que la haya rescatado la Constitución, pero por la forma en la que se ha implementado, por ejemplo, el requisito de los dos idiomas, se está excluyendo al 67 por ciento de la población monolingüe —y gran parte de esa población es monolingüe en lengua castellana— porque se la impide de ejercer la ciudadanía plena al negarle a cumplir una función en el Estado. Eso dice el régimen electoral. Lo ideal era que esto se aplique, progresivamente, en función al avance del nuevo sistema educativo y cultural del país”, opina.

Alarcón también pide reparar en la concentración de poder a nivel institucional —con el dominio del Órgano Ejecutivo sobre los otros tres— y personal —al centralizar las decisiones en la figura de una autoridad—, “en este caso el Presidente del Estado”.

Opinión

Poder hegemónico, el riesgo a vencer

Se tendrá que hacer una revisión radical porque el proceso de poder avanzó más rápido que el proceso de construcción democrática del Estado. Es difícil que el proceso de poder quiera retroceder porque es personal, hegemónico, absoluto y permanente. Ése es el elemento central que ha distorsionado toda la implementación del nuevo Estado. Hay un choque entre la construcción de país y la construcción de poder, no se acompañan. El poder responde a los intereses de las personas que lo llevan adelante. Eso es lo que genera la distorsión y ése es el riesgo a vencer. Si no se corrige el rumbo, el nuevo Estado quedará como una ilusión porque reeditaremos los errores del pasado, cuando creíamos que teníamos una República en beneficio de un sector privilegiado, a costa de las grandes mayorías. Nunca hemos tenido una República. Ahora, estamos ante la ilusión de creer que estamos yendo a una verdadera inclusión y a una verdadera autonomía, cuando eso está mediatizado por un enfoque personalista del poder.

Carlos Alarcón
es abogado constitucionalista

La gente espera mejorar su vida

Es necesario dar tres pasos: la conformación del Estado Plurinacional, la implementación de las autonomías y lo que falta es la implementación del nuevo modelo de desarrollo económico y social de carácter plural. Ya hemos recuperado el control del excedente económico, con la nacionalización; hemos hecho un diseño de estado, que se refleja en la Constitución Política del Estado, y ahora estamos ante la necesidad de implementar las autonomías, pero la gente espera que ese nuevo diseño funcional y territorial de Estado se vincule tangiblemente a un mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo. La gente ya pasó de una etapa de movilización política a una etapa de expectativa por alcanzar resultados. Se ha visto en la movilización de Caranavi, en la movilización de la COB en los primeros meses de este año. Estamos entrando a una etapa en la que se pone a prueba el modelo de desarrollo pregonado por el MAS. Entonces, los principales desafíos están orientados hacia la gestión pública, al logro de resultados materiales.

Carlos Romero
es ministro de Autonomía

Hay leyes que no son compatibles con la CPE

Las normas jurídicas aprobadas para construir el nuevo Estado Plurinacional, en muchos casos, son contrarios a lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE), o están siendo postergadas en su tratamiento, esto podría ser un riesgo en el futuro, coincidieron dos analistas.

Sobre las incompatibilidades, el constitucionalista, Carlos Alarcón, dijo que éstas se encuentran en varias de las leyes aprobadas por el Poder Ejecutivo. Mencionó que, por ejemplo, sí la “inclusión y las autonomías” son los fundamentos del Estado Plurinacional, “esto se está distorsionando”, por las incompatibilidades que se encuentran en la Ley Marco de Autonomías. De acuerdo a sus disposiciones “de alguna manera se está subordinando, a los niveles subnacionales, a un esquema de poder total y permanente que está personalizado en la figura del presidente Evo Morales, desnaturalizando el proceso”.

Riesgos. En nivel nacional, según Alarcón, se distorsionan principios constitucionales porque “el Poder Ejecutivo tiene el control de todos los otros poderes y de las leyes”. Otras incompatibilidades, indicó, se encuentran en la ley del Órgano Electoral o en la del Tribunal Constitución”.

“No hay independencia de poderes, por ejemplo,“quién interpreta la ley no es el Tribunal Constitucional sino la Asamblea Legislativa Plurinacional”, mencionó.

Para el director de la fundación Tierra, Gonzalo Colque, también es un riesgo, en la construcción del Estado, que el debate normativo hubiera sido sustituido por el de carácter político entre oficialistas y opositores “con contenidos irrelevantes”. Añadió que pese a que la bancada oficialista en el Poder Legislativo cumplió con la aprobación de las cinco leyes fundamentales y la entrega de un paquete de 31 normas; “le resulta difícil, al propio Gobierno, afirmar que están sentadas las bases sólidas para instalar el nuevo Estado”.

El ministro de Autonomía, Carlos Romero, admitió que se ha dado pasos muy importantes, pero “que todavía no se ha culminado el trabajo como para darle la estabilidad al proceso”.