El Congreso tendrá que decidir sobre su regreso al poder el 2 de diciembre, después de las elecciones presidenciales del próximo domingo
Una calma tensa reina en las calles de Tegucigalpa cuando faltan dos días para las elecciones generales de este domingo, que se realizarán sin un acuerdo para la restitución del presidente depuesto Manuel Zelaya. Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia de Honduras reiteró que Zelaya no puede ser restituido si antes no se enfrenta a varios juicios en su contra, relacionados a una consulta popular que pretendía promover una Asamblea Constituyente. De esta manera, Zelaya, recluido en la Embajada de Brasil, ve diluidas sus esperanzas de una salida favorable a la crisis desatada tras su expulsión del Gobierno el pasado 28 de junio.
Para algunos analistas, las elecciones de este domingo significan la estocada final para un presidente que no supo mover sus fichas en el complicado tablero de la política hondureña, en la que el Ejército juega un papel importante. Zelaya quiso participar de la estrategia política que en América Latina desarrolla el presidente venezolano, Hugo Chávez, pero era el eslabón más débil del grupo: el mandatario no contaba en su país con organizaciones políticas fuertes que le garantizaran su permanencia en el poder y el apoyo a su política populista, como sus compañeros Evo Morales, de Bolivia, o Daniel Ortega en Nicaragua.
La decisión de la Corte hondureña fue votada la noche del miércoles por 14 de los 15 magistrados y es una opinión de peso para la decisión que tendrá que tomar el Congreso Nacional el 2 de diciembre, cuando se discuta la restitución de Zelaya. Ya el 21 de agosto pasado la Corte había decidido en contra de la restitución del mandatario, sobre quien pesan dos órdenes de captura. Una relacionada a la consulta popular que pretendía desarrollar y por la que fue expulsado del país a punta de pistola y en pijama. La otra es por la emisión de un decreto para contratar publicidad, que la justicia hondureña establece que fue ilegal.
Desde su trinchera brasileña en Tegucigalpa, Zelaya mantuvo su posición de que no aceptará una restitución en el poder por parte del Congreso, porque considera que sería "una decisión unilateral". El mismo Zelaya dio como fracasado en octubre el acuerdo Tegucigalpa-San José que establecía la creación de un Gobierno de unidad como solución a la crisis, después que el presidente de facto, Roberto Micheletti, tratara de conformarlo sin la presencia de Zelaya.
Mientras se conocía la decisión de la Corte, el ambiente electoral se desarrollaba bajo la calma tensa de Tegucigalpa. En los barrios más pobres de la capital se observan carteles pegados en las paredes que intentan influir miedo en los votantes. Uno de esos carteles muestra a una persona apuntando con fúsil a otra, bajo la leyenda: "si vas a votar te pasara esto o cosas peores". Los contrarios al golpe han llamado a boicotear las elecciones, mientras que organismos de derechos humanos denuncian la violencia en los que se desarrollan los comicios. Un informe sobre derechos humanos preparado por varias organizaciones denuncia que miembros de la resistencia contra el golpe y candidatos políticos independientes han "sido objeto de amenazas, atentados y asesinatos".
La Dirección General de la Policía Nacional emitió un comunicado en el que llama a los hondureños a mantener una "actitud preventiva" durante el proceso, como "estar alerta a gente extraña que no sea de su entorno" y evitar participar en manifestaciones masivas de los candidatos políticos.
Zelaya informó el jueves que impugnará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) las elecciones, que considera ilegales. "Cuando hay una ruptura del orden jurídico por un golpe de Estado, bajo esa misma condición no se puede legalizar ningún proceso", dijo. Pero la realidad marcha en contra de las opiniones del mandatario depuesto. El Ejército ya repartió los paquetes electorales y ayer llegaron a Tegucigalpa los primeros observadores internacionales, incluyendo al ex presidente de El Salvador Armando Calderón. También están invitados como observadores los ex presidentes Vicente Fox, de México, y Jorge Quiroga, de Bolivia. Los comicios no son reconocidos ni por la OEA ni por la ONU, que no enviarán observadores. Estados Unidos ha dicho que respalda el proceso como salida a la crisis.
"Es contraproducente para la democracia el reconocimiento de unas elecciones que derivan de un golpe de Estado. Se puede enviar un mensaje equivocado de que las reglas del juego político se pueden trangredir", explicó Javier Meléndez, analista del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Managua.
La realización de las elecciones, dijo Meléndez, es el fin a las esperanzas de Zelaya. "Las elecciones son buenas para los que apoyan a Micheletti. Es irónico que los mismos que rompieron la ley ahora abanderan la legalidad del proceso electoral". Para el analista, la realización de los comicios y los resultados que arrojen servirán para mantener el status quo en un país conservador, dominado por el bipartidismo político y donde el Ejército mantiene gran influencia en la política interna.
En los comicios de este domingo se elegirán presidente, diputados y alcaldes. El padrón electoral está formado por 4.6 millones de votantes y las autoridades esperan una participación del 50% del electorado. Los candidataos más fuertes en la contienda por la presidencia de Honduras son Porfirio Lobo Sosa, del opositor Partido Nacional, y Elvin Santos, del oficialista Partido Liberal. Una encuesta emitida a finales de octubre por Cid-Gallup daba una ventaja de 16 puntos a Lobo, que cuenta con el 37% de la intención de voto frente al 21% de Santos.
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