Ecuador: Movilización y revolución ciudadana

Por Floresmilo Simbaña

Dos factores presentes en una coyuntura de cambios políticos, ya en hechos o en perspectiva, son la movilización y la pasividad social; dos caras de la misma moneda. Dos estados de ánimo contradictorios a primera vista pero presentes al mismo tiempo y actuando en un mismo escenario aunque con dinámicas y objetivos propios. Hay sectores que se ven urgidos a movilizarse, tanto en contra como a favor, otros se sienten apáticos o tranquilos, no ven la necesidad de movilizarse; ya otro-s está-n haciendo lo que ellos creen se debe hacer.

En tiempos neoliberales la derecha ecuatoriana apeló constantemente al poder del Estado (aparatos coercitivos y electorales) para legitimar su poder. Solo cuando vio en peligro su modelo con la cancelación de las negociaciones del TLC y la expulsión de la transnacional petrolera OXI, los agroindustriales y empresarios importadores se movilizaron en contra del movimiento indígena. Desde entonces no han vuelto a las calles. Es a partir de la Asamblea Constituyente cuando nuevamente se lanzan a la movilización, en varios casos promovidos desde la alcaldía de Guayaquil y, aunque en menor medida, desde la iglesia y los estudiantes de las universidades privadas.

De su parte el gobierno y Alianza PAIS en sus discursos hacen énfasis en tres elementos de legitimación: las urnas, la participación ciudadana y el anticorporativismo. La movilización es ajena a su perspectiva política. No provocó movilizaciones ni en los agitados días de la convocatoria para la Asamblea Constituyente; quienes lo hicieron fueron sus organizaciones aliadas como el MPD y sindicatos públicos, ahora ambos fuera del gobierno, y los movimientos que, por historia, reclamaron un período constituyente.

El Gobierno más bien ha denostado a la movilización, y paradójicamente apeló a esta para oponerse a los sectores populares como los profesores y el movimiento indígena. Este discurso exaltando la participación electoral ha variado luego de las últimas elecciones; desde entonces se insta a la formación de los CDRC, pero aquí el régimen se enfrenta a un grave problema: la formación de estos comités se está implementando bajo las necesidades de las políticas públicas, no de la propia dinámica social, corriendo el riesgo de convertirse, en el mejor de los casos, en correas de transmisión entre el Estado, el gobierno y Alianza PAIS, en ese orden. De lo que se ha podido ver de la “revolución ciudadana”, en lugar de promover movilización social, está suscitando todo lo contrario; la gente se mueve para escuchar los discursos del Presidente y no para promover el anunciado reparto de tierras por ejemplo. Esto a la larga puede perjudicar su propio proceso.

Los sectores sociales, sobre todo los críticos al Gobierno, apelan a la organización y movilización de la sociedad, pero, y al menos cuantitativamente, estas son mínimas comparadas con las producidas en los años noventa.

Esta disminución en la amplitud de la movilización no debe ser vista solo desde la aparente debilidad de las organizaciones, sino también desde el agotamiento de la sociedad en general.

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