El campo argentino ha vuelto a levantarse en pie de guerra contra el Gobierno de Cristina Fernández y ha anunciado a última hora del martes (hora española) la convocatoria de una huelga de siete días, que comenzará este próximo viernes, para protestar contra la política agrícola del Ejecutivo, según han anunciado los líderes de las cuatro principales asociaciones agrarias del país en una conferencia de prensa.
La protesta implicará la congelación de la venta de cereales, algo de suma importancia en Argentina, uno de los principales exportadores de maíz del mundo, y de productos cárnicos. La huelga vuelve a desempolvar un conflicto enquistado y que ha condicionado buena parte de los últimos dos años de legislatura de Cristina Fernández.
Carlos Garetto, uno de los líderes agrarios, ha asegurado en rueda de prensa que la huelga no hace sino expresar "el malestar de los productores del campo y la situación crítica en las provincias, que está creciendo y empeorando", ha advertido.
Veto de la presidenta
Los agricultores, que en anteriores protestas bloquearon carreteras y desabastecieron los mercados de las principales ciudades de productos de primera necesidad, se movilizan esta vez contra la votación aprobada la pasada semana en el Congreso y que prolonga los poderes de la presidenta sobre las tasas a las exportaciones del grano, el meollo del conflicto.
La gota que ha colmado esta vez el vaso del descontento ha sido la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de eliminar algunos beneficios arancelarios que habían sido aprobados por las dos Cámaras del Congreso la semana pasada en el contexto de la denominada ley de emergencia agropecuaria.
La presidenta vetó la ley por considerarla "pésima" y de "imposible cumplimiento" en materia impositiva, según explicó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. La normativa prevía rebajas impositivas durante 180 días en concepto de ayudas a agricultores afectados por la sequía en 37 municipios de la provincia de Buenos Aires, la más rica del país.
Sin embargo, las patronales agropecuarias consideran estas medidas "insuficientes" y exigen rebajas de los impuestos a la exportación de granos, en especial la soja, que ya motivó la cadena de huelgas y cortes de carreteras que llevaron a cabo el año pasado.
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