“Los
indígenas no aceptamos el extractivismo. Y vamos a morir luchando
contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas. Por eso nos
consideran un peligro”. Los líderes mapuches se defienden y contestan
los discursos que los tratan de separatistas, terroristas o cosas
peores. “La plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni
excluyente. Por el contrario, es una herramienta para la unidad en la
diversidad”. Se encargan de explicar lo que – parecía- ya estaba dado:
la propia legislación argentina reconoce los derechos de los pueblos
originarios. Pero no se cumple. Por qué: las presiones de terratenientes
y empresas como Benetton. La operación de los medios. El rol del modelo
económico. Y un genocidio que no termina. Darío Aranda explica en esta
nota el marco de la avanzada del gobierno contra los mapuches, en medio
de la desaparición de Santiago Maldonado.
Por Darío Aranda (periodista argentino)
El modelo extractivo: petrolero, minero, agropecuario, forestal.
Una multinacional (Benetton) con directa influencia en el poder político y judicial.
Políticas de Estado de despojo y sometimiento.
Un genocidio que jamás tuvo su “nunca más”.
Sólo algunos de los elementos detrás de la campaña que pide represión para el Pueblo Mapuche.
Extractivo
Durante el menemismo se aprobó la ingeniería legal que dio pie a la
profundización del extractivismo en Argentina: leyes mineras,
privatización de YPF, ley forestal, aprobación de transgénicos con uso
de agrotóxicos. Pero la implementación en los territorios se dio durante
el kirchnerismo. Dos ejemplos: se pasó de 40 proyectos mineros en
estudios (en 2003) a 800 proyectos (en 2015); de 12 millones de
hectáreas con soja transgénica se pasó a 20 millones (22 en la
actualidad).
El macrismo continúa esa línea: quite de retenciones a la minería,
baja de retenciones al agro, flexibilización laboral para trabajadores
petroleros. Más extractivismo, más avance sobre territorios rurales,
donde viven pueblos indígenas y campesinos.
Amnistía Internacional contabilizó un piso de 250 casos conflictivos,
entre los que detectó un punto en común: detrás siempre hay empresas
(agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en
complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos.
Cómo sucedió con la Campaña del Desierto, que tenía como fin
económico incluir tierras al mercado capitalista, la Argentina del Siglo
XXI repite la historia de avanzar sobre los pueblos indígenas.
Preexistente
“Mapuche” significa en mapuzungun “gente de la tierra”. Los mapuches,
como todos los pueblos indígenas del continente, son a partir del
vínculo con el territorio. De allí proviene su historia, su cultura, su
filosofía, su vida y de ese territorio dependen sus hijos, nietos y su
futuro como pueblo.
Un argumento falaz para atacar a los indígenas del sur es que decir
que son chilenos. Los pueblos indígenas tienen miles de años de
historia, y el Pueblo Mapuche en particular existe desde muchos antes de
la conformación de los Estado-nación. Es decir, son previos a la
existencia de Argentina y Chile. El artículo 75 de la Constitución
Nacional lo reconoce: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y
el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano (…).
Asegurar la participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten”.
Ante cada campaña mediática de ataque a los mapuches, académicos
repudian las falsedades de sectores periodísticos. En enero pasado,
investigadores del Conicet escribieron un texto que resume cientos de estudios académicos:
“Afirmamos que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no
exterminaron a los tehuelches (…) Los mapuches no son “indios chilenos”,
sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos
territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en
lo que hoy es Argentina”.
Periodismo represivo
“Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia)”, tituló el diario Perfil el domingo 8 de
enero en un extenso artículo, referido al conflicto del Lof (comunidad)
Resistencia Cushamen con la empresa Benetton. La nota, firmada por
Cecilia Moncalvo, acusó: “A medida que aparecen más datos, la acción de
(Facundo) Huala y su grupo puede ser leída como el germen de una forma
violenta de protestar y de hacer política. Hay datos, como que en zonas
limítrofes la Gendarmería envió más personal, mientras que diputados
chilenos y periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC
colombianas como parte de la financiación del grupo (…). Abre
interrogantes sobre una zona liberada previamente y de tráfico de armas
de Argentina a Chile. Facundo Jones Huala sería el nexo”.
Dos días después, el martes 10 de enero, hubo feroces represiones
sobre el Lof Mapuche. Una por la mañana (Gendarmería Nacional). Otra por
la tarde (policía de Chubut). El miércoles se produjo un tercer
operativo violento. Tres represiones en dos días. Una cacería de
mapuches. Una decena de presos. Otro tanto de heridos. Dos de gravedad.
La imagen de Fausto Jones Huala, con un balazo en el cuello, recorrió el
país.
A la campaña anti-indígena se sumó el diario Clarín, con un extenso
artículo anunciado en tapa el domingo 22 de enero y doble página
interna. “Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declaró la
guerra a la Argentina y Chile”, fue el título, firmado por Gonzalo
Sánchez. Citó en seis oportunidades voces oficiales del Ministerio de
Seguridad de Nación, Cancillería y Secretaría de Seguridad. Todas voces
en “off”, sin nombre ni apellido, que acusan al Lof Cushamen de hechos
tan insólitos como ajenos a la realidad. Según Clarín:
-Los mapuches están vinculados a grupos kurdos y a la ETA del país Vasco.
-Recibieron financiamiento del kirchnerismo.
-Afirma que el Lof Cushamen ocasionó incendios, secuestro de personas e intento de asesinatos, entre otros hechos.
No se aporta ninguna prueba de todos estos hechos. Sólo la opinión del gobernador Mario Das Neves y voces en off.
Gonzalo Sánchez, autor de la nota y editor del diario, repite lo de
Cecilia Moncalvo en Perfil: vincula al Lof Cushamen (y a Jones Huala)
con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuando la
comunidad nunca ha declarado ser parte de esa organización. Segunda
coincidencia: Sánchez no otorga ni una línea a la voz del Lof Cushamen,
ni de sus abogados, ni de las organizaciones de derechos humanos que
acompañan.
Infobae no se quedó atrás. “Violencia, anarquía y apoyo externo: el
perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y la
Argentina”, tituló el 9 de agosto un artículo de Martín Dinatale, con
todas voces en off y ninguna entrevista a mapuches. Un artículo que
podría haber sido escrito por Patricia Bullrich.
Insólita la nota de Claudia Peiró en Infobae. Acusó a los mapuches de
estar financiados por ingleses. “The Mapuche Nation, el pueblo
originario con sede en Bristol, Inglaterra”. No aporta una sola prueba
que acredite esa relación.
Clarín retrucó. “Jones Huala redobla la apuesta: llamó a la rebelión y
la lucha armada. Desde el penal donde está detenido, el referente
mapuche convocó abiertamente a la acción violenta”. Firmada por el
corresponsal el Bariloche, Claudio Andrade, conocido de las
organizaciones mapuches por sus continuas que rozan el racismo.
Por otro lado, también sobresalen comunicadores, intelectuales,
artistas y políticos no dudaban en echar sospechas sobre el líder qom
Félix Díaz de Formosa y, al mismo tiempo, silenciar las atrocidades del
gobierno feudal de Gildo Insfrán. Figuras radiales afines al
kirchnerismo relativizaban el reclamo qom y hasta hacían entrevistas
condescendientes a Insfrán. En el “mejor de los casos”, se llamaban a
silencio ante la violación de derechos. El periodismo afín al
kirchnerismo apoyó fervientemente la explotación petrolera en Vaca
Muerta, aunque allí se violaban derechos indígenas y también se reprimía
(y se reprime). Con el macrismo en el poder, esos mismos periodistas,
intelectuales y artistas se horrorizan y repudian la violencia que
sufren los mapuches.
Periodistas de uno y otro lado tienen una coincidencia: escriben
sobre un hecho sin recorrer el territorio. No visitan (ni visitarán) las
comunidades indígenas. Son periodistas de escritorio. Y sus mentiras
repercuten de la peor manera: legitiman represiones.
Genocidio
Robo de bebés. Desaparición de personas. Torturas. Campos de concentración. Asesinatos.
Lo sufrió la sociedad argentina en manos de la última dictadura cívico-militar.
Lo sufrió el pueblo judío en manos del nazismo.
El Pueblo Mapuche también padeció robó de bebés, desaparición de
personas, torturas, campos de concentración, asesinatos. Pero no hubo
jamás pedido de perdón, tampoco reparación ni justicia. No hubo un
“nunca más” para lo sufrido por los pueblos indígenas.
Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la UBA, lo resume así:
“El Estado se construyó sobre un genocidio. Se requirió que no hubiera
más diversidad interna. Se anulan los tratados con los indígenas, el
Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese
Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que
dan origen a un Estado”.
Recuperaciones
“Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu” significa en idioma mapuche “territorios
recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo,
un derecho de los pueblos originarios volver a parcelas que les fueron
arrebatadas en el pasado. En los últimos quince años, y luego de agotar
la instancia administrativa y judicial, el Pueblo Mapuche recuperó 250
mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes.
Los pequeños burgueses urbanos deben permanecer tranquilos: los
indígenas no ocuparán los departamentos en Palermo o Recoleta, ni les
interesan las mansiones de Nordelta. Sólo vuelven a las tierras de sus
antepasados que hoy están en manos de grandes empresas.
Los legalistas también deben estar conformes: las recuperaciones
territoriales están respaldadas por tratados internacionales, que tienen
rango superior a las leyes locales.
“Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el
derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de
existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”, detalla el
artículo 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que tiene rango superior a las leyes nacionales. El
artículo 14 también apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar
el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de
subsistencia”.
La Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, remarca en su
artículo 10 “la opción del regreso” frente a los desplazamientos
forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho a la
reparación, por medios que pueden incluir la restitución (…) por los
territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o
utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados,
ocupados, utilizados o dañados”.
“Las comunidades indígenas en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” es el título del trabajo
sobre Derecho internacional de Rolando Gialdino, ex secretario de
Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo
tribunal del país. Al analizar la acción de la CIDH, abordó la posesión
ancestral: “Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente
han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas
legítimamente a terceros inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a
obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.
La recuperación territorial implica mucho más que hectáreas: instala
una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de
propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un
espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible
para el desarrollo como pueblo originario.
Benetton
En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque
volvió al territorio indígena: recuperó 625 hectáreas dentro de lo que
entonces era parte de la estancia Leleque de Compañía de Tierras Sud
Argentino (Grupo Benetton), ubicada entre Esquel y El Bolsón. El caso
tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquir y Atilio
Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio
Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton,
que prometió la donación de tierras dentro de Chubut. Pero la compañía
sólo ofreció parcelas que eran improductivas.
La comunidad no aceptó y aclaró que los pueblos indígenas no
aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que habían sido
robados por privados. La causa avanzó en tribunales, hubo intento de
desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton nunca
aceptó la derrota entre otras cosas porque habilitaría que otras
comunidades repitieran la acción.
En noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finalizó el
relevamiento territorial de la comunidad Santa Rosa Leleque. En el marco
de la Ley Nacional 26.160 reconoció la posesión y uso de las 625
hectáreas por parte del Pueblo Mapuche. La comunidad siempre denunció
las irregularidades en el título que adquirió la compañía Benetton
(explicadas en detalle en el libro “Ese ajeno sur”, del investigador
Ramón Minieri).
El 13 de marzo de 2015 se produjo una nueva recuperación territorial
en la estancia Leleque de Benetton. “Actuamos ante la situación de
pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento
forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando
desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por
parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa
cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir
dignamente”, explicó como fundamento de la acción el comunicado firmado
por Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento
Mapuche Autónomo (MAP).
Ya no era un sólo mal ejemplo. Ya eran dos. Y pueden ser más.
Benetton descargó todo su maquinaria legal contra los mapuches y
contrató una agencia internacional de prensa y lobby (JeffreyGroup) para
una campaña mediática, tanto a nivel provincial como nacional. El
responsable en Argentina de JeffreyGroup es Diego Campal, que se
presenta como “especialista en resolución de conflictos y gestión de
crisis”.
Periódicamente llegaban las gacetillas de prensa y fotos en alta
definición de los “atentados” que sufría la estancia Benetton. Sus
principales destinatarios: el diario Jornada (Chubut), Río Negro (el más
leído de la Patagonia), Clarín y La Nación. Los mismos comunicados
llegaban al despacho del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y sus
ministros.
La campaña mediático daba sus primeros pasos y vinculaba a los mapuches con grupos paramilitares (ETA, FARC).
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