viernes, 28 de julio de 2017

Las Guerras Indias (III): La masacre de Wounded Knee


El jefe sioux Pie Grande, muerto sobre la nieve tras la masacre
de Wounded Knee.
Los hechos de Wounded Knee marcaron el final de un ciclo. No solo supusieron el fin de la resistencia de los nativos americanos frente al gobierno de los Estados Unidos, sino que también cerraron la herida que había supuesto la derrota de Little Big Horn para el orgullo de una sociedad que despreciaba a aquellos pueblos salvajes. En cualquier caso, lo ocurrido en Wounded Knee fue una verdadera masacre y de batalla tuvo poco.
Todo ocurrió en pleno invierno, el 29 de diciembre de 1890, en Wounded Knee Creek (en la reserva lakota de Pine Ridge, situada en Dakota del Sur). Aquella mañana, quinientos soldados del Séptimo de Caballería -mandados por James Forsyth- rodearon el campamento y procedieron al desarme de los hombres de la tribu. No está muy claro qué fue lo que ocurrió, aunque parece ser que todo partió de la negativa del indio Coyote Negro a entregar su rifle. Los soldados no tardaron en abrir fuego indiscriminadamente contra todo el poblado con las cuatro ametralladoras Hotchkiss que habían emplazado: contra niños, mujeres y ancianos en su mayoría, asesinados impunemente a medida que intentaban huir del campamento. Mientras, los guerreros sioux lograron recobrar sus rifles y armas blancas de los montones en que se habían apilado, pero su inferioridad numérica y la gran potencia de fuego de los cañones Hotchkiss resultó determinante. El resultado fue el que sigue: unos trescientos muertos, de los cuales doscientos eran mujeres y niños y, otros noventa, guerreros.

Cañón Hotchkiss, modelo empleado en Wounded Knee.

El 7º de Caballería se cobró su venganza por la humillación de 1876. Como premio, sus oficiales recibieron medallas del Congreso al valor. La rendición definitiva de los sioux tuvo lugar el 15 de enero de 1891 en White Clay Creek, poniendo fin a las Guerras Indias.
 
(Tomado del Blog HISTORIAS DESTERRADAS: http://historiadesterrada.blogspot.pe/2013/05/las-guerras-indias-iii-la-masacre-de.html )

Las guerras indias (II): Little Big Horn, 25 de junio de 1876


Elaboración propia. Imagen posterior: "The Custer Fight", de Charles Marion Russell.
  
Como hemos visto en la entrada anterior, desde 1867, Washington impulsó una nueva política con respecto a las naciones indias, procediendo a concentrarlas en reservas. En 1874, el teniente coronel George Armstrong Custer, al frente del 7º Regimiento de Caballería, se adentró en territorio sioux en busca de oro. Pronto se difundió la noticia de la existencia de tal metal precioso, con lo que cientos de colonos comenzaron a llegar a estas tierras sagradas para los indios, y que además se les había asignado mediante tratados. Este fenómeno colonialista vulneraba el Tratado de Fuerte Laramie, pero las protestas de los líderes sioux ante el gobierno de los Estados Unidos de nada sirvieron. Traicionados, los sioux abandonaron sus reservas y pronto recibieron un ultimátum por el cual se establecía como fecha límite para su regreso a las reservas el 31 de enero de 1876. De lo contrario, serían considerados hostiles. Sin embargo, los sioux no aceptaron el ultimátum y establecieron su campamento en Rosebud Creek, Montana. Allí celebraron un consejo junto a otras tribus, entre ellas cheyennes y arapahoes, para la formación de una alianza frente a los Estados Unidos. Cansados de ceder, decidieron combatir.
Respecto a los Estados Unidos, a la altura de mayo se comenzó a preparar una ofensiva contra el campamento indio, con el envío de 2.500 soldados de caballería divididos en tres columnas que partirían desde distintos puntos geográficos. El 16 de junio, la columna de Crook, formada por 1.300 soldados, llegó a Rosebud. Caballo Loco, gran estratega sioux, logró tender una emboscada a la columna, causándole numerosas bajas. Tras esta victoria, el campamento indio se trasladó hacia el norte, a un valle junto al río Little Big Horn.
El 25 de junio, el general Terry envió al 7º de Caballería -formado por 600 hombres y mandado por el mencionado teniente coronel Custer- hacia Little Big Horn, en una misión de reconocimiento para observar el terreno. Custer, un hombre valiente, vanidoso y ansioso de gloria, tenía órdenes estrictas de esperar al grueso de la columna para comenzar el ataque. Sin embargo, al alcanzar las proximidades del campamento decidió pasar a la acción. Dividió, imprudentemente, sus tropas: envió a 175 hombres, liderados por Benteen, en una dirección incorrecta para prevenir movimientos de los indios; y a otros 175 soldados, mandados por Reno, hacia el sur del campamento. Otro pequeño grupo quedó a cargo de la impedimenta, por lo que a Custer le quedaban consigo 210 hombres. No sabían que frente a ellos había 2.000 guerreros indios decididos a luchar.
El ataque de Reno fue frustrado por Caballo Loco y sus guerreros, forzando a sus tropas a una retirada desordenada y costosa en número de bajas. En ese momento comenzó el ataque de Custer, por lo que Caballo Loco abandonó la persecución de los hombres de Reno para frenar el ataque principal. Aquí existen dudas. Hasta no hace mucho, se creía que Custer había atacado el campamento. Por otro lado, nuevos estudios como el de Richard A. Fox tienden a señalar que los hombres de Custer se lanzaron en persecución de los grupos de mujeres y niños que Toro Sentado trató de ocultar por la zona. En cualquier caso, Custer se vio obligado a adoptar una posición defensiva en la colina que más tarde se llamó Last Stand Hill. Cercados, sin posibilidad de huida y avasallados por las flechas y los disparos de la multitud enemiga, ninguno de los 210 hombres de Custer sobrevivió. Todos los cuerpos fueron mutilados. Reno y Benteen consiguieron resistir con sus hombres en la colina de Weir Point, parapetados hasta que, al día siguiente, Caballo Loco decidió retirarse. Sus exploradores advirtieron la llegada de refuerzos enemigos, por lo que los jefes sioux trasladaron el campamento.
Little Big Horn fue una gran victoria india, pero debemos relativizar su impacto. Resultó sobrecogedora para la sociedad estadounidense, y la ira cundió tan pronto que las represalias fueron brutales. Caballo Loco fue asesinado a bayonetazos por sus captores en una celda, en 1877. Toro Sentado corrió una suerte parecida, en 1890, poco antes de la masacre de Wounded Knee.

(Tomado del Blog HISTORIAS DESTERRADAS: http://historiadesterrada.blogspot.pe/2013/05/las-guerras-indias-ii-little-big-horn.html)

Las guerras indias de 1860 a 1890 (I): Antecedentes


Persecución de indios. Autor desconocido.
 
Esta es la primera de las tres entradas que vamos a dedicar a las guerras indias de 1860 a 1890. La presente está dedicada a los antecedentes que derivaron en los conflictos. Las dos siguientes se dedicarán a dos hitos fundamentales: la derrota del general Custer en Little Bighorn (1876); y la revancha estadounidense con la masacre de los sioux de Wounded Knee (1890).

Cuando Andrew Jackson llegó a la presidencia de los Estados Unidos, en 1829, muchas tribus indígenas habían sido desplazadas y la frontera natural se fijaba en el río Misisipi: al oeste de este río, era territorio indio. El carácter nómada de las tribus les llevó a aceptar su traslado, llegando a acuerdos con los Estados Unidos. Huelga decir que la coacción y los engaños estuvieron siempre presentes en estas negociaciones.

Jackson era partícipe de la eliminación de los indios, había dirigido varias campañas militares e intervenido en las negociaciones por las cuales los indios del sur (Georgia, Florida y Alabama) aceptaron su traslado hacia el oeste. En el año 1830, Jackson logró la aprobación en el Congreso de la Ley de Eliminación de los Indios, por la cual, en las décadas que siguieron, se obligó a muchos pueblos del sur a ceder sus tierras y a ser trasladados al oeste, al Territorio Indio, donde el hombre blanco no podía asentarse. Desde entonces, se produjeron numerosos abusos. El Gobierno se había comprometido a proteger a los indios que permaneciesen en territorio estadounidense. Sin embargo, las hostilidades surgieron pronto (caso de la guerra de Black Hawk en 1832) y derivaron en el uso de la fuerza y las deportaciones forzosas. Solo hasta 1837, 46.000 indígenas habían sido deportados.(1)
 

Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos entre
1829 y 1837.

Muchos de los acuerdos firmados fueron violados poco más tarde a medida que la expansión de los Estados Unidos tuvo lugar. Este fenómeno se agudizó especialmente a partir de 1840, cuando numerosas caravanas de colonos comenzaron a afincarse en Oregón y California, en el oeste. En 1851 se firmó el tratado de Fuerte Laramie entre el Gobierno y varias naciones indias, entre ellas los sioux, cheyenes y arapahoes. Dicho tratado permitía al Gobierno fijar puestos militares en territorio indio. Además, las tribus no hostigarían el paso de caravanas hacia el oeste. A cambio, las naciones indias recibían el reconocimiento sobre sus tierras a perpetuidad.

La Guerra de Secesión (1861-1865) agravó la situación. El ejército del Norte ocupó zonas del Territorio Indio, (Masacre de Sand Creek de 1864) fijando las bases de lo que serían las guerras indias. Finalizada la guerra civil, la llegada de colonos hacia el oeste se intensificó: granjeros, mineros, cazadores... a lo que se sumó el exterminio del búfalo en los años setenta, pilar básico para la subsistencia de las naciones indias. Todo ello vulneraba los tratados existentes entre estas tribus y el Gobierno estadounidense, el cual decidió aplicar una política nueva: a partir de 1867, forzó a las naciones indias a firmar tratados para su concentración en reservas en las zonas más deprimidas del oeste. Los numerosos conflictos y enfrentamientos que se produjeron culminaron con la alianza de varias tribus y su victoria sobre Custer en 1876.
 
A día de hoy, existen más de 250 reservas indias. Despojados de sus formas tradicionales de vida y excluidos socialmente, los nativos americanos padecen graves problemas como el alcoholismo y una elevada tasa de suicidios. A todo ello se suma el factor económico, que ha motivado la concesión a estas reservas de derechos para la apertura de casinos como medio de subsistencia.
 
(Tomado del Blog HISTORIAS DESTERRADAS: http://historiadesterrada.blogspot.pe/2013/05/las-guerras-indias-de-1860-1890.html )

martes, 25 de julio de 2017

Bolivia: ¡Libertad para Félix Becerra!



¡Libertad para Félix Becerra!
El caso que les voy a contar es indignante e intolerable para una persona decente. 
Conocí a Félix Becerra cuando trabajaba en ERBOL, a cuyas instalaciones llegó con su sombrero blanco de ala media y su poncho de colores sobrios a rayas. Supe que era quechua por su vestimenta, entonces nos pusimos a hablar y bromear en nuestra lengua madre.
Por aquel entonces, era el jilliri apu mallku del Consejo Nacional de Markas y Allyus del Qullasuyu (Conamaq). Muy crítico a Evo Morales y de acción: participó en la marcha en defensa del TIPNIS y exigió al Gobierno no entrometerse en las organizaciones indígenas. 
En una ocasión  denunció a funcionarios del Ministerio de Gobierno  de haber querido corromperlo. "Me ofrecieron de todo. Me dijeron: ¿Qué quieres para ti o para tu regional? Te vamos a dar, pero abandona  la marcha (del TIPNIS). ‘¿Quieres casa o auto? Mañana mismo te podemos dar’”, narró. 
Luego fue involucrado en el escándalo del Fondo Indígena. La Fiscalía lo acusó de incumplimiento de contrato y enriquecimiento ilícito en un proyecto para enseñar ruso en tres meses (junio, julio y agosto de 2012) a 18 jóvenes indígenas que iban a ser becados a Rusia.
Becerra no sabía de ese proyecto, había sido formulado en 2009. Llegó a Conamaq en enero de 2011 y se enteró del proyecto en abril de 2012, cuando el entonces director del Fondo Indígena, Daniel Zapata Pérez, y la encargada  de enseñar ruso, Elena Camargo, le urgieron dar curso al proyecto bajo la advertencia de que el convenio con la Embajada de Rusia estaba a punto de abortar.
Ante la insistencia, Becerra abrió, por ser representante legal de los fondos, una cuenta bancaria, a la que transfirieron desde el Estado 56.000 bolivianos como primera cuota. Apenas recogió el dinero, se lo entregó a Camargo. 
Félix tiene pruebas documentales que demuestran su versión: 1) Informe técnico financiero de Camargo sobre la ejecución y los gastos; 2) informe de los becarios; 3) informe de Zapata sobre el Convenio con Rusia; y 4) recibo que firmó con Camargo el día que le entregó los 56.000 bolivianos. 
Entre las pruebas testificales están las declaraciones de Julia Ramos, que en ese momento era administradora del proyecto en su condición de dirigente de "Las Bartolinas”; y de Roberto Coraite, que era control social por ser dirigente de la CSUTCB. 
Entonces, ¿cómo puede ser acusado de enriquecimiento ilícito si no se quedó con un solo centavo?  Es más, detectó irregularidades y evitó el desembolso de los restantes 538.400 bolivianos, que habían sido presupuestado para este curso. 
Sin embargo, el 13 de noviembre de 2015 fue aprehendido y un juez ordenó su detención preventiva en San Pedro. 
Félix, seguro de su inocencia, apeló y decidió quedarse en celdas de la Corte de Justicia, pagando 200 bolivianos por día a la espera de la audiencia de cesación. Pero ésta tardó más de 12 días en ser programada y como ya no tenía dinero, fue enviado a la cárcel. 
La mala suerte de Félix fue echada no por la corrupción, sino por su posición honesta ante el gobierno del MAS. Por ello, hoy es un preso político. Como prueba,  unos datos más: La Audiencia de Cesación de Detención Preventiva fue suspendida en cinco ocasiones.
La primera tenía que realizarse el 20 de noviembre de 2015, fue suspendida por falta de documentos. La segunda debía ser el 27 del mismo mes, no se realizó por falta de juez. 
La tercera fue programada para el 2 de diciembre, no se llevó a cabo porque un día antes su abogado César Montalvo Baldivieso constató que en el juzgado no existía el acta de la primera audiencia. 
La cuarta fue fijada para el 7 de diciembre; los custodios llevaron a Félix al Juzgado Anticorrupción de El Alto y la Audiencia era en La Paz. La quinta tenía que ser 14 de diciembre, se canceló porque la jueza se enfermó. 
Finalmente, la audiencia fue realizada el 29 de diciembre de 2015, en ella se ratificó su detención en San Pedro; el juez no tomó en cuenta como actividad laboral su trabajo de agricultor.   
El 23 de marzo de  2016 se solicitó nueva audiencia; hasta hoy no se programa. 
Si no te indignas por inocentes encarcelados, el siguiente puedes ser vos. 
¡Libertad para el preso político Félix Becerra!

Andrés Gómez Vela es periodista.

viernes, 21 de julio de 2017

Chile: Senado aprueba obra gruesa de “Ley de Aborto en Tres Causales” y la sombra del TC reaparece como amenaza

por  19 julio, 2017
Enviado por Danilo Quijano
Senado aprueba obra gruesa de “Ley de Aborto en Tres Causales” y la sombra del TC reaparece como amenaza
Felices y sacando cuentas alegres se encontraban los ministros de Gobierno que, luego de dos años de tramitación, consiguieron que el Senado aprobara los pilares fundamentales de la denominada Ley de Aborto. Un trayecto complejo que aún cuenta con nudos internos, principalmente la objeción de conciencia y algunos ítems del acompañamiento, sumado esto a que en el horizonte aparece ciertamente la sombra del Tribunal Constitucional, en cuyo caso la iniciativa debiera tramitarse antes de la segunda quincena de agosto, fecha en que cambiará la correlación de fuerzas al interior del organismo, pues, de lo contrario, la despenalización del aborto correría serio peligro de naufragio.

Tras casi dos años y medio de tramitación, el denominado proyecto de “Aborto en Tres Causales” fue aprobado esta madrugada en sus tres ítems por la Sala del Senado. Votación que era denominada como una prueba de “fuego” para el Ejecutivo, ya que en la Cámara Alta fue donde más costó cuadrar a los parlamentarios oficialistas, principalmente por la falta de un proceso de acompañamiento para la mujer, indicación que finalmente fue ingresada, razón por la cual hasta el senador Ignacio Walker se comprometió a respaldar las tres causales.
Por una estrecha mayoría, fueron aprobadas las tres columnas vertebrales que determinan la “interrupción del embarazo” en tres causales: cuando corre peligro la vida de la madre, inviabilidad del feto y en caso de violación. El proyecto también establece que, en cualquiera de las causales, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito, su voluntad de interrumpir el embarazo. Además, prohíbe la publicidad sobre los hechos a los establecimientos que realicen los procedimientos y sanciona el ánimo de lucro o su uso para fines “distintos de los autorizados por la ley de transplantes, órganos, tejidos o fluidos humanos provenientes de una intervención propia de la interrupción del embarazo”.
La ley también incluyó en votación el proceso de acompañamiento a la mujer, el que se desarrollará previo a la interrupción del embarazo, durante y después, además de la polémica objeción de conciencia para “todo el equipo médico”, pero no para las instituciones médicas, cambio que fue agregado durante la tramitación en el Senado, ya que antes solo se definía para el médico a cargo.
"Toda la carga de la prueba es la mujer y eso me parece tremendamente injusto. Pregúntenles a sus hijas o mujeres. Yo conozco a algunas de ellas y sé que no representan lo que se está diciendo acá”, afirmó la senadora Lily Pérez, quien finalizó su intervención con una frase que reventó las redes sociales: “No me callo y no me voy a callar, porque soy mujer y quiero defender lo que las mujeres sentimos".

La fallida jugada de Zaldívar

A pesar de que el Ejecutivo logró cuadrar a prácticamente a toda la bancada oficialista, no pudo ponerle freno al senador Zaldívar, quien desplegó una última carta bajo la manga y retrasó la sesión inicial, ocupando todo el primer día de votación en la discusión de su indicación, que buscaba restituir, en el Código Sanitario, la despenalización de la interrupción del embarazo debido al peligro de vida de la madre. Lo que hacía que las otras dos causales pasaran a estar en un artículo 119 bis.
El conflicto estaba en si la indicación anulaba o no el resto del proyecto. Al respecto, el senador Allamand insistió en que "no afectaría el resto de los articulados". Pero los senadores oficialistas insistieron en que la iniciativa está "en las antípodas de la discusión ". "Aprobar está indicación es dejar inviables las otras causales y licuar el proyecto", aseguró Alfonso de Urresti (PS).
Finalmente, la indicación fue rechazada por 18 votos contra 17, luego de haber sido empatada en dos ocasiones. El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, señaló que intentó llegar a un acuerdo con el Gobierno. "Efectivamente le envié al Ejecutivo una propuesta de acuerdo. El Gobierno me propuso un acuerdo parlamentario, una solución (...) para subsumir que en caso de peligro de la madre no hay aborto", pero habría habido “manifestaciones de algunos senadores –no voy a decir nombres– que no quisieron apoyar este acuerdo", dijo en la sesión.
El voto clave era el de la senadora Lily Pérez, quien el lunes había aprobado la indicación del senador Zaldívar. Minutos antes de la discusión se le vio con la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, y con la senadora Carolina Goic (DC), quienes habrían sido claves al momento en que Pérez determinó abstenerse de la votación esta vez, lo que cambió la correlación de los votos.
Tras la eliminación de esta indicación, un grupo de evangélicos que se encontraban en la Sala comenzaron a rezar y fueron sacados por Carabineros. Minutos después, un grupo de dirigentas del Partido Comunista desplegaron un lienzo que rezaba: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”.

El triunfo de las tres causales

La causal que permite la interrupción del embarazo en caso de “riesgo vital” de la madre fue visada con 20 votos a favor y 14 en contra, pertenecientes a la oposición. Por otra parte, la segunda causal, que determina la interrupción del embarazo en el caso de que el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, que sea incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo evento de carácter letal, fue aprobada por 19 votos a favor y 14 en contra.
La discusión respecto a la segunda causal se centró en la determinación de la inviabilidad del feto, el equipo médico que lo definiría, la cantidad de meses como plazo para realizar la interrupción del embarazo y la distinción entre un “aborto” y un parto que ha sido adelantado.
El punto que intentaron dejar en claro los senadores falangistas, para justificar su apoyo a esta indicación, es que el foco de esta causal recae en la capacidad de la madre de poder “elegir”, de tener opciones. La senadora Adriana Muñoz (DC) manifestó que “hay dos visiones muy distintas, los que piensan que el embrión es sagrado y los que pensamos que es un objeto valioso, pero no sagrado, y creemos que las mujeres son sujetos de derechos”.
Por otra parte, la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) hizo hincapié en que después de las 22 semanas no es un aborto, ya que se define como la inducción de un parto de un “feto inmaduro”. Además, anunció la reserva de constitucionalidad para este artículo, debido a que estarían discriminando a un ser humano que está enfermo frente a uno que está sano, porque “no puede asegurar un tiempo de supervivencia extrauterina”.
Finalmente, el senador Allamand (RN) indicó que “soy contrario al aborto, pero también soy contrario a que la mujer que recurre al aborto caiga presa, de una penalidad excesiva (...). Tiene que haber una ponderación de la responsabilidad penal”.
Por 18 votos contra 16 fue aprobada la tercera causal, que se define en el caso de que el embarazo sea resultado de una violación, “siempre y cuando no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación”. Este ítem determina que “tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación. Además de su voluntad, deberá contar con la autorización de su representante legal o de un juez, punto que también fue aprobado por los parlamentarios, por 19 a favor, 6 rechazos y 6 abstenciones.
La causal de violación era el punto más complejo para el Gobierno, ya que el mismo senador Zaldívar había anunciado que no respaldaría dicha causal y, aunque los resultados fueron estrechos (18-16), los más complejo fue el debate. La senadora Lily Pérez lo dijo: “Llegamos a la causal más compleja en la discusión, el acompañamiento. Yo soy partidaria del acompañamiento de parte de privados… es muy difícil tener opiniones neutras”.
“He escuchado a hombres que hablan de ‘violaciones falsas’, de ‘matar guaguas’, de ‘el padre de la guagua’. Antes que senadora, soy mujer. Se trata a las mujeres como que somos irresponsables y que inventarán una violación para ir al médico a practicarse el aborto”, arremetió la parlamentaria.
“Toda la carga de la prueba es la mujer y eso me parece tremendamente injusto. Pregúntenles a sus hijas o mujeres. Yo conozco a algunas de ellas y sé que no representan lo que se está diciendo acá”, afirmó la senadora, quien finalizó su intervención con una frase que reventó las redes sociales: “No me callo y no me voy a callar, porque soy mujer y quiero defender lo que las mujeres sentimos”, dijo.
La senadora Van Rysselberghe contraargumentó: “No nos digan que esto no va hacia el aborto libre… una joven de 13 años que queda embarazada de su pololo de 17 años va a poder ir a abortar sin ninguna argumentación de por medio”. Esta línea argumentativa fue seguida por el senador Espina (RN), quien aseguró que la medida “favorece la impunidad del violador. Estamos en el caso de un niño que no tiene ninguna responsabilidad y le tocó la desgracia de que su padre es un delincuente y nosotros lo matamos”. Junto con esto, el senador emitió una serie de declaraciones que despertaron la furia de las redes sociales, principalmente al enunciar que el abuso en una sola ocasión corresponde a “una violación común y corriente” o “normal” y al afirmar que “el violador se la hace completa” a la víctima, cuando esta no se ve obligada a denunciar y se vuelve a ver expuesta ante el abusador.
Desde el oficialismo también hubo críticas, principalmente centradas en que las iniciativas “no son suficientes” y que son mínimas ante un Estado en deuda con las mujeres del país. El senador Eugenio Tuma aprobó el proyecto, pero aseguró que es “muy marginal, que no da cuenta de la realidad de nuestro país”.

Acompañamiento y objeción de conciencia

Respecto al acompañamiento, la propuesta salida de la Comisión de Constitución y que fue el principal requerimiento de la Democracia Cristiana, establece que el prestador de salud debe proporcionar alternativas a la interrupción del embarazo y “sobre los programas de apoyo social, económico y de adopción disponibles; debiendo, además, la información ser siempre completa y objetiva”. Agrega que “la mujer tendrá derecho a un programa de acompañamiento”, el que se desarrollará previo a la interrupción del embarazo, durante y después.
Chile Vamos estableció una indicación que busca generar un “sistema alternativo que se financie íntegramente por las instituciones privadas”, que deben ser sin fines de lucro y hasta de características religiosas, “éste es un esfuerzo para las tareas del Estado”, explicó Allamand. El senador RN agregó que va a existir una “política pública financiada por el Estado, del Estado y una opción privada que no requerirá de financiamiento del Estado”, por lo tanto, “la mujer va a tener que elegir si quiere acompañamiento y luego quién le dé dicho acompañamiento”.
Desde la Nueva Mayoría consignaron que este punto ya estaba incluido en el escrito original, el cual permitiría la existencia de programas de acompañamiento de carácter privado, peor “sin fines de lucro”. El senador Guido Girardi puso énfasis en el cuidado de las organizaciones que asuman esta responsabilidad, aseveró que se deben cuidar de “locos y maniáticos” y agregó que se deben comprometer a que no recibirán financiamiento del Estado
La senadora Lily Pérez arremetió tras la intervención del senador Navarro y consignó que es necesario tener una asociación público-privada; añadió que lo ideal sería que el Estado acompañara a la madre en todo el proceso, no sólo a la hora de abortar, sino que también al tener sus hijos y que les brindará educación y salud aseguradas.
La indicación fue aprobada por 16 votos, 9 rechazos y un 1 abstención pareada. Se determinó que fuera el Ministerio de Salud el que dará la acreditación a estos centros que den este apoyo institucional, resguardando lo solicitado por la Nueva Mayoría, especialmente el ítem de financiamiento. Finalmente con 20 votos a favor y 7 abstenciones se aprobó la disposición original respecto al acompañamiento.
En otro ítem, según la redacción emanada de la Comisión de Constitución del Senado y que fue incluida por el Ejecutivo, la objeción de conciencia “autoriza a los médicos cirujanos y a todo el personal profesional al que corresponda desarrollar funciones al interior del pabellón quirúrgico durante una intervención de aborto, a formular objeción de conciencia, quedando exento de la obligación de participar, siempre y cuando esta objeción se haya formulado al Director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. En tal caso, el establecimiento está obligado a asignar a la paciente otro médico cirujano”. Agrega, que la objeción de conciencia es de carácter personal y en “ningún caso por una institución médica. No será aplicable en el caso de que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, por riesgo vital.
Un punto fundamental para la oposición es la ampliación de la objeción de conciencia hacia las instituciones médicas, solicitud que había sido expresada también por el Rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Solicitud que no ha tenido asidero en proceso de tramitación del proyecto, pero que fue expuesta y solicitada por el senador Hernán Larraín en su intervención y finalmente rechazada por la Sala.
Otro nudo se centra en la extensión de la objeción de conciencia hacia todo el equipo médico, la modificación que fue ingresada por el Ejecutivo en la Comisión de Constitución, buscaba anular la posibilidad de que la medida se declarara inconstitucional por “discriminatoria” y fue respaldada por la Sala. Fórmula que no dejó felices a todos los senadores oficialistas, ya que tras la modificación, se generaron discordancias con el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y podría ser uno de los puntos por los cuales podría pasar a Comisión Mixta, tras su votación en la Cámara.

La sombra del Tribunal Constitucional

El principal fantasma que persigue a la denominada Ley de Aborto en Tres Causales es el del Tribunal Constitucional (TC), el mismo que ha recorrido proyectos emblemáticos del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, como el de la gratuidad, que fue declarada “discriminatoria” por parte del TC.
Que las tres causales aprobadas cuenten con reserva de constitucionalidad, da por hecho que el proyecto llegará al TC. El problema, según diputados oficialistas, es que “si pasa de agosto, no será aprobado”. El equilibrio de fuerzas al interior del Tribunal Constitucional estaría dando un empate virtual respecto a la iniciativa, en cuyo caso es el presidente de la instancia el que dirimirá.
Actualmente está el DC Carlos Carmona a la cabeza del TC, lo que aseguraría el paso del proyecto de aborto en tres causales, pero su presidencia debería cambiar en la segunda quincena de agosto. Allí asumiría Ivan Aróstica, ministro designado por el Presidente Sebastián Piñera, lo que complicaría la aprobación de la iniciativa.
Para evitar lo que sería realmente “un bochorno a la altura de la gratuidad”, en opinión de un diputado oficialista, se han realizado "malabares" para que el proyecto ingrese a la Cámara y sea aprobado de forma rápida. Es más, ya en horas de la tarde del martes estaba en la tabla de sesiones de hoy miércoles de la Cámara de Diputados.
Desde la Comisión de Salud de dicha instancia, indican que el peligro es la dilación y que la iniciativa pase a comisión mixta, “ante las grandes diferencias entre el proyecto que se aprobó en la Cámara y el que se ha tramitado en el Senado”, lo que se suma a que la próxima semana es distrital. En el Ejecutivo, sin embargo, mantienen la esperanza y han trabajado para evitar que esto ocurra, razón por la cual el propio ministro Nicolás Eyzaguirre se opuso a que la votación se aplazara para esta tarde.

jueves, 20 de julio de 2017

Ecuador: Primer acercamiento del Gobierno con pueblos indígenas


Noticias Aliadas

Reunión entre el presidente Lenín Moreno y dirigentes indígenas logra primeros frutos a pesar de ambigüedades.
El 4 de julio, dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fueron recibidos por el presidente Lenín Moreno, rompiendo así el distanciamiento de siete años que había impuesto el régimen anterior, encabezado por el presidente Rafael Correa (2007-2017). Sin embargo, la posición del actual gobierno no está clara en relación a las propuestas indígenas, pero tampoco son claros los aportes indígenas para la construcción del Estado Plurinacional, presentados en este encuentro.
En los días previos a su envestidura presidencial del 24 de mayo, Moreno anunció su deseo de acercarse a uno de los grupos sociales más representativos del país y el que había sido más golpeado por el gobierno de Correa: el movimiento indígena. “Con la CONAIE somos los mismos y debemos estar juntos”, dijo Moreno.

Dirigentes indígenas se mostraron recelosos en aceptar la invitación presidencial. “No podemos acudir a un diálogo mientras nuestros hermanos están presos o están siendo procesados”, afirmó a Noticias Aliadas Katy Betancourt, dirigente de la Mujer e integrante del Consejo de Gobierno de la CONAIE.

Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, puso como condición para iniciar cualquier conversación con el gobierno de Moreno, el indulto a los indígenas condenados durante el gobierno de Correa y la amnistía para todos los que fueron procesados y criminalizados por protestar y exigir sus derechos en este mismo periodo. Para formalizar su posición, la CONAIE organizó una comisión de unos 300 integrantes que llegó a la Asamblea Nacional para entregar un listado de 177 personas que buscan la amnistía; luego fue al Palacio de Gobierno y entregó los nombres de 20 personas susceptibles de indulto. A las listas se adjuntaron más de 8,000 firmas de respaldo de ciudadanos de todo el país.

En la Asamblea Nacional, el listado fue recibido por su nuevo presidente, el oficialista José Serrano, quien se mostró muy molesto y, en una intervención de 38 segundos, sólo dijo que se conformaría una comisión para analizar caso por caso. La Asamblea Nacional tiene la potestad de dar amnistía en casos que existan personas procesadas o condenadas por cualquier delito, pero relacionados con acciones políticas como la toma de rehenes o una muerte en el marco de una protesta social, por citar los más graves.

Por su parte, una comisión del gobierno nacional inició el análisis de los pedidos de indultos, que fueron concedidos en junio a cinco a líderes sociales que recientemente habían sido condenados a seis meses por los delitos de ataque y resistencia durante el paro indígena de agosto del 2015 contra el gobierno de Correa.
La CONAIE entonces decidió asistir, el 4 de julio, a un primer encuentro con Moreno y fue con una marcha de más de 2,000 personas que llegaron a la Plaza Grande, la que había sido vetada para ellos durante los últimos siete años. Una delegación de 60 dirigentes ingresó al palacio a dialogar con el presidente.

Al inicio de la reunión, Moreno anunció un nuevo indulto, esta vez el del dirigente shuar Tomás Jimpikit, quien en setiembre pasado había sido condenado a un año de prisión también por participar en el paro nacional en agosto de 2015, y además notificó su decisión de restituir el comodato de la casa de la CONAIE —otorgado durante el gobierno del expresidente Rodrigo Borja (1988-92) como un acto de reconocimiento a su existencia política y como resarcimiento del olvido en que el Estado ecuatoriano mantenía a los pueblos indígenas— que había sido terminado en diciembre del 2014 por el gobierno de Correa. La casa de la CONAIE fue defendida por los indígenas hasta que el exmandatario decidió dejar en suspenso su decisión de expulsarlos.

Moreno también notificó su decisión de devolver a la CONAIE la administración de la educación bilingüe y la creación de una universidad indígena, aun cuando no precisó las partidas presupuestarias que se habrían creado para cumplir este ofrecimiento.
Las propuestas indígenas La dirigencia indígena, algo sorprendida por los anuncios presidenciales, entregó su propuesta denominada “Plan urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional e Intercultural”, en el que se describen cinco puntos que deben ser considerados por el gobierno nacional:

1. Construcción del Estado Plurinacional: enfatiza la libertad de asociación, el reconocimiento de los gobiernos comunitarios, la autoridad territorial, la administración comunitaria del agua y el respeto a la justicia indígena. Exige además el cumplimiento de la Consulta previa y la prohibición de minería en fuentes de agua, áreas protegidas y zonas de alta biodiversidad.

2. Cambio del modelo económico: en general se pide la reformulación de las leyes de Agua, de Tierras, de Economía Popular y Solidaria, de Minería y de Semillas; un real cambio en la matriz productiva que permita el abandono del extractivismo.

3. Democracia y Derechos Humanos: se exige la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para desmotar la estructura judicial que criminaliza la protesta social, y el respeto al derecho a la comunicación, llevando a la praxis el lineamiento constitucional que establece que el 33,33% de las frecuencias de radio y televisión debe estar en poder de los indígenas.

4. Planificación y descentralización: planificación acorde la diversidad regional del país y donde se respete a los sistemas comunitarios de organización y que contenga una perspectiva plurinacional e intercultural.

5. Combatir la corrupción y la impunidad: impedir que la impunidad impere y se sancione a quienes hayan cometido actos de corrupción.

La propuesta indígena es demasiado general y también fue respondida por Moreno de manera genérica, sin que se articule ningún compromiso con cambios profundos. Todo lo propuesto será direccionado a mesas de dialogo con diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. Carlos Pérez, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), la más grande organización indígena en el interior de la CONAIE, se mostró escéptico frente a los resultados de la reunión sostenida con Moreno.

“Estamos dando una oportunidad al gobierno para que analice. Queremos los territorios, no despojo; queremos moratoria al extractivismo y ahí no hay negociación. Le veo bastante complejo el diálogo, es muy difícil, porque no nos vamos a contentar con caramelitos”, afirmó Pérez luego del diálogo sostenido con Moreno por más de tres horas.

Alianza PAIS en crisis 

A pesar de no haberse hecho concesiones significativas al movimiento indígena, la reunión provocó el rechazo de Correa, quien publicó en su cuenta de Twitter: “Entrega sede por 100 años a CONAIE, otro innecesario desaire a mi gobierno. Estrategia de ‘diferenciarse’ no sólo es desleal, es mediocre”.
La expresión de Correa muestra lo que está pasando dentro del movimiento oficialista, en donde se han detectado tres grupos en pugna para direccionar el nuevo gobierno. Por una parte, los seguidores de Correa desean mantener su modelo hiperpresidencialista y evitar cualquier cuestionamiento a él o a sus funcionarios, en especial a aquellos que están siendo salpicados por los escándalos de corrupción. Están dispuestos a frenar cualquier iniciativa de acercamiento de Moreno con otros sectores políticos, en especial con el movimiento indígena.

En contraposición están los denominados “leninistas”, que apoyan las iniciativas de Moreno y anuncian cambios de estilo, privilegiando el diálogo y recuperando la paz del país. En este grupo se encuentran incluso exmilitantes de Alianza PAIS que fueron expulsados por Correa y que ahora han vuelto al gobierno con cargos importantes, como el caso de Gustavo Larrea, fundador del movimiento oficialista que fue defenestrado por el exmandatario y que ha retornado como asesor presidencial.

Aparte se mantiene un buen grupo liderado por Serrano que, desde la presidencia de la Asamblea Nacional, se consolida como una tercera vía y mira de lejos el desarrollo de la confrontación Correa-Moreno. Serrano ha propuesto una ley de diálogo, pero direccionado desde la Asamblea Nacional y bajo su control, la que podría imponerse por sobre la propuesta de diálogo promulgada por Moreno.
 
En conclusión, los primeros 50 días del gobierno de Moreno han estado marcados por los llamados al diálogo, las denuncias de corrupción y las confrontaciones con Correa, que el 10 de julio abandonó el país para radicar en Bélgica, lugar de nacimiento de su esposa. No ha habido tiempo para esbozar las directrices económicas, o no se ha las ha querido esbozar debido a la complejidad de este escenario. Moreno sólo ha afirmado que “se podía haber sido un poquito más mesurado al momento de dejar cuentas en mejores condiciones”, durante la presentación de la “Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción” el 11de julio. Esta es la primera referencia de lo que le espera al país en materia económica.

Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7440#