La conflictividad minera en Bolivia (2010-2014)

Más allá de los temas puntuales, todos los autores coinciden en que las crónicas deficiencias institucionales del Estado contribuyen a generar conflictos en el sector minero.

La Razón (Edición Impresa) / Jimena Avejera Udaeta

00:02 / 26 de octubre de 2014

Si bien, en comparación con otros tipos de conflicto, los casos mineros no son los más numerosos (4 % del total, entre 2010 y 2014), su cantidad se ha ido incrementando en el tiempo. Además, presentan importantes niveles de violencia, no solo por la radicalidad de las medidas de presión, sino también porque en repetidas oportunidades se han producido enfrentamientos entre partes.

La Fundación UNIR Bolivia ha solicitado a profesionales de reconocida trayectoria el análisis de diferentes temas, intentando ofrecer un panorama plural y multidisciplinario sobre la situación actual de la minería y sus dinámicas de conflictividad. Estos aportes forman el libro La veta del conflicto. Ocho miradas sobre conflictividad minera en Bolivia (2010-2014), recién publicado. Participan en el texto: María Soledad Quiroga, Eliodoro Sandi, Alejandro Arze, Dionisio Garzón, Pablo Poveda, Carlos Arze y Emilio Madrid.

Coyuntura de altos precios internacionales de los minerales. Prácticamente todos los autores han apuntado este elemento como nuclear para entender lo que viene ocurriendo en el sector en términos económicos y políticos durante los últimos años. Se constituye en el principal motivo para llevar adelante emprendimientos de explotación minera y, por tanto, sería una de las principales causas del incremento de la cantidad e intensidad de conflictos mineros, particularmente los generados por el control de áreas de explotación, pero también de otros, como los vinculados con el impacto ambiental de la minería.

A pesar de la visible desaceleración que presentan, a criterio de algunos autores, los precios continuarán relativamente elevados, manteniéndose el impulso a la explotación y, por tanto, los conflictos.  No obstante, esto no quiere decir que cuando los precios caigan más se reducirán los conflictos. Por el contrario, los impactos que esto generará en los ingresos de los distintos subsectores y en el empleo, solo por mencionar las consecuencias más directas, fomentarán la emergencia de nuevos casos.

Asimismo, existe coincidencia en analizar por separado el comportamiento del oro y el de otros metales o minerales. El precio del primero, por su relevancia para las reservas internacionales, es altamente sensible y se mantiene elevado aun en épocas de crisis, lo que deriva en un mayor interés en su explotación; más todavía con las facilidades que parecen existir para hacerlo. Esto ha influido en el desarrollo de conflictos en yacimientos de oro, particularmente desde 2012.

VIOLENCIA. Pugna por áreas de explotación minera. La mayoría de los autores coincide en que éste es el motivo de conflicto más frecuente y más intenso en el período, lo que se puede corroborar a partir de los datos de la Fundación UNIR Bolivia. Entre las características de estos casos figura la violencia, dado que implican la ocupación física de los predios en disputa y la regularidad de su ocurrencia muestra que las causas de fondo que los promueven no están resueltas. Además de los elevados precios de los minerales en el mercado internacional, algunos de los autores señalan que la ampliación de los derechos territoriales de ciertos grupos y la facilidad de explotar artesanalmente los yacimientos, son también elementos a tener en cuenta en el análisis de las causas que dan lugar a estos conflictos.

Impacto ambiental y derechos de los pueblos indígenas. El impacto ambiental de la minería es otro eje de los conflictos; uno de los motivos frecuentes es la contaminación de fuentes de agua. Estos casos suelen reactivarse con regularidad, principalmente porque no se atienden las causas que los originan debido, entre otros factores, a la complejidad técnica y económica que esto implica. Aunque no son los únicos grupos perjudicados, los efectos negativos de la minería están generando movilizaciones sociales de pueblos indígenas.

Este último tema se aborda desde dos perspectivas. Por un lado, se analiza el derecho a la consulta previa como un detonador de conflictos, dado que implica la participación de actores diversos en la toma de decisiones y los procesos que esto conlleva no son siempre expeditos, y —al menos en discurso— legitima las acciones y demandas de los actores involucrados en los conflictos, respaldados en el derecho a la libre determinación sobre sus territorios y los recursos naturales. Por otro lado, se generan conflictos vinculados con el incumplimiento de tales derechos constitucionalmente establecidos (consulta previa, gestión territorial, derecho a un medio ambiente sano, defensa de su visión de desarrollo, participación en proyectos de distinta índole).

El rol del Estado: características estructurales y políticas actuales. Más allá de los temas puntuales mencionados, todos los autores coinciden en que las crónicas deficiencias institucionales del Estado contribuyen a generar conflictos en el sector minero. Esto abarca múltiples aspectos; por ejemplo, Carlos Arze se refiere a la (in)eficacia estatal en los diferentes niveles para la adecuada atención de la problemática laboral; Poveda habla de las dificultades en la fiscalización de la explotación de minerales, particularmente del oro; Madrid y A. Arze abordan las debilidades existentes para reparar daños ambientales acumulados de la minería y la prevención de futuros impactos negativos, además de los problemas en la gestión de los conflictos.

LEGISLACIÓN. Por otro lado, la mayoría de los autores se ha referido a las políticas (sub)sectoriales actuales, particularmente a la nueva Ley de Minería. Existe coincidencia en afirmar que prevalecen las medidas favorables para el cooperativismo, aunque la productividad de este subsector parece ser de todas maneras baja, lo que se explica en parte por su precariedad tecnológica. En cuanto al subsector estatal, se ha señalado que no existen medidas contundentes para expandir ni las inversiones ni la producción, ni para promover empleo masivo en este ámbito. Con relación al subsector privado, como ya se señaló, no existen acuerdos respecto a si las políticas estatales son o no favorables para los operadores.

Particularmente en lo que respecta a la nueva Ley de Minería, los diferentes autores han coincidido en señalar que su aplicación tendrá un rol decisivo en términos de conflictividad; se ha hecho referencia al carácter esencialmente regulatorio de la misma, con procedimientos susceptibles de generar malestares entre actores.

Por lo general, aunque diferentes autores destacan la importancia de la minería en la economía nacional, en un balance parecen también sustentar la necesidad de redirigir algunas de las políticas sectoriales y los impactos negativos que esta actividad está generando. Una reorientación profunda pasaría por transformar el modelo de desarrollo aún vigente en Bolivia, de matriz primario-exportadora. Ello implicaría, entre otros elementos, canalizar los recursos mineros hacia la generación de capacidades productivas y de gestión que permitan potenciar y hacer sostenibles los beneficios de la actividad en cuestión, más allá del ciclo limitado que implica la explotación de minerales. La atención de estos asuntos contribuiría a la transformación constructiva de los conflictos del sector, dado que ésta implica ocuparse de las causas de fondo que los originan.
 
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