El último domingo de septiembre de 2011 fue un día
aciago para los pueblos indígenas. Acatando órdenes superiores,
alrededor de 400 policías antimotines llegaron hasta Chaparina y
arremetieron contra los marchistas por el Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ejerciendo brutal violencia física,
psicológica y verbal. No tenían la orden de dispersar a los marchistas
sino golpearlos, maniatarlos, amordazarlos y arrastrarlos, uno por uno,
hasta los buses sin placas de control que esperaban en las cercanías.
Doscientos cuarenta indígenas fueron aprehendidos y retenidos dentro de
los buses por más de 12 horas, sin un rumbo conocido.
Fue un acto
flagrante de humillación y violación de los derechos humanos.
Días después, la marcha indígena resucitó y arribó triunfante a la sede
de gobierno. Cientos de miles de ciudadanos se volcaron a las calles
para expresar su apoyo y solidaridad. El respaldo popular fue decisivo
para doblegar la voluntad gubernamental de negar el derecho a la
consulta a los indígenas. Los marchistas no se fueron hasta que el
presidente Morales promulgó la Ley 180 de protección del TIPNIS y vetó
construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del
territorio indígena.
JUDICIALES. La represión de
Chaparina catapultó la reivindicación de los indígenas y puso contra la
pared a la administración de Morales. La lucha por el TIPNIS se
convirtió en un fenómeno viral y hasta hoy representa una de las
derrotas políticas más significativas del Gobierno actual. El efecto
electoral de la marcha quedó reflejado en las elecciones judiciales que
se realizaron tres días antes de la llegada de los indígenas a la ciudad
de La Paz. El voto nulo superó el 40% en la elección de los miembros
del Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la
Magistratura. Sumado a los votos blancos, la cifra bordeaba el 60% del
total de votos emitidos. Muchos de los votos nulos llevaban la
inscripción de “Todos somos TIPNIS”.
Bandera
arrebatada. El discurso indígena y ambientalista era la bandera de lucha
más importante del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero el movimiento
por el TIPNIS la arrebató con contundencia. Desde 2006, el MAS luchó por
hacer más sólida tanto la imagen de un presidente indígena como la de
un Gobierno también indígena. El Mandatario revolucionó la manera de
hacer política despreciando a los políticos tradicionales y, en su
lugar, reivindicando al indígena pobre, excluido y discriminado. Cambió
la manera de conectar el poder político con el pueblo, creó programas
sociales para los pobres, proclamó la conquista del Estado para la
mayoría excluida y, para que sea duradera, reescribió la Constitución
Política del Estado.
Pero cuando llegó el turno de
materializar los derechos indígenas y ambientales, el partido
oficialista titubeó entre la implementación del derecho a la consulta a
fin de subordinar los proyectos desarrollistas a los objetivos de
protección ambiental y la adopción del camino opuesto. El movimiento
indígena presionó y planteó demandas concretas. Exigió la aprobación de
una ley de consulta, compensación y mitigación del cambio climático,
asignación de más recursos del “Fondo indígena” y continuidad de la
titulación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Ninguno de estos
puntos fue atendido a pesar de la firma de varios acuerdos. Esto ha
sido así porque en realidad el materializar derechos indígenas conlleva
transferirles recursos económicos y poder de negociación. En la lógica
de poder eso no es permisible.
Aunque de inmediato
el Gobierno arremetió para recuperar su carácter de gobierno indígena,
la ruptura con los pueblos indígenas estaba sellada. La contramarcha de
una facción de indígenas del TIPNIS y campesinos de la zona colonizada
fue promovida por el Gobierno en un intento por descalificar la
reivindicación de los marchistas y anular la Ley 180. Sin embargo, estos
y otros intentos por volver a enarbolar la bandera indígena no pudieron
revertir la derrota gubernamental provocada por la represión policial
de Chaparina. Derrota neutralizada. Cuando casi todos asumían que el
conflicto por el TIPNIS afectaría políticamente al Gobierno y restaría
apoyo popular, el MAS comenzó a recobrar fuerzas y lo hizo cambiando la
fuente de su legitimidad política.
EXTRACTIVISMO. El
proyecto político de inspiración indígena —el “vivir bien”, los
derechos de la Madre Tierra y la descolonización— fue sustituido por un
modelo económico basado en el control estatal de la renta de las
actividades extractivistas. El sector hidrocarburífero constituye la
principal fuente de ingresos estatales. La recuperación de la minería
atenúa la pobreza de los sectores populares más afectados por el
neoliberalismo, mientras que la expansión de la frontera agrícola
restablece las viejas alianzas entre el Estado y grupos de poder
regional.
En otras palabras, si bien la
reivindicación del indígena empobrecido se constituyó en fuente de
legitimidad política en momentos de alta exclusión social y un Estado
sin fondos en sus arcas, hoy la situación luce muy distinta. Los logros
sociales y económicos —así sea a costa de la exportación siempre
indeseable de materias primas— allanaron el camino para que el MAS
traslade su fuente de legitimidad y poder electoral desde un proyecto
antidesarrollista, indigenista y ambientalista, en sus inicios, hacia un
programa de gobierno economicista.
Bandera
abandonada. A pocos días de las elecciones generales, ninguno de los
partidos políticos tiene interés por levantar la bandera indígena y
ambientalista. A diferencia de la última elección, el MAS no tiene
propuestas para la implementación de los derechos indígenas.
Aunque el
Partido Verde postula al líder indígena del TIPNIS, Fernando Vargas, y
plantea varios principios medioambientales, su propuesta no luce
consistente al no incluir, por ejemplo, el derecho a la consulta previa o
enmiendas a la Ley de Tierras para la protección de los territorios
indígenas. En contraposición, resulta llamativo que Unidad Demócrata
(UD) y el Movimiento Sin Miedo (MSM) incluyan algunas propuestas a favor
de los indígenas, aunque, por supuesto, no son parte central del modelo
de desarrollo que ofrecen. El Partido Demócrata Cristiano (PDC)
simplemente desconoce estas cuestiones.
Si hubiese
que esperar algún tipo de voto-rechazo por la represión de Chaparina, lo
más probable es que quedará oculto entre los votos nulos, más que
traducido en apoyo electoral. La ausencia de un proyecto político
alternativo al extractivismo también representa el cierre de un ciclo
para el movimiento indígena. Pero el declive de este modelo rentista
será inevitable porque no hace más que acelerar la propagación de las
múltiples crisis de carácter global. Probablemente, en ese nuevo ciclo,
la represión de los indígenas y el conflicto del TIPNIS recobrarán
sentido para generar procesos político-económicos más equilibrados, cada
vez menos dependientes de la renta de los recursos naturales y más
responsables en términos sociales y ambientales.
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