Los de abajo

 Gloria Muñoz Ramírez

 

El auto de formal prisión a Mario Luna Romero, secretario de la autoridad yaqui en Vícam, Sonora, y vocero del movimiento que defiende su agua y rechaza la construcción del acueducto Independencia, es un golpe al movimiento indígena nacional, al derecho internacional y la sociedad en su conjunto, pues se están violando todos los derechos constitucionales, tanto de Mario como de la tribu.

La amenaza para los pueblos indígenas es clara: si se lucha por defender el territorio de los intereses trasnacionales, el destino puede ser la cárcel, la desaparición o el asesinato. Nada que no hayan vivido ya estos pueblos, naciones y tribus, como siempre lo dijo don Juan Chávez Alonso, figura moral del Congreso Nacional Indígena (CNI) desde su fundación.

Y es justo el movimiento indígena independiente agrupado en el CNI el que decidirá de manera colectiva su respuesta no sólo al injusto encarcelamiento, sino el seguimiento y acompañamiento a la defensa del territorio yaqui, en concordancia con las palabras del vocero del movimiento, quien hizo un llamado a no caer en la estrategia del gobierno de desviar la lucha contra el acueducto Independencia por la de su libertad. Irán juntas, señala Carlos González, participante del CNI de la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco.

El mensaje, advierten integrantes de los pueblos indígenas de diversas partes del país, es para todos y cierra los caminos de la lucha jurídica, aunque –insisten desde Sonora– no caerán en provocaciones y continuarán con la movilización pacífica.

Indígenas curtidos en mil batallas como Juan Dionisio, comunero hñähñú de San Pedro Atlapulco, en el estado de México, donde la batalla es por la defensa de sus bosques, advierte que la detención de Mario Luna representa uno de los golpes más fuertes que se puede dar a nuestra resistencia y nuestra lucha por la tierra.

Desde el Centro de Readaptación Social número dos, de Hermosillo, Luna deja claro que su detención está relacionada con el clima político imperante en Sonora, por lo que su encarcelamiento es un linchamiento político de parte del gobernador Guillermo Padrés, con el fin de distraer la atención de los escándalos que enfrenta.

Por lo pronto, los ocho pueblos que forman la tribu han redoblado la resistencia contra el acueducto. Suman la exigencia de la libertad de su vocero, al tiempo que demandan la suspensión de la construcción de la megaobra y el desmantelamiento de lo ya construido (70 por ciento del total). Son cuatro años de lucha por defender las aguas que históricamente les pertenecen. Y no van a ceder.

 (Tomado de La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2014/09/20/opinion/020o1pol)