Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas
Comunicado de prensa
Por una solución dominicana al conflicto de la nacionalidad
Ante
la inminente visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) este Comité de Solidaridad con las Personas
Desnacionalizadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional
(TC), desea manifestar lo siguiente:
1.-
Damos cordial bienvenida a los comisionados, invitados por el Estado
dominicano, con la esperanza de que su presencia y los informes que
emitirán contribuyan a encontrar una solución al grave conflicto
originado por la política de despojo de la nacionalidad que desde el
2006 practica la Junta Central Electoral por simple vía administrativa.
Situación que se agrava y amplia por la sentencia 168-13 del Tribunal
Constitucional que deja sin nacionalidad a decenas de millares de
ciudadanos y ciudadanas dominicanas descendientes de extranjeros, en su
gran mayoría de haitianos.
La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son valiosos
organismos del sistema interamericano, constituidos en virtud de la
Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada debidamente por el
Estado Dominicano. Ambas son instancias que forman parte del bloque de
constitucionalidad dominicano en materia de derechos humanos, tan
legítimas como el TC.
De hecho, hace ya más de dos años que la CIDH está apoderada de
instancias de decenas de dominicanos
y dominicanas a quienes se les ha negado la emisión de copias de sus
actas de nacimiento, y ha celebrado audiencias sobre el particular. Está
en sus manos establecer si tienen los méritos necesarios para apoderar a
la Corte Interamericana.
2.- Esperamos que la presencia de la CIDH aliente a los diversos
actores gubernamentales y políticos a la búsqueda de una solución al
grave conflicto de los desnacionalizados, con la voluntad de “avanzar en
todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad
jurídica y el pleno goce y respeto de los
derechos de los descendientes de haitianos nacidos en la República
Dominicana”, como se comprometió el gobierno dominicano en el protocolo
de entendimiento que firmó con las autoridades de Haití gracias a la
mediación de Venezuela. El hecho de que se haya denunciado el protocolo
no invalida el reconocimiento.
3.- Este comité prefiere una solución dominicana al conflicto originado
por la JCE y la sentencia del TC, partiendo del planteamiento del
numeral 2 del Artículo 18 de la Constitución que reconoce la ciudadanía a
“quienes gocen de la
nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta
Constitución”, así como del Artículo 110 de la misma Constitución que
ratifica el principio jurídico de la no retroactividad de la ley: “En
ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar la seguridad
jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación
anterior”.
El presidente Danilo Medina formuló interrogantes sobre la justeza de
la sentencia y reconoció que debe buscarse solución a sus graves
implicaciones humanas. Y el expresidente Leonel
Fernández, presidente del partido gobernante, cuestionó su
retroactividad y sabemos que recientemente ha planteado posibles
alternativas. Ambos son los máximos líderes de la organización política
que controla las cámaras legislativas y tienen suficientes poderes para
tomar iniciativas eficaces para preservar los derechos humanos en
peligro. De igual manera, importantes líderes políticos, congresistas,
empresariales y de la sociedad civil, así como expertos
constitucionalistas han expresado sus preocupaciones y su disposición a
buscar una solución concertada en el marco del respeto de los derechos
humanos y el orden institucional.
4.- Es obvio que el enorme rechazo nacional e internacional a la
sentencia de desnacionalización ha creado una situación de graves
incertidumbres que ya empiezan a afectar la imagen del país, que a
nombre de la soberanía no puede ignorar sus compromisos internacionales,
ni de la sensibilidad universal en materia de derechos tan
fundamentales como el de la nacionalidad. Las autoridades están en el
deber de evitar mayores daños que pudieran derivarse de las denuncias a
que está sometido el Estado dominicano.
5.- La solución dominicana al conflicto evitará que los legítimos
reclamos de justicia de los afectados llegue a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, y a una muy probable condena al Estado, dada la
jurisprudencia sentada en su dictamen del 2005 sobre la instancia de las
niñas Yean y Bosico. Creemos que no habrá solución sin reconocer del
derecho de las decenas de miles de descendientes de extranjeros que
durante décadas fueron reconocidos como dominicanos.
6.- La superación de este conflicto que ha dividido profundamente a la
sociedad dominicana permitirá centrar la atención en la recién
presentada propuesta de “Plan Nacional de Regularización de Extranjeros
en Situación Migratoria Irregular”, discutido durante casi dos años.
Esta propuesta parece más realista y viable, y supera considerablemente
las dos versiones anteriores. La misma contempla las medidas
fundamentales para iniciar el control de la desproporcionada inmigración
haitiana. Saludamos este esfuerzo normativo que deberá proseguirse con
otros de carácter nacional y bilaterales, al tiempo que reclamamos que
no se le contamine pretendiendo ahora aplicarlo a nacionales
dominicanos, nacidos en el país, como ocurre en el Párrafo del Artículo 8
del Proyecto.
7.- Este Comité reitera que nació para promover encuentros y
soluciones, no para excluir, descalificar, insultar o estigmatizar. Su
esencia es la solidaridad con quienes sufren la desnacionalización. En
cumplimiento de esta misión estamos convocando un gran encuentro de
Abrazos Solidarios entre dominicanos y dominicanas, a efectuarse el
próximo jueves 5 de diciembre a las 6 de la tarde en el Aula Magna de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo.-
Santo Domingo
29 de Noviembre del 2013.- 
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